La batalla legal por la reforma judicial no tardó en llegar. Pese a que aún no es ley, el primer amparo colectivo contra dos leyes del proyecto de reforma judicial de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue presentado ayer en tribunales por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Se espera que esta sea la primera presentación entre decenas de otras, tal como ya lo adelantaron diversas entidades judiciales y partidos políticos opositores. La presentación intentará frenar la limitación de las cautelares y la creación de tres nuevas Cámaras de Casación.
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La batalla legal por la reforma judicial no tardó en llegar. Pese a que aún no es ley, el primer amparo colectivo contra dos leyes del proyecto de reforma judicial de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue presentado ayer en tribunales por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Se espera que esta sea la primera presentación entre decenas de otras, tal como ya lo adelantaron diversas entidades judiciales y partidos políticos opositores. La presentación intentará frenar la limitación de las cautelares y la creación de tres nuevas Cámaras de Casación.
Tras el escandaloso paso por la Cámara de Diputados, el oficialismo ya contaría con los votos necesarios para convertir en ley el proyecto impulsado por la propia Presidenta. Lo cierto es que ante el fuerte rechazo que tuvo la iniciativa, la disputa pasaría a otro plano: el campo legal.
Los argumentos del amparo
En un escrito de 50 páginas, el abogado denunció que los proyectos sancionados que limitan las medidas cautelares contra el Estado “afectan de forma directa derechos fundamentales y humanos, subjetivos y colectivos, patrimoniales y no patrimoniales, contemplados expresa o implícitamente en la regla de reconocimiento constitucional argentina”.
En cuanto a los nuevos tribunales creados como instancia previa a la Corte Suprema, el denunciante advirtió que la ley “establece que los recursos de casación e inconstitucionalidad proceden contra las medidas cautelares y que la concesión de ambos recursos, suspende la ejecución de la sentencia hasta tanto la Cámara de Casación respectiva dicte sentencia”.
Una avalancha de amparos
El amparo colectivo, que representa a todos los habitantes, permite que cualquier particular o cualquier asociación que se sienta afectada tome los mismos argumentos de la presentación de Gil Domínguez y los presente en cualquier tribunal del país.
Hace algunas semanas Gil Domínguez había propuesto que abogados, ONG e instituciones ligadas al derecho de todo el país lleven a cabo “una avalancha de medidas de amparo y acciones declarativas de inconstitucionalidad en todos los Juzgados federales. Si hay una ola de amparos y queda un juez valiente en el país, la reforma se tiene que frenar”, había dicho.
En este marco es que se espera que este sea el primer amparo de otros tantos, tal como algunas asociaciones y partidos políticos ya adelantaron. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación ya redactan las presentaciones judiciales que realizarán contra la reforma, aunque anticiparon que lo harán una vez que las normas estén promulgadas. Mientras el jefe del radicalismo, Mario Barletta ya adelantó su presentación judicial.
La UCR prepara su propia batalla legal
Se viene otro amparo, entre tantos. El presidente de la UCR a nivel nacional, Mario Barletta, anunció que su partido presentará el 9 de mayo un recurso de amparo contra la reforma judicial que votó el Congreso, específicamente a los cambios en el Consejo de la Magistratura y el régimen para elegir los electores.
“La reforma judicial es una necesidad del Gobierno para obtener impunidad”, dijo el dirigente del partido centenario, y pronosticó que la Justicia la va a declarar inconstitucional.
“Lo que quieren es una Justicia compuesta por muchos Oyarbides”, enfatizó irónico, Mario Barletta.
En tanto, el miembro de la Auditoría General, Leandro Despouy, aceptó que es necesaria una reforma que haga más equitativa y rápida la Justicia, pero descartó que ese sea el fin y el efecto que vayan a tener los proyectos del Gobierno nacional.
Lo cierto es que ante la imposibilidad de dar una batalla de igual a igual en las Cámaras Baja y Alta, el radicalismo buscará por otra vía la disputa.