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Dentro de una semana, los argentinos votaremos en elecciones primarias, en el 18§ proceso electoral desde el regreso de la democracia.
Ahora, como nunca, es válida la pregunta: ¿Sabe cada uno qué se elige en esos comicios?
Pocas veces se ha registrado una confusión como la de estos días, porque muy pocos tienen claro qué se va a elegir y, mucho menos, quiénes son las personas que se proponen como candidatos. Los spots de campaña, las imágenes a través de facebook, twitter o instagram, la cartelería que cubre las calles no hacen más que aturdir al ciudadano, privado de conocer cuál es la mirada de cada candidato sobre la realidad y cómo imagina el futuro. El domingo se eligen candidatos a legisladores de todos los niveles: diputados nacionales, senadores provinciales de doce departamentos, treinta diputados provinciales y concejales de los sesenta municipios. De las urnas, en octubre, surgirán los representantes del pueblo, es decir, aquellos que deberán debatir y sancionar leyes que mejoren la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos.
Aquí cabe preguntarse: luego de 18 experiencias electorales, ¿estamos mejor?. La respuesta no es alentadora. Es esencial la opción por la democracia, porque es el único sistema que ha permitido el pleno desarrollo humano. Pero los indicadores económicos, sociales, laborales y educativos muestran signos inequívocos de decadencia. Y la calidad institucional de los poderes del Estado no ha alcanzado ni remotamente los niveles que requiere el sistema democrático y republicano.
¿Elegimos mal?
La respuesta a este interrogante no es simple. Si el balance de la realidad es negativo, es innegable que es difícil reconstruir la democracia luego de 53 años de autoritarismo. El equilibrio entre las urgencias y los proyectos a largo plazo es una materia pendiente. Para el ciudadano común, además, el actual sistema electoral y el funcionamiento del sistema político no le simplifican la tarea del elegir. En estas elecciones primarias abiertas y obligatorias compiten más de 13.300 precandidatos en la provincia. Equivalen al 1% de la población de Salta. En su inmensa mayoría son desconocidos. Casi todos repiten muletillas para halagar los sentimientos de la gente. Incluso, muchos hablan contra la política y los políticos en general, como si ellos no lo fueran. Los discursos se diferencian poco: prometen más y mejor educación, pero sin describir en detalle la nueva escuela que debería plasmarse en sus proyectos de leyes. Hablan de la pobreza, se entusiasman en prometer reivindicaciones y reconocer derechos elementales, como el trabajo y la vivienda, pero ninguno analiza la cuadruplicación de la pobreza en cuatro décadas en un país rico que retrocede frente a los vecinos menos favorecidos por la geografía. No se escucha un análisis autocrítico. Todos los problemas parecen atribuibles a problemas abstractos o enemigo externos.
Es decir, hay promesas pero no soluciones. El desconcierto de estos días tiene que ver con el deterioro institucional. Es imprescindible renovar el compromiso con la democracia representativa y mejorar los instrumentos para ejercerla. Las Paso suponen un gasto descomunal de dinero, que podría aplicarse a mejorar la calidad de vida de la gente, y que en cambio, no servirá para nada. Se las creó para compensar la desaparición de los partidos, pero hoy resultan en una parodia de democracia. No se puede exigir responsabilidad ciudadana al elector si el sistema político actúa en forma irresponsable. Mucho menos, cuando los mismos que crearon el sistema, ahora lo eluden.
Este año votaremos dos veces. En 2015 fueron cinco. Ya se escuchan opiniones fuertes para eliminar las Paso. Algunos proponen hacerlas no obligatorias. Lo más conveniente sería revitalizar los partidos y definir candidatos a través de internas transparentes. La democracia representativa deja la decisión en manos del ciudadano. Por eso, es responsabilidad de funcionarios y dirigentes que los electores lleguen a la mesa de votación con ideas claras. Esto no ocurre. Es hora, entonces, de revisar el régimen electoral, mejorar la vida política y, sobre todo, de reconstruir la vida institucional para que el sistema comience a funcionar de acuerdo con lo que exigen la democracia y la república.