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Si no aceptó cambiar ni una coma en proyectos sumamente polémicos como la ley de ART, la ley antiterrorista o el acuerdo con Irán, ¿por qué el kirchnerismo permitió ahora realizar algunas modificaciones a la reforma judicial?
La respuesta podría dividirse básicamente en dos conceptos.
Por un lado, los cambios que se introdujeron no tocan el corazón de la iniciativa, que es aumentar sensiblemente la influencia del poder político sobre el judicial.
Y por el otro, el Gobierno buscó enviarle un mensaje de tolerancia a la Corte y a muchos de los manifestantes que el jueves pasado salieron masivamente a la calle a protestar contra la medida.
La Presidenta es absolutamente consciente de que el debate por la reforma judicial le está trayendo más costos políticos de los que esperaba inicialmente.
Todo empezó con un discurso de presunta “democratización” de la Justicia y de combate a las corporaciones, pero al conocerse los detalles de los proyectos se supo que los amparos de los ciudadanos quedarían a la deriva, que el Consejo de la Magistratura pasaría a ser un órgano más del Gobierno de turno y que las nuevas cámaras de Casación demorarían aún más los larguísimos juicios de los jubilados.
Frase electoral
La “democratización” de la Justicia, que no viene acompañada de una “democratización” para ingresar a trabajar al Estado, se fue transformando cada día más en una frase electoral vacía de contenido político. Rápidamente, la opinión pública empezó a percibir eso y a actuar en consecuencia.
Ante ese escenario -con carpa opositora, paro de los judiciales y abrazo al Congreso incluidos-, Cristina decidió ablandar un poco la postura oficialista y contentar, al menos parcialmente, al máximo tribunal de la Nación, que en definitiva tendrá la última palabra sobre la validez o no de estas leyes.
Cristina no quiere tropezar dos veces con la misma piedra y buscará evitar a toda costa que la reforma se transforme en otro frustrado 7-D en los Tribunales. Los rechazos contundentes de las asociaciones de jueces y abogados, y la reticencia de la Corte pueden actuar como un anticipo de lo que podría ocurrir con este paquete de leyes en la Justicia.
No es casual que el kirchnerismo se haya mostrado ayer tan respetuoso de una Corte a la que viene denostando duro y parejo casi todas las semanas desde que se profundizó el conflicto por la ley de medios.
¿Para qué pelearse con la Corte si los cambios que ella pide no hacen al fondo de la iniciativa? ¿Por qué no dar una señal de escucha ante la sociedad en medio de denuncias de tratamiento exprés? En ambos planteos, el oficialismo no dudó y actuó con un claro sentido pragmático de ver la política.
¿Alcanzará con esto para paliar la resistencia del Poder Judicial? Por supuesto que no, pero todo suma.