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La provincia de Salta está dividida territorialmente en 23 departamentos, y dispone actualmente de un total de 60 municipios, de 1ra., 2da. y 3ra. categorías. Los mismos son asistidos por respectivos consejos deliberantes y una burocrática provisión adicional de empleados de planta y temporarios. Iniciado el siglo XXI, se hace indispensable para el Poder Legislativo considerar que dada la población total actual de 1.333.365 habitantes, y su distribución en los territorios de cada departamento, sería conveniente que por ley se reformara el número de municipios, regionalizándolos por sus conglomerados humanos, recursos naturales, vías de comunicación y desarrollo socioeconómico. Dicha fusión, sustituiría municipios menores por delegaciones municipales en cada departamento. Consecuentemente, se abolirían el excesivo número de municipios y de consejos deliberantes, sustituyéndolos por equipos técnicos y administrativos, con muy moderada dotación de personal de adecuada capacitación y elegidos democráticamente. Ello redundaría en una mejora substancial de servicios a la comunidad así como de mejor eficiencia presupuestaria. Dentro de los necesarios cambios previsionales que se deberían analizar en la Provincia legislativamente, debería quedar suprimido asimismo el régimen provisional actual para intendentes y concejales. Esta realidad proyectaría que en la Provincia deberían constituirse no más de quince o veinte municipios distribuidos regionalmente y dotados de delegaciones reducidas y efectivas actuantes como conexiones naturales de los gobiernos centrales locales. Para la Intendencia de la Capital de Salta, debido al enorme, preocupante y descontrolado crecimiento poblacional producido, que ya sobrepasa el 50% de la población total de la Provincia, sería necesario formular con urgencia un proyecto de desarrollo poblacional para la misma, como política de Estado. Con extensión al resto del territorio provincial, especialmente para las zonas despobladas y fronterizas, con promoción de inversiones agroindustriales, mineras, energéticas de origen fósil (petróleo-gas) y ecológico (solar- eólico), y un reordenamiento del manejo y conservación de los recursos hídricos y respectivos ecosistemas. Se torna indispensable proveer una jerarquización de los gobiernos municipales en el proyecto referido, dada la imprescindible demanda de funcionarios más competentes para mejorar la administración de la hacienda pública. El proyecto en cuestión necesariamente sería modificatorio de la actual Constitución Provincial, en sus artículos 171 (régimen municipal), 175 (categoría de municipios), 172 (delimitación de territorios municipales), 180 (concejales), y 181 (intendentes). Los antecedentes internacionales actuales nos indican que la Provincia dispone de un excesivo número de municipios para una extremadamente limitada población total, distribuida con heterogeneidad geográfica manifiesta. Al respecto, en Alemania, los municipios administran programas autorizados por el Gobierno Federal o Estatal destinados a sus comunidades en salud, educación, asistencia social e infraestructura, con regulación legal de fondos coparticipables, impuestos y tasas. En el siglo XIX comenzaron fusiones de municipios con reformas acentuadas del territorio, acrecentándose luego de la Segunda Guerra Mundial, destinadas a la modernización económico-administrativa de los gobiernos locales. Además, el país exige para las funciones municipales idoneidad elevada para cargos de Intendentes y demás funcionarios, con títulos universitarios. Salta debería emular en lo posible dichos modelos para mejor manejo de sus remanidos déficits presupuestarios y excesivas dotaciones de personal en su administración municipal, contribuyendo a la optimización de la política tributaria y fiscal, en beneficio del tan necesario desarrollo económico y mejoramiento de nivel de vida de sus comunidades.