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Desde el 5 de diciembre de 2016, el Ejecutivo provincial tiene sin resolver la terna que le elevó el Consejo de la Magistratura de Salta con los nombres de los tres abogados que aspiran a ocupar la sexta fiscalía penal del distrito judicial de Orán.
La nómina, que integran María Sofía Fuentes, Daniel Alejandro Escalante y Ariel Alejandro Ovejero, desató cuestionamientos en el departamento norteño, donde la Justicia se muestra, como en otras jurisdicciones, colonizada por el poder político.
Tras más de seis meses sin definición es casi una obviedad que la controvertida terna también chocó con recelos en el Grand Bourg, donde la definición del concurso abierto en septiembre de 2016 parece una brasa que quema. En las tres instancias evaluativas (antecedentes, examen escrito y entrevista), Fuentes obtuvo 58,75 puntos, Escalante logró 57,82 y Ovejero alcanzó 55,73 puntos.
Aunque en Orán más de uno asegura que ninguno de los ternados es distante al poder político, uno de ellos, Ovejero, despertó los rechazos más virulentos. "No reúne los requisitos éticos morales para desempeñar el cargo. La Justicia de Orán no merece tener como fiscal a alguien que abusó de la función publica y se burla de las leyes", afirmó Héctor Américo Cáceres, en una presentación que realizó ante la ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Caletti, el pasado 2 de junio.
En ese escrito, Cáceres reseñó todas las denuncias que se acumularon contra el exfuncionario de Lara Gros que, desde diciembre de 2014, preside la Asociación Oranense de Veteranos de Fútbol.
Una de los casos más escandalosos se remonta a mayo de 2013, cuando Ovejero, siendo gerente de Tierra y Hábitat de la Municipalidad de Orán, recibió una vivienda social junto a otros funcionarios de Lara Gros. "Justamente él, que se niega a regularizar la situación en los asentamientos y ejecuta la política de castigo contra familias sin techo, aparece beneficiado con una vivienda social", cuestionó entonces el concejal Juan Carlos Sanguino.
En la nota que elevó a Caletti, Cáceres también recordó que Ovejero representó a la Intendencia de Orán en la Comisión de Corsos de 2014, denunciada por los ediles Patricía Hucena y Eduardo Giménez. Esa es una de las causas que siguen en proceso de investigación contra el exfuncionario municipal.
A comienzos de 2015, tras asumir como titular de la Asociación Oranense de Veteranos de Fútbol, Ovejero solicitó al área municipal que él mismo dirigía la cesión de tres hectáreas que tenía en comodato el Club Argentino en El Cedral. El titular de la entidad civil perjudicada, Enrique Marcinkevicius, denunció al entonces gerente de Tierra y Hábitat por "abusar de su cargo con una insólita maniobra".
En la nota que ingresó al despacho de Caletti el pasado 2 de junio, Cáceres también expuso las denuncias presentadas contra Ovejero, por administración fraudulenta de fondos de la Asociación Oranense de Veteranos de Fútbol. Por esas presentaciones, "Catita", como se lo conoce popularmente a Cáceres, termino proscripto de las canchas. Y no fue el único socio censurado y perseguido por denunciar presuntas malversaciones en perjuicio de esa entidad civil y de los organismos tributarios de la Nación y la Provincia. El 10 de mayo, Ovejero fue denunciado por fraude impositivos ante la AFIP y la Dirección General de Rentas (DGR).
"Se necesitan fiscales probos, íntegros, sin antecedentes ni causas abiertas", remarcó Cáceres,
Fútbol, fraudes y política
Ariel Ovejero también fue denunciado por Neri Bordón, titular del órgano fiscalizador de la Asociación Oranense de Veteranos de Fútbol, por administración fraudulenta de fondos en perjuicio de esa institución civil y deportiva.
El mandato de Ovejero caducó a fines de 2016, y recién en las últimas semanas su conducción avanzó con un impugnado proceso de renovación de autoridades. “Incumplieron las normas de publicación e incurrieron en toda clase de irregularidades para impedir participación democrática de los asociados”, denunció Bordón.
Héctor Cáceres, por su parte, responsabilizó a la Dirección General de Personas Jurídicas, por “favorecer el fraude electivo con su inacción ante las impugnaciones interpuestas”.
Con más de 5.000 asociados, la Asociación Oranense de Veteranos de Fútbol es la tentación de muchos políticos.