inicia sesión o regístrate.
Parece increíble pero los números hablan por sí solos. Impotencia para quienes toman conocimiento de las denuncias pero un dolor irremediable para quienes la sufren o la sufrieron alguna vez. En solo 8 días la Oficina de Violencia Familiar, dependiente del Poder Judicial de la Provincia, registró 676 denuncias por violencia intrafamiliar. Con este dato no sorprendería que la cantidad de denuncias de este tipo que se labren en todo enero de 2013 supere al mismo mes del pasado año, cuando se registraron alrededor de 1.300. “Durante las fiestas aumentan los casos de violencia intrafamiliar y el exceso de alcohol tiene mucho que ver. Del 26 al 28 de diciembre recibimos un promedio de 148 denuncias diarias”, explicó a El Tribuno la abogada María del Rosario Llimós, responsable y coordinadora de la Oficina de Violencia Familiar. “La mayoría de los casos se trataron de agresiones de hombres hacia mujeres: violencia de género”, manifestó Llimós.
El 80% de las denuncias fueron de este tipo, en tanto que el resto se refiere a abandono y maltrato a ancianos y discapacitados.
Capital e interior
La mayoría de los casos se registran en la capital provincial. No obstante, en el interior no son pocos los hechos de estas características. “Los departamentos de General Güemes y Rosario de Lerma son los dos lugares donde hay una cantidad importante de víctimas que ya hicieron las denuncias”, contó Cintia, una de las 12 asistentes sociales con las que cuenta la Oficina de Violencia Familiar. Tanto ella como sus colegas recorren el interior salteño y llegan a lugares inhóspitos para asistir a los damnificados.
Prevenir para mejorar
En la Oficina de Violencia Familiar no son pocos los esfuerzos que los profesionales realizan para darles curso a las denuncias que luego giran en menos de 24 horas a la Justicia. El cuerpo de especialistas que conforma la institución se amplió con respecto a años anteriores, y hoy ya cuenta con 12 asistentes sociales, 12 psicólogos, 12 abogados y médicos, que prestan asistencia a las víctimas que se acercan al organismo o que los profesionales visitan en sus hogares . “Les damos toda la contención que podemos a quienes se acercan. Es un trabajo muy delicado pero que lo hacemos con intensidad”, sostuvo Llimós. Cintia (asistente social) expresó que “cuando se forma la Oficina en 2010, pudimos avanzar con más eficiencia en lo que respecta a socorrer a la víctima. Hace pocos años había atrasos de 500 informes sobre distintas víctimas. Hoy, si hay un atraso, no supera los 5 informes”.
El trabajo que este organismo lleva adelante, en conexión con instituciones provinciales y municipales, aún requiere de uno de los impulsos fundamentales pero que debe partir del Ejecutivo, y es el que se refiere a la imperiosa necesidad de contar con políticas que ayuden a prevenir esta clase de violencia.
En el machismo y en los distintos patrones culturales y sociales arraigados en la sociedad salteña, donde se potencia la primacía del sexo masculino sobre el femenino, se encuentra uno de los motivos que conducen a la violencia familiar, si no el principal. Se trata de patrones tan difíciles de desarraigar que no solo impiden avances notables en la materia, sino que llegan a cobrarse la vida de mujeres. Por eso se insiste para que la ley provincial 7.403 sobre violencia familiar no se limite solo a la custodia policial para la mujer y a prohibirle al hombre que regrese a su hogar, sino que pueda profundizar más.
Además, se requiere con urgencia una casa refugio, donde la Oficina de Violencia Familiar pueda cobijar y albergar a las víctimas que se acercan. Este pedido no es nuevo, sino que lleva un tiempo más que considerable.
LA OPINIÓN
Natalia Buira, Defensora Oficial Civil Nº 4 “Falta de políticas públicas”
“La falta de políticas públicas en la violencia de género” Natalia Buira, Defensora Oficial Civil Nº 4 En Salta no existen políticas públicas activas para prevenir y erradicar la violencia de género; es así que no existen campañas estatales en los medios de comunicación para concientizar sobre la violencia contra las mujeres. Tampoco hay programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer ni centros de día para su recuperación, y menos albergues para las víctimas. Estas políticas públicas, previstas entre otras por la ley 26.485, no existen. Incluso, hay prácticas estatales y judiciales que tienden a preservar el statu quo genérico, como la revictimización de niñas y mujeres víctimas de delitos contra la integridad sexual por parte de la Policía, los Tribunales; incluso del Ministerio Fiscal encargado de la persecución de estos delitos; la falta de capacitación de operadores de la Justicia en esta materia; el sostenimiento de la violencia laboral contra las mujeres que obstaculiza su acceso al empleo. Un caso clave es el de la salteña que no puede ser chofer de colectivos, Mirtha Sisnero, que cuenta con sentencia desfavorable de la Corte de Justicia Provincial y que actualmente está apelado y lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación; o la conformación de la Corte de Justicia salteña integrada por 6 hombres y 1 mujer. Son solo algunas muestras. También lo son la falta de esclarecimiento de los casos de femicidios que hacen marchar a los familiares de las víctimas todos los viernes.