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Con la incorporación por lectura de los últimos testimonios, el rechazo de las nulidades planteadas por las defensas y la declaración de uno de los 18 imputados, el juicio por la megacausa de la UNSa por delitos de lesa humanidad avanzó a su etapa final. La audiencia reanudará el 15 del corriente con la declaración de otros procesados, entre ellas el único civil que está en el banquillo de los acusados. El debate de ayer en el Tribunal Oral Federal de Salta que se desarrolla en la Ciudad Judicial, comenzó con el planteo de los defensores Federico Petrina y Orfeo Maggio, quienes rechazaron la ampliación de imputación resuelta en la última jornada para los militares Fernando A. Chain, Marcelo Diego Gatto y Ricardo Benjamín de la Vega. Los nombrados llegaron al juicio procesados como partícipes secundarios por la desaparición de Víctor Brizzi, cuyos rastros se perdieron cuando cumplía con el servicio militar, en febrero de 1976. Luego del requerimiento realizado por el fiscal Ricardo Toranzos y el querellante David Leiva, el Tribunal resolvió ampliar la imputación para Chaín, Gatto y De la Vega como partícipes necesarios. Esto implica que sin la participación de los entonces jóvenes oficiales del Ejército la desaparición del conscripto no se pudo haber concretado. La cámara juzgadora rechazó la nulidad, en tanto la defensa hizo la reserva de recurrir en casación.
Luego se procedió a incorporar los testimonios de las personas fallecidas y las que no pudieron asistir a la audiencia por razones de salud. Entre ellos se destacó lo expresado en su momento por Brunilda Rojas, madre de Silvia Aramayo, la docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), secuestrada y desaparecido el 24 de septiembre de 1976. La profesora fue sacada de su domicilio en horas de la madrugada por un grupo de encapuchados, entre los que Rojas reconoció por la voz a Juan Manuel Ovalle, el único civil imputado en la causa. Ovalle mantenía un relación amorosa con Aramayo, por lo que concurría con frecuencia al domicilio. El testimonio de la mujer fue determinante para que el juez de Primera Instancia procesara a Ovalle, imputado junto a su medio hermano, el comisario Abel Vicente Murúa, quien murió el año pasado. En un careo Rojas le pidió a Ovalle que le dijera dónde están los restos mortales de Silvia. “Le quiero rezar antes de morirme”, clamó la anciana.
Los argumentos de Chaín
Fernando Chaín puso como excusa de que era un inocente oficial recién recibido del Ejército, que tenía 20 años, que no tenía poder de decisión y por lo tanto jamás pudo saber lo ocurrido con el solado Brizzi. Dijo que en esa época era instructor, pero nunca supo lo sucedido con el joven a quien el Ejército lo dio por desertor con el argumento de que había salido con permiso. “No lo recuerdo a Brizzi y supe de su existencia en el 2008 cuando fui citado a indagatoria por su desaparición”. Chaín sostuvo que nadie le comentó de la deserción de un conscripto, contrariamente a lo expresado por algunos exsoldados, quienes manifestaron que la desaparición de Brizzi era vox populi entre los jóvenes recientemente incorporados para cumplir con el servicio militar. El imputado se mantuvo en la postura de que nada sabía y lo propio hizo cuando le preguntaron si había visto detenidos en la unidad militar Salta.