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El escándalo provocado por la aparición de los cuadernos que, como una bitácora, contienen la información registrada por un chofer sobre inconfesables viajes con bolsas de dinero, involucra en una sórdida trama de corrupción a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, al ministro Julio De Vido y a gran número de empresarios poderosos.
Es imprescindible que la Justicia investigue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y con objetividad republicana, lo que estos escritos revelan, y que fiscales y jueces actúen de acuerdo a Derecho.
Lo que hoy se conoce es el dato de una docena de detenidos, en su mayoría empresarios, y la historia del chofer Víctor Centeno que registró cada una de esas maniobras en los cuadernos. ¿Por qué lo hizo? Solo él lo sabe. Pudo ser por orden de algún jefe, por seguridad propia o pensando en sacar rédito de su secreto. Lo cierto es que sería ingenuo suponer que se trata de una maniobra fraguada para distraer la atención pública o perjudicar a la expresidenta.
Sobre el valor probatorio de las copias de los cuadernos manuscritos deberán expedirse los peritos, ya que los originales fueron destruidos, según declaró el propio Centeno.
Lo que ya se sabe, que es poco y superficial para el gran público, es consistente con ilícitos ya probados, que incluyen los bolsos del ex secretario de Obras Públicas, José López; el dinero de origen espurio en La Rosadita; millones de dólares desviados a favor del seudo empresario Lázaro Báez, el escándalo de corrupción que mancha la historia de las Madres de Plaza de Mayo y, especialmente, los 500 millones de dólares que recibió la provincia de Santa Cruz tras la privatización de YPF y de los cuales Néstor Kirchner jamás rindió cuentas.
“El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” sentenció el estadista británico John Acton, que despojó su afirmación de ideologías y partidismos. La Justicia argentina, hoy desacreditada, deberá ofrecernos una prueba edificante de responsabilidad y apego a la ley. Cada paso que vaya dando deberá estar totalmente libre de sospecha.
La investigación judicial ya requirió las declaraciones indagatorias de la Cristina Fernández de Kirchner y de Julio De Vido, el exjuez Norberto Oyarbide, los exfuncionarios Oscar Parrilli y Juan Manuel Abal Medina y el expresidente de la Unión Industrial Argentina, Juan Lascurain, a los que se suman las detenciones del principal colaborador de De Vido y figura central del escándalo, Roberto Baratta, del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner y más de una docena de empresarios y exfuncionarios de primer nivel. Entre los involucrados figuran el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, e incluso de menciona al padre del mandatario, Franco Macri.
La corrupción, como enseñó Lord Acton, traspasa cualquier encuadramiento, porque es el reflejo de una ambición desmesurada de poder, sin límites éticos. Es inadmisible, ya sea como fuente de enriquecimiento ilícito o como una forma ilegal de financiamiento de la política clientelista que permite pagar los servicios del punteros y operadores. Una práctica que termina desviando recursos que deberían estar destinados a mejorar la vida de la gente, frena el desarrollo e incrementa la pobreza. Pero también sería un acto de corrupción si alguien, en el gobierno o en la Justicia pretendiera manipular la investigación o la información tratando de obtener algún rédito político de este acontecimiento bochornoso. Lo mismo vale para legisladores y dirigentes afines a la ex presidenta que pretendan desacreditar la investigación judicial sin pruebas y por mero oportunismo.
Los problemas más lacerantes de nuestro país son la pobreza, el desempleo y la violencia criminal. Esto denota la inseguridad y desconfianza en el orden jurídico. Los tres poderes del Estado deben contribuir siempre, y no solo cuando un escándalo estalla, a eliminar la corrupción y a garantizar la seriedad de la justicia, que son la clave para la construcción del desarrollo humano de la Argentina y de todas las naciones.