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La Cámara Federal de Salta resolvió rechazar el pedido de excusación presentado por la jueza Mariela Giménez, quien había solicitado apartarse de la causa por la desaparición de María Cash al considerar que se encontraba afectada por una situación de “violencia moral”. De esta manera, el tribunal dispuso que la magistrada continúe al frente de la investigación, que se desarrolla desde hace 14 años.
En su resolución, los camaristas sostuvieron que los argumentos expuestos por la jueza no resultan suficientes para justificar su apartamiento del expediente. Además, indicaron que su intervención previa en el caso no compromete su imparcialidad ni afecta el desarrollo del proceso.
La magistrada había pedido inhibirse luego de que la Cámara revocara el sobreseimiento que ella misma había dictado en favor del camionero Héctor Romero. La decisión judicial también puso en contexto la extensión y complejidad del expediente: la causa permanece radicada desde hace 14 años en el Juzgado Federal N°2 de Salta, reúne 96 cuerpos y cerca de 20.000 fojas, y todavía tiene medidas de prueba pendientes.
En ese sentido, el tribunal advirtió que apartar a la jueza en esta etapa implicaría una demora significativa en el avance de la investigación, lo que afectaría tanto los derechos del imputado como los de la víctima, además del normal funcionamiento del sistema judicial. Este criterio, señalaron, se encuentra en línea con lo establecido por la Corte Suprema, que ha advertido que el apartamiento de un magistrado no debe generar retrasos injustificados ni derivar en una privación de justicia.
Giménez había fundamentado su pedido al señalar que la revisión realizada por la Cámara sobre su decisión anterior —cuando dispuso el sobreseimiento de Romero— provocó, a su entender, una ruptura en la imparcialidad del proceso. En ese contexto, afirmó que la instrucción ya estaba agotada y que las observaciones técnicas formuladas por el tribunal constituían una “afrenta”.
Según expresó la jueza en su presentación, esas circunstancias la colocaban “en una situación de violencia moral” que, por motivos de decoro y delicadeza, la llevaban a solicitar su apartamiento del caso.
Sin embargo, la Cámara Federal recordó que el criterio para aceptar excusaciones judiciales debe ser restrictivo, conforme lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En ese marco, precisó que solo pueden admitirse cuando existan motivos graves que demuestren de manera objetiva la imposibilidad de que el juez continúe actuando con imparcialidad.
El tribunal advirtió además que aceptar una excusación sin fundamentos sólidos podría transformarse en un mecanismo indebido para apartar a los jueces naturales de las causas, lo que afectaría el principio constitucional que garantiza que los procesos sean resueltos por el magistrado legalmente designado.
Uno de los puntos analizados por la Cámara fue la valoración de las pruebas y las recomendaciones formuladas al momento de revocar el sobreseimiento. En ese aspecto, el tribunal descartó que sugerir la profundización de determinadas medidas investigativas represente una presión o una descalificación hacia la jueza instructora.
Por el contrario, explicó que esas indicaciones forman parte de la función revisora del tribunal y que la magistrada conserva plena facultad para conducir la investigación, convocar nuevos peritos o incorporar pruebas adicionales si lo considera necesario.
También aclaró que la posibilidad de conformar una mesa técnica de trabajo —incluso con especialistas propuestos por las partes, como el querellante— apunta a corregir falencias detectadas en la etapa de instrucción y a fortalecer el proceso investigativo.
El 22 de diciembre pasado, la Cámara Federal había tomado una decisión clave en el expediente al revocar el sobreseimiento de Héctor Romero y ordenar que la investigación por la desaparición y presunto homicidio de María Cash continúe. El tribunal entendió que existen indicios suficientes que impiden desvincular al camionero del caso en esta etapa.
La resolución fue firmada por los jueces Santiago French, Ernesto Sola Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, quienes hicieron lugar a los recursos de apelación presentados por el fiscal general y el abogado querellante.
Ambos habían cuestionado la decisión dictada el 12 de mayo de 2025, que había sobreseído a Romero por el delito de homicidio agravado por alevosía. Según plantearon, en primera instancia se realizó un análisis parcial e incompleto de la prueba, por lo que consideraron que la desvinculación del camionero resultaba prematura y arbitraria.
En su fallo, la Cámara también tomó en cuenta la hipótesis planteada por la Fiscalía, particularmente en lo referido a la existencia de testimonios que habrían resultado falsos respecto del momento en que Romero habría dejado a María Cash. Esta línea de investigación, señalaron, aún requiere nuevas medidas probatorias para poder esclarecer lo ocurrido.