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El anuncio de “democratización” de la Justicia generó no solo algunas malas caras de algunos jueces, sino también reacciones dentro de la Iglesia católica. Ayer, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina (CNJP) no dudó en dar a conocer un documento en el que criticó con dureza la iniciativa de la Presidenta sino también que reclamó que se respete la democracia. Claramente los representantes de la Iglesia se opusieron a las reformas como la selección por medio del voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura.
“La elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura es un mecanismo que parece reñido con la norma constitucional y que en todo caso convertirá a un órgano que debe ser técnico y riguroso, en escenario de luchas partidarias”, enfatizó la Comisión.
En grupo y sin que ningún representante de la Comisión Epsicopal fuera la cara visible, los obispos informaron a través de un documento, que “la politización de los jueces es inadmisible y conspira contra la neutralidad que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibición vigente de afiliación partidaria”.
“Es imperativo evitar toda demagogia en el planteo de estas cuestiones y preservar lo que la Constitución manda en la materia”, enfatizaron.
La comisión que está integrada por laicos y que tiene como asesores al ex obispo de San Isidro monseñor Jorge Casaretto y el obispo auxiliar de Buenos Aires Joaquín Sucunza.
“La Argentina no ha elegido para sí misma cualquier forma de democracia: ha elegido la República”, advirtió, al tiempo que evaluó que “en la República los gobernantes están al servicio de la Ley, y no las leyes al servicio de los apetitos o deseos de quienes gobiernan; y la independencia de los jueces es la garantía para que eso se cumpla”.
El organismo encabezado por Eduardo Serantes evaluó que “argentinos debemos aprender a convivir en un clima de amistad social, donde el que piensa distinto no sea un enemigo a aniquilar, sino un compatriota con quien conversar, en la búsqueda del bien común, y no del todo o nada”.
El derecho de los necesitados
La comisión también advirtió que “una auténtica preocupación por el servicio de Justicia debe recordar que éste es una atribución y una obligación ante todo de las provincias”.
“Cualquier reforma que se intente, debe tener como norte el derecho de los más necesitados. En la Argentina, en general solamente los pobres van a la cárcel, y padecen allí la ausencia de condiciones mínimas de dignidad. La lentitud de los procesos judiciales, afecta en mayor medida a quienes no tienen tiempo ni recursos para aguardar su resultado”, subrayó. También evaluó que “después de treinta años de democracia, carece de sentido vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar”.
Proponen “transparencia” para todaslas instituciones
“La utilización del poder estatal o la amenaza de su uso para torcer la voluntad de los jueces a favor de los intereses del Gobierno merecen la mayor condena y no pueden ser nunca justificadas alegando supuestas o reales presiones pretendidamente simétricas ejercidas por privados”, agregó el documento de la Comisión Episcopal Argentina.
Si bien consideraron que “hay que saludar con beneplácito la idea de una mayor transparencia judicial” anunciada por la Presidenta, señaló que “sería deseable que esa política se extienda a todos los poderes y órganos del Estado, que se reactiven los organismos de control hoy paralizados y se implementen de modo efectivo los mecanismos de lucha contra la corrupción y de vigencia de la ética pública”. Sobre la anunciada creación de nuevas instancias judiciales señaló que “requiere una serena discusión teórica acerca de su conveniencia”. “Es lícito sospechar que lo realmente buscado no es agilizar los procesos, sino crear tribunales superiores a los existentes, con jueces íntegramente designados a gusto de las actuales mayorías, que puedan modificar la jurisprudencia en un sentido favorable a la autoridad política”, advirtieron.