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Mientras en la Argentina crece el debate por la lucha contra el narcotráfico, ayer se supo que en la vecina república de Bolivia el consumo lícito de las hojas de coca requiere de 14.705 hectáreas, lo que representa el 58% de lo que se cultiva en el país, según estudios presentados ayer por el Gobierno y cuya difusión había reclamado la Unión Europea (UE).
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó un conjunto de estudios en una conferencia de prensa tras haberlos hecho conocer el martes a la noche al presidente Evo Morales y a los sindicatos productores de coca del país en una reunión en el Palacio de Gobierno.
Según las investigaciones, el consumo de la planta en hogares, establecimientos económicos y el comercio fronterizo requiere de 14.705 hectáreas de cultivos para atender una demanda lícita de 20.690 toneladas por año.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó este año que Bolivia tenía 25.300 hectáreas de coca en 2012, con una producción de alrededor 45.000 toneladas anuales. Esa superficie en suelo boliviano equivale al 17,7% del área cultivada en los tres países andinos (Bolivia, Perú y Colombia), los mayores productores de coca y cocaína.
Aunque la producción de coca disminuyó en los últimos años y aumentó la confiscación de cocaína, el Gobierno afronta un creciente narcotráfico, según diversos estudios.
La ley de sustancias controladas de Bolivia solo permite 12.000 hectáreas para usos lícitos, principalmente para respetar el hábito de masticación de la planta (pijcheo o acullicu) practicado por los indígenas, campesinos, mineros y transportistas.
Según el estudio presentado por Romero, la población calculada de bolivianos que requiere coca para usos legales es de poco más de tres millones de personas. Es decir que tres de cada diez bolivianos le dan un uso tradicional y habitual lícito al arbusto: mastican hojas secas de coca, toman infusiones o la usan en medicinas caseras y prácticas culturales.
La UE entregó al Gobierno de Bolivia un aporte de 900.000 euros para la realización de ocho estudios que fueron concluidos en 2010, pero que nunca se difundieron, pese a los reclamos europeos.
El Gobierno argumentó que esos estudios debían ser complementados por otros cuatro para tener un panorama integral.
En este país hay cultivos legales para atender la tradición del “acullicu”, usos medicinales e industriales, pero también hay otros desviados a la fabricación de la cocaína.
El representante de la UE en Bolivia, Timothy Torlot, ha señalado ya que los estudios son “imprescindibles” para analizar las estrategias del Gobierno y de la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico en el territorio boliviano.
Pese a su condición de mandatario del país, Morales mantiene desde 1996 el cargo de presidente de la federación de cocaleros de la región del Chapare (centro del país), aunque varias veces ha explicado que en la actualidad se trata de una designación simbólica.
El mandatario impulsó una campaña internacional que no encontró apoyo para que las Naciones Unidas retiraran de la Convención sobre Estupefacientes de 1961 la prohibición de masticar coca. Tampoco avanzó en la industrialización de la planta.
Los cocaleros han pedido varias veces a Morales que el límite legal de las plantaciones de coca se incremente de 12.000 a 20.000 hectáreas, para lo que sería necesario una modificación de la ley de sustancias controladas.