Casi 3 millones de personas viven en villas miserias en un país desigual

Al menos 2,7 millones de personas viven en la Argentina en casas muy precarias en asentamientos sin energía eléctrica, agua potable ni cloacas, invisibles ante los ojos del Estado durante los últimos cuarenta años.
Hay 1.834 asentamientos en el 70% del territorio nacional, en ellos viven 532.000 familias de cinco integrantes en promedio, según el relevamiento de Techo, una ONG sin fines de lucro con presencia en toda América Latina.
Un informe que la agencia Noticias Argentinas difundió ayer consigna que casas de chapa de cartón, toldos, barro o material sin terminaciones mínimas configuran islas en el corazón o la periferia de las ciudades más populosas; a cinco minutos del Obelisco, en Cuyo, el norte y el sur, las villas de emergencia no han parado de crecer en los últimos cuarenta años.
Allí la posibilidad de mejorar la vivienda para que no llueva sobre las almohadas es relegada ante la necesidad de comer y vestir; no existe planificación ni infraestructura urbana: el Estado casi no está presente y en la mayoría de los casos falta organización de los vecinos para alzar la voz.
Las tomas de tierras chocan con el derecho a la propiedad privada en un devenir histórico que no supo o no pudo o no quiso generar oportunidades para todos: los padres se acuestan pensando que sus hijos pueden no tener dónde vivir mañana porque no cuentan con seguridad dominial.
Las familias rechazan el asistencialismo, buscan oportunidades en una sociedad que muchas veces las discrimina, las empuja al aislamiento y las saquea con inflación y desigualdad; viven hacinadas y empobrecidas, a lo largo y ancho del país.
Solo el 4% de los créditos del sistema financiero son hipotecarios y la oferta demanda requisitos imposibles, impone tasas impagables (ajustada por inflación) en una economía con el 40% del empleo no registrado y en la que la teoría del derrame se impone cada diez años.
El Estado llegó hace unos años con algunas urbanizaciones como ocurrió con la Villa Palito, en La Matanza, y planes distributivos como la asignación universal por hijo y Progresar, que ayuda a un millón de jóvenes de entre los 18 y 24 años que no trabajan o lo hacen informalmente para que puedan sostener sus estudios.
Pero el acceso al mercado laboral con salarios que superen la canasta básica es dificultoso, mientras la economía se sigue concentrando y no se observan cambios estructurales que permitan superar definitivamente esta terrible situación, que aflige sobre todo a los más jóvenes.
Techo y los jóvenes
A esas villas de emergencia que se tornaron permanentes llegan todos los días los voluntarios de Techo, que ya construyeron 11.000 viviendas de emergencia, entregaron 1.600 microcréditos y lograron que unos 2.916 vecinos se gradúen en oficios.
Techo releva los asentamientos cada dos años, actualiza su información y la pone a disposición de los gobiernos locales y provinciales; ahora está trabajando en 108 villas y desde que llegó al país, en 2007, movilizó unos 108.000 voluntarios.
Esta ONG y sus voluntarios -la mayoría jóvenes de entre 16 y 30 años- colaboran para organizar a las familias, en pos de mejorar su calidad de vida en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Misiones, Chaco, Corrientes, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Tucumán. Arquitectos, médicos, docentes, asistentes sociales, ingenieros, algunos pocos rentados y otros miles ad honorem no llevan soluciones estándar: interactúan con los pobladores, los escuchan, se ponen a disposición, ofrecen herramientas y trabajan en conjunto. Se mueven con una concepción: las ciudades no son una mera acumulación de edificios, sino las personas interactuando entre sí y creando oportunidades.
No se trata solo de una casa más digna sino de la generación de un hábitat que comprenda al individuo como un ciudadano con derechos y posibilidad de acceso.