El juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, rechazó el requerimiento de vecinos que pedían embargar a Agrotécnica Fueguina por un monto millonario mensual en una causa por contaminación. Sin embargo, no se resolvió la cuestión de fondo y el juez le requirió a la empresa que presente informes ambientales.
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El juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, rechazó el requerimiento de vecinos que pedían embargar a Agrotécnica Fueguina por un monto millonario mensual en una causa por contaminación. Sin embargo, no se resolvió la cuestión de fondo y el juez le requirió a la empresa que presente informes ambientales.
Si bien se rechazó la cautelar, el proceso legal del amparo continúa. Los vecinos que iniciaron la demanda no apelarán a la Corte de Salta, según el abogado que los representa, porque no tienen garantías suficientes de un fallo favorable.
La causa judicial se inició porque un grupo de vecinos de barrio Justicia y del asentamiento Virgen de Urkupiña demandaron el año pasado a la empresa encargada de la recolección, barrido y limpieza de la ciudad, por supuesta contaminación del medio ambiente y daños a la salud.
Los demandantes viven cerca del vertedero San Javier, donde se deposita la basura de la ciudad, y plantean que la mala gestión de los residuos los perjudica. En este marco, pidieron a través de una cautelar que se embargara a Agrotécnica por un 20% de lo que percibe en concepto de "disposición final".
El juez consideró que el pedido no tenía los fundamentos necesarios. Aseguró que se hizo el requerimiento "sin dar ningún argumento que justifique su tratamiento diferenciado, ni demostrar en modo alguno que ella resultase instrumental a la protección del bien jurídico ambiente". Agregó que "al no contar con el sustento que se requiere para su procedencia, corresponde también desestimarla".
Luis Segovia, abogado defensor de los vecinos, justificó el pedido en la necesidad de asegurar un resarcimiento en caso de que se demostrara que la empresa contamina. "La cautelar se pide porque, si se le quitara la licitación a la empresa, las consecuencias del daño que haga van a recaer en la Municipalidad, no se puede embargar los camiones ni clausurar los rellenos sanitarios porque son servicios públicos. Era la única opción, que no tenía que ver con el costo operativo de la empresa, sino con su ganancia, porque ellos ganan el 40% de los 42 millones de pesos mensuales que reciben por el servicio", señaló a El Tribuno.
Los vecinos demandaron también a la Municipalidad por la contaminación. Para el letrado que defiende al municipio en la causa, Sebastián Aguirre, el juez no hizo lugar a la cautelar por lo que él señala como "confusión".
"No se pueden mezclar cuestiones patrimoniales con cuestiones ambientales, ellos querían que se use como un fondo para los vecinos que dicen ser dañados", argumentó.
"El juez ordenará los controles; si se detectara que hay contaminación, hay otras acciones de condenas ambientales que pueden ser económicas o no, pero se mezclaron cosas", añadió.
Lo que sigue
Ante el rechazo de la medida cautelar, el movimiento judicial siguiente que podrían dar los vecinos sería apelar la decisión del juez Domínguez, sin embargo no lo harán. "Podríamos apelar ante la Corte de Justicia de Salta, pero no lo creemos viable porque en temas ambientales no tiene buenos antecedentes, no creemos que sea una instancia que sea favorable para nosotros", señaló el letrado y consideró que los jueces del alto tribunal "siempre han sido muy conservadores en materia de derecho ambiental".
Marcelo Domínguez, paralelamente a no dar lugar al millonario embargo, le requirió a la empresa una serie de informes de líquidos lixiviados, ingreso y egreso de camiones, aguas superficiales y subterráneas, personal diario, fumigación, origen y proveedores de residuos.
Situación del río Arenales
Un brazo del río Arenales pasa cerca del vertedero San Javier y los vecinos sostienen en la demanda que el afluente está contaminado.
Desde la Municipalidad conocen la complicada situación del río y aseguran que se debe a causales diversas.
“No se puede negar que hay contaminación del río Arenales, todo indica que la contaminación es aguas arriba y aguas abajo, con los afluentes del Valle de Lerma. Pero hay una sola forma de acreditar el daño ambiental, hay que traer un especialista, esa es la prueba más importante, a todos nos interesa”, dijo Sebastián Aguirre, abogado defensor de la Municipalidad de Salta.
Para el abogado de los vecinos, Luis Segovia, no quedan dudas. “El río está contaminado por otros responsables aparte del vertedero, en ese punto no hay ninguna duda; la mala gestión del San Javier es un solo un aspecto. Eso se constata con un informe del CIF que le presentamos al juez”, indicó Segovia.
La situación del río Arenales ya había generado un recurso de amparo iniciado por vecinos que pedían un saneamiento ambiental y obras para prevenir inundaciones.
Impacto ambiental
El juez Marcelo Domínguez, además de requerir informes, dio diez días a la empresa para que presente el estado del trámite de evaluación de impacto ambiental y la contratación del seguro ambiental.
El magistrado de esta forma busca corroborar la vigencia de estos documentos.
El fallo del juez
“La cautelar en cuestión intenta que se ordene con carácter precaucional el dictado de todos los actos necesarios para poner en funcionamiento el Módulo IV del Vertedero San Javier, cuestión que además de encontrarse incluida en la pretensión de fondo, implica a esta altura del proceso y con las prueba acompañadas, un adelanto de jurisdicción, esto es no resultar razonable máxime cuando se trata de un servicio público Indispensable”, fundamentó el juez Marcelo Domínguez su resolución.
El magistrado agregó que el embargo fue solicitado en la demanda “sin dar ningún argumento que justifique su tratamiento diferenciado a la cautelar innovativa solicitada con anterioridad, ni demostrar en modo alguno que ella resultase instrumental a la protección del bien jurídico ambiente”.