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Hoy la ley de Emergencia Económica vuelve a ser cuestionada, especialmente cuando el Gobierno pide prorrogar leyes económicas como la ley del impuesto al cheque, la ley que grava la venta de cigarrillos, el capital de cooperativas y el monotributo, consideradas claves para continuar con su gestión hasta el 2015.
Para el Gobierno es importante que este paquete de leyes que ya fueron enviadas al Congreso sean aprobadas junto al presupuesto 2014 antes de las elecciones, ahora que tiene quórum propio. Es que sabe -de acuerdo a la proyección de las PASO- que después de diciembre tendrá que negociar con la oposición.
Solamente con el impuesto al cheque se espera recaudar durante el 2014 más de $ 60.000 millones. Recordemos que el 85% de lo percibido va para la Nación y solo el 15% restante se distribuye entre las provincias.
La mayoría de los legisladores de la oposición considera que el impuesto al cheque debería ser eliminado, seguido por la ganancia mínima presunta, una parte del impuesto a las ganancias, retención a las exportaciones y modificar el IVA, normas que serán temas de discusión durante los próximos años.
Ley de emergencia económica
Cuando se discute la prórroga de impuestos, especialmente los que fueron considerados de emergencia o por una única vez, y necesitan que continúen vigentes por un año más, la oposición nuevamente vuelve a solicitar la derogación de la ley de emergencia económica.
También a esta norma se la conoce como ley de superpoderes, porque otorga al Poder Ejecutivo la facultad de realizar los cambios que considere necesarios en el Presupuesto Nacional sin necesidad de tener autorización previa del Congreso. Esas atribuciones que le corresponden constitucionalmente al Poder Legislativo, le fueron transferidas por esta ley al Jefe de Gabinete.
La ley de superpoderes fue sancionada en diciembre del 2001, en plena crisis, durante la gestión de Fernando de la Rúa. Tenía el carácter de excepcional y fue prorrogada anualmente hasta que, en el 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner, fue aprobada en forma permanente.
Son muchas las voces de la oposición que afirman que la ley de emergencia económica no tiene razón de ser, especialmente en esta época que el Gobierno afirma que esta fue “una década ganada”.
Reasignación del gasto
La ley de emergencia económica faculta al Poder Ejecutivo a reasignar y ampliar los recursos para gastarlos en forma discrecional.
Según cálculos realizados en base a datos aportados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y el Ministerio de Economía de la Nación, la reasignación de recursos de los últimos presupuestos nacionales se mantuvo en valores cercanos al 1%.
En cambio, las ampliaciones realizadas al presupuesto representan un porcentaje superior que van del 2,5 % al 15 %. Las mismas fueron hechas para ejecutar gastos no contemplados en los presupuestos, como el caso de los aumentos salariales, de jubilaciones y pensiones. Además se utilizaron para garantizar la continuidad de los planes de inversiones y de las políticas de subsidios.
Pero los mayores aumentos de gastos en los presupuestos que realizó el Ejecutivo los hizo a través de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Estos si son significativos, ya que fueron del 50% al 89% de los incrementos de gastos que se llevaron a cabo.
Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 99 inciso 3, explica que se debe utilizar ese recurso (DNU) “cuando se hiciera imposible seguir con el tratamiento normal para la sanción de leyes”, entendiendo nuestra ley suprema que los incrementos de recursos que amplíen el presupuesto no siempre es necesario que se hagan con el carácter de emergencia o de urgencia.
Esta es una oportunidad para derogar la ley de emergencia económica para evitar que la asignación de nuevos recursos y la disposición discrecional de gastos la deje de hacer el Poder Ejecutivo, ya sea a través de esta ley o mediante los tan mentados decretos de necesidad y urgencia (DNU).
La derogación de los “superpoderes” y la eliminación de los DNU como una forma de asignar recursos y gastos no significa que el Ejecutivo pierda la gobernabilidad. Esta debe ser entendida como el ejercicio del poder dentro de los límites establecidos en la Constitución Nacional; no es tan difícil.
Si es que se aprueban estas leyes económicas, que estimo así será porque el oficialismo actualmente tiene mayoría para hacerlo, solo nos queda preguntarle a nuestros legisladores que votaron a favor que nos expliquen porqué dieron mayores herramientas al Poder Ejecutivo Nacional para disponer libremente de fondos y realizar gastos en forma discrecional en lugar de discutirlo en el Congreso. Se debe exigir una decisión que le de calidad institucional al tratamiento del destino de una parte importante del gasto público.