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El fallo de la Cámara Federal sobre el asesinato del fiscal Alberto Nisman vuelve a ponernos frente uno de los episodios más sombríos de la historia de nuestro país.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia confirmaron el fallo de primera instancia de Julián Ercolini, el primer juez que dio por probado el homicidio, y vincularon el caso con la denuncia de corrupción que cuatro días antes de su muerte había formulado la víctima contra el acuerdo celebrado por el Gobierno nacional para evitar la extradición de los funcionarios iraníes acusados por el atentado contra la AMIA, en 1994.
El asesinato de Nisman se produjo el 18 de enero de 2015, en una torre de Puerto Madero, y a pesar de que el fiscal era en ese momento una de las personas con mayor custodia del país. El lunes 20, Nisman iba a presentarse en la Cámara de Diputados para explicar su denuncia, que había conmocionado a la opinión pública y alteraba por completo los ánimos del oficialismo.
El episodio, de fuerte connotación política, desnudó la fragilidad de las instituciones argentinas para abordar situaciones de semejante gravedad. Los jueces no mencionan a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ni a ninguno de los sospechosos señalados por Nisman. Sin embargo ordenan investigar a todos los funcionarios eventualmente involucrados en ese pacto de impunidad, que solo aprobaron los legisladores kirchneristas y que fue rápidamente declarado inconstitucional por la Justicia.
Hoy solo están implicados el propietario del arma homicida, Diego Lagomarsino, y los miembros de la custodia. Los camaristas requieren, entre otras medidas, que se profundice la investigación de las llamadas entre el piquetero Luis D' Elía y el activista de Quebracho, Fernando Esteche; ambos, mencionados por Nisman en su denuncia y con explícita adhesión a la teocracia iraní. También apuntan a las llamadas entre el exdirector de Operaciones de la Side, Antonio Stiuso y el exjefe del Ejército, César Milani, entre otros.
El fallo no hace lugar al pedido del abogado Pablo Lanusse, patrocinante de la familia de la víctima, para que la causa sea caratulada de "magnicidio". No obstante, puede llegar a producir consecuencias de dimensión histórica. Por su importancia, es esencial que todos, incluso los medios de comunicación, eviten politizar el caso o simplificar las respuestas.
La muerte de Nisman es un hecho que se suma a una historia violenta, aún no saldada, iniciada con los atentados contra la embajada israelí en Buenos Aires, en 1992, y contra la mutual judía Amia, que precipitaron al país en un conflicto ajeno.
El acuerdo denunciado por el fiscal asesinado trasladaba la sede del juicio fuera de la Argentina y permitía al Estado iraní, sindicado como responsable de los atentados antisemitas, una intervención contraria a Derecho y atentatoria contra la soberanía argentina. El fiscal Nisman exigía investigar no solo la corrupción pecuniaria que podría existir en el acuerdo, sino también los verdaderos motivos políticos del Gobierno para celebrar semejante pacto de impunidad. Acostumbrados a las reyertas domésticas, no debemos bajo ningún concepto ignorar la profundidad del tema, no solo el homicidio del fiscal, sino también la impunidad de que hoy gozan los autores de los atentados de 1992 y 1994.
En esos episodios, la Argentina quedó en la línea de fuego del terrorismo internacional. En el caso de la Amia, fueron identificados el conductor suicida y varios funcionarios iraníes como partícipes del atentado, pero los únicos que están cerca de una condena son el ex presidente Carlos Menem, el juez y otros funcionarios, acusados de encubrimiento. Ante el nuevo fallo en el caso Nisman, derivado directo de aquellos crímenes, cabe señalar que tanto la denuncia de corrupción como el mismo homicidio dieron muestras de sospechosa negligencia de parte de quienes lo investigaron.
Los atentados antisemitas, el acuerdo con Irán y el asesinato de Nisman son sucesos de relieve internacional que ponen en juego la seguridad jurídica y el respeto hacia nuestras instituciones. La investigación, juzgamiento y condena de los culpables va más allá de las ideologías y los partidismos. El asesinato del fiscal y los ataques terroristas no deben quedar impunes.