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El daño económico se estima por ahora entre 2.200 y 3.300 millones de pesos. Según Prograno, se perdieron en Salta 1,5 millones de toneladas de soja, 600 mil toneladas de maíz y entre 70 mil y 100 mil toneladas de poroto.
El perjuicio social potencial generado por semejante desastre es difícilmente cuantificable. Por lo pronto, ya son numerosas las empresas salteñas que se vieron obligadas a suspender contratos y a despedir a gran parte de su personal de planta.
Esta sequía, que ya se prolonga por dos años, deja al desnudo la importancia de la actividad agropecuaria como generadora de empleo y desarrollo. Una actividad que exige inversiones de riesgo.
El campo salteño padece un tiempo de “vacas flacas”, en los que la inclemencia del clima agrava los serios problemas de desempleo y pobreza de nuestra región.
La agricultura y la ganadería no son actividades extractivas de materia prima sin valor agregado. Tanto el cereal, la legumbre y la oleaginosa, como la producción de carne o de leche alcanzan niveles de excelencia porque hay en ellas inversiones tecnológicas en genética, tratamiento de suelos, pasturas y sistemas de riego o bebida.
El campo no responde al modelo de economía extractiva y no debería ser concebido como mera fuente de divisas y financiamiento para actividades deficitarias en otras áreas de la economía.
El campo es sinónimo de trabajo y es una fuente extraordinaria de generación de empleo.
Para nuestra provincia es nefasta la visión que, por error o por oportunismo, ignora el valor multiplicador del campo; uno de los peores frutos de esa mirada distorsionada es el “ordenamiento territorial”, que paraliza el desarrollo social.
La disminución de las lluvias promedio en el territorio provincial no tiene antecedentes en treinta años, pero en la zona norte, en San Martín y en Rivadavia, donde el desarrollo rural es menor y donde es decisiva la influencia de cada finca en el empleo y en la vida cotidiana de la gente, la situación es aún más grave.
Los registros de precipitaciones de los últimos setenta y ocho años muestran que en la banda norte del río Bermejo, en el período de diciembre a abril, el promedio de lluvias fue de 703 milímetros. La peor de las campañas había sido la de 1947/48, con 258 milímetros. Este año cayeron 213 milímetros.
En esta zona, miles de hectáreas de poroto están definitivamente perdidas. Cada hectárea de legumbre moviliza unos cuarenta camiones por campaña, y demanda una cantidad apreciable de mano de obra.
Para los cultivos de soja y maíz de la provincia se espera una pérdida de entre el 30 y el 70 por ciento. En Anta, de las 350.000 hectáreas sembradas con soja se perdieron 210.000, y en maíz, de 80.000 hectáreas se perdieron 48.000.
Pero la sequía no solo disminuye el área sembrada, sino que deteriora el rendimiento de las tierras en producción. Los rindes en soja rondan hoy entre los 400 y los 700 kilos por hectárea, cuando el promedio histórico es de entre 2.500 y 2.700 kilos. En el caso del maíz se estiman rendimientos de entre 2.000 y 2.500 kilos, menos de la mitad del promedio histórico de entre 5.000 y 6.000 kilos por hectárea.
Nadie maneja el clima, pero la actual sequía muestra sin piedad las fragilidades de nuestra región, sin ferrocarriles y sin sistemas de riego, que padece la falta de agua a pesar de estar atravesada por tres enormes ríos. La inversión en infraestructura es la herramienta del desarrollo, porque transforma a las regiones y mejora la vida de la gente.
Salta, con niveles de pobreza y de desempleo que son récord a nivel nacional, no podrá salir adelante sin el campo. Anunciar medidas de emergencia puede aportar soluciones de coyuntura y aplausos para algún gobernante, pero lo que hace falta es una fuerte valoración de la actividad productiva, concebida con criterios modernos y acorde con las exigencias del mundo contemporáneo; una actividad que no solo genera divisas, sino también, y fundamentalmente, trabajo y calidad de vida.