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El gobernador Juan Manuel Urtubey sostuvo en estos días que no es tiempo de discutir la coparticipación porque este es un año electoral. De seguir el razonamiento, cabría suponer que mejorar la coparticipación es imposible en democracia.
El debate sobre la coparticipación federal de impuestos ha sido planteado como una puja política entre el gobernador bonaerense y la Casa Rosada. Es inexacto: se trata de un problema de todas las provincias y muy especialmente de Salta.
Los números hablan por sí solos.
El economista salteño Eduardo Antonelli fue claro el jueves pasado: “Cuando los gobernadores pateaban puertas y se reunían todas las semanas en el Consejo Federal de Inversiones para reclamar, las provincias recibían más de la mitad de los ingresos que recaudaba la Nación”.
Al presentar como imposible recuperar el dinero que se pierde por una coparticipación distorsionada, el Gobierno justifica tácitamente un aumento de impuestos que castigará a una ciudadanía que hoy ya tributa el 51 por ciento de lo que cobra.
El ministro Carlos Parodi anticipó hace unos días que este año habrá un impuestazo; no dio precisiones, pero la situación remonta obligadamente a los traumáticos aumentos ya producidos en los municipios de Salta capital y Cafayate, avalados por el gobernador Urtubey.
El argumento es idéntico: alícuotas y tasas que están congeladas desde una década atrás.
En enero pasado la AFIP recaudó en todo el país casi 66 mil millones de pesos de los cuales a las provincias llegaron, en concepto de coparticipación, apenas 15.949 millones, el 24,3 por ciento. En virtud de pactos fiscales, por una parte, y la distorsión en la distribución de algunos impuestos, como los del cheque, Ganancias o las retenciones a las exportaciones, en la Argentina ya no rige (en los hechos) la Ley de Coparticipación Federal de 1988, sino que desde hace tiempo los recursos se reparten con un grado de discrecionalidad que a Salta la perjudica.
Cada mes las provincias ceden a la Anses 1.800 millones de pesos, un salvavidas que le permite al organismo previsional encubrir un déficit mensual de 400 millones de pesos.
Ahora bien: ¿quién les brinda un salvavidas a municipios agobiados como General Mosconi y Colonia Santa Rosa, donde la producción cerealera produce fondos por retenciones suficientes como para que la gente viviera en la abundancia?
Si no es posible replantear la distribución de los impuestos, convendría al menos exigir que se eliminen las distorsiones producidas desde 1994 y que vuelva a tener plena vigencia la ley de 1988. Esto no es algo que deba decidirse en función de los calendarios electorales, como sostuvo el gobernador, sino de la necesidad y el derecho de los salteños.
Si no hay nueva coparticipación, hace falta voluntad política para reclamar lo que nos corresponde en lugar de diseñar un impuestazo.
Salta no está bien. Tiene la desocupación más alta del país, el mayor porcentaje de trabajo en negro y, en nuestro territorio, uno de cada dos empleados en blanco cobra sueldo en el Estado. El nivel salarial es casi un treinta por ciento más bajo que el promedio del país. El ingreso per cápita es un 28 por ciento inferior al promedio nacional. Es la cuarta provincia con menor tasa de cobertura de salud y solamente hay 200 mil empleados registrados, sobre una población económicamente activa de 550 mil personas.
Es imposible tapar el sol con las manos y es nefasto disfrazar con retórica política lo que es, en realidad, un problema profundo que debe resolverse con sentido federal y voluntad de desarrollo.
Es más fácil, aunque sea ilegítimo, aumentar los impuestos a los salteños que luchar por la coparticipación que es de Salta.