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Orán fue una de las ciudades más progresistas y prósperas de la Argentina, alentó un ambicioso proyecto agroindustrial y, a pesar de sus actuales dificultades, que comparte con toda el área de nuestra frontera, sigue siendo una de las áreas con más potencial de desarrollo en la región.
Esta condición estratégica queda habitualmente eclipsada por los hechos de inseguridad que generan las patotas, cada vez más agresivas y marginales, el narcotráfico y el clima general de ilegalidad.
En estos días, tres hechos extremadamente violentos ocurridos allí conmovieron la agenda pública, aunque no por eso se avizoran soluciones. El feroz enfrentamiento entre gendarmes y presuntos narcotraficantes, ocurrido el martes, la detención de siete policías por supuestas torturas a dos jóvenes a quienes sus vecinos sindican como patoteros, y la grave denuncia contra una guardería estatal son tres casos de enorme gravedad que deben ser asumidos con responsabilidad en toda su dimensión.
Orán, como todo el norte argentino, es un territorio postergado. La falta de trabajo y de desarrollo rural se traducen en asentamientos precarios que proliferan en forma inorgánica y al margen de cualquier orden legal. Allí se muestran dramáticamente fenómenos sociales preocupantes como la pobreza y el desempleo, pero agravados por tratarse de una zona de frontera donde el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, que son las distintas formas de actividades ilegales íntimamente vinculadas, generalmente con los mismos protagonistas.
El enfrentamiento de gendarmes y supuestos bagalleros es en realidad un capítulo más en la lucha contra el narcotráfico. Es poco lo que se hace en esta materia si se tiene en cuenta que la producción y el tráfico de cocaína se trasladaron desde Colombia hacia el centro oeste latinoamericano. En esta ocasión los gendarmes respondían a un operativo dispuesto por la Dirección de Aduanas, dirigido contra traficantes que actúan bajo la apariencia de inocentes tours de compras. Pero el narcotráfico, sin duda, es un desafío que desborda a los organismos tributarios y requiere una estrategia mucho más amplia y compleja. Las familias del departamento de Orán, especialmente en los barrios más humildes, denuncian sistemáticamente que el mayor problema que amenaza a sus hijos es el consumo de paco, con su secuela de marginalización y violencia.
Esta realidad es la que se refleja en el caso de los policías detenidos. La jueza Norma Vera los investiga por haber golpeado a dos menores que se encontraban bebiendo en la vía pública y que habrían sido perseguidos y detenidos en sus hogares. Los vecinos de los jóvenes aseguran que son personas peligrosas y no solo reclaman la liberación de los agentes, sino que además “escracharon” el domicilio de la magistrada.
El ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, no justificó a los policías detenidos, pero reconoció que los uniformados se desempeñan en “situación límite”. Pero esa situación límite la padecen los habitantes de una ciudad donde los problemas sociales vienen agudizándose y donde se hace demasiado imprecisa la frontera de la legalidad. Evidentemente, se trata de cuestiones que exceden ampliamente el margen de acción de las fuerzas de seguridad.
El caso de la guardería, dependiente nada menos que de la ministra de Derechos Humanos, María Pace, muestra hasta qué punto el Estado provincial está ausente. Una nena de dos años, según denuncia su madre, habría sido castigada por dos encargadas de la guardería que no encontraron nada mejor que sumergirle la cabeza en un balde con agua. Incluso la presencia de ese balde en la salita fue tema importante en la indagatoria judicial. Se trataría, al parecer, de una práctica sistemática. Es sorprendente que en una dependencia del área de los Derechos Humanos se aplique un castigo que se parece demasiado a la tortura conocida como “el submarino”, uno de los símbolos del terrorismo de Estado.
Claramente, las necesidades de Orán requieren de una decisión política muy fuerte de parte del Estado, adoptada con el pensamiento puesto en las personas y en el futuro, y no en el mezquino plazo de una elección. El potencial de Orán, tanto económico como humano, merece el esfuerzo. Hoy la región no encuentra un horizonte alentador, pero con seriedad y eficiencia, el Estado puede apuntalar su recuperación.