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El país atraviesa momentos de incertidumbre. El tarifazo en los servicios, la inflación y la estampida del dólar, combinados, pueden tener efectos insostenibles para las economías familiares.
Si bien las medidas de emergencia lograron frenar la estampida del dólar, la solución es transitoria. La crisis de estos días tendrá efectos inevitables en el costo de la vida.
La suba de las tasas de interés de referencia, elevadas al 40%, repercutirá en el crédito y el descubierto bancario que necesitan las empresas.
La inflación, más allá de que el Gobierno haya ratificado su meta del 15%, sigue su marcha.
Esta crisis no es un episodio coyuntural. Desde diciembre de 2015 a la fecha el dólar aumentó en relación con el peso un 228%. Y solo desde diciembre, un 30%.
El déficit fiscal es el ancla más poderosa para el despegue de la economía argentina desde hace décadas. Nuestro país no inspira confianza en los mercados internacionales.
En estos diez días de descontrol, medios influyentes a nivel mundial, como Forbes, Financial Times, Bloomberg, The Economist y El País, advirtieron sobre una crisis del “gradualismo” aplicado por el gobierno de Mauricio Macri y especularon con que “para los inversores llegó la hora de retirarse de la Argentina”.
Hay datos que activan las alarmas. La sanción del impuesto a la renta, el 28 de diciembre, celebrada como una victoria, produjo una corrida de titulares de Letras del Banco Central (Lebac) a la compra de dólares.
Desde que arrancó marzo, el Banco Central se desprendió de más de 8.000 millones de dólares de reservas para mantener el valor del peso. En tanto, la renta financiera aportó apenas 4.000 millones de pesos.
Por otra parte, en las actuales condiciones, es imposible corregir el déficit fiscal. Y con déficit, es decir, sin superávit, las inversiones públicas son una utopía.
En esa categoría empieza a percibirse el Plan Belgrano. De hecho, en el departamento San Martín, donde en el verano de 2016 la ministra Patricia Bullrich sostuvo que “no vamos a poder frenar el narcotráfico si se mantienen estos niveles de desempleo”, la demora con las obras del Ramal C15 genera en estos días un alarmante clima de protesta e inestabilidad social.
Debe entenderse que la caída de los indicadores de optimismo solo se empezará a revertir cuando la economía de cada hogar sienta alivio y cuando se perciba en los funcionarios un compromiso efectivo y eficaz en la estrategia para la transformación del país.
La sensación de anarquía que transmiten los funcionarios de las diversas áreas hace suponer que no hay lineamientos claros.
A las decisiones contradictorias se suma la falta de una estrategia comunicacional. No basta con administrar redes sociales para brindar credibilidad a las decisiones.
Los ministros que tardíamente salieron a ratificar metas y programas, el de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Finanzas, Luis Caputo, hablaron como amigos, se llamaron por los sobrenombres y no dejaron la sensación de estar abordando un grave problema de Estado. Parece que les costara diferenciar lo público de lo privado.
La ciudadanía, en general, no entiende hacia dónde va el Gobierno. El manejo de estilo gerencial, encarnado por el jefe de Gabinete Marcos Peña y sus colaboradores directos, Quintana y Lopetegui, muestra flaquezas que derivan del deplazamiento, fuera del área de las grandes decisiones, de los funcionarios con más experiencia política. La retirada del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, es un síntoma de la desvalorización de ese imprescindible perfil político en el seno del gobierno de Macri.
No estamos en una crisis terminal, pero hay problemas que ya no deben prolongarse sin solución. Esa mencionada combinación de tarifazo, la inflación y la estampida del dólar, afectan a todos, desde el desocupado o el subocupado, hasta quien está endeudado en cuotas o el empresario, que necesita estabilidad y financiamiento.
Los argentinos lo sabemos por experiencia: cuando un gobierno deja crecer los problemas, estos terminan desbordándolo y el costo lo paga la ciudadanía,