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La causa por las graves irregularidades en el hogar “Casita Feliz”, que funcionaba en barrio Tres Cerritos, volvió a sacudir al sistema de protección de menores en Salta. Tras el juicio que en marzo y abril pasados condenó a seis trabajadoras, la Fiscalía decidió ampliar la acusación contra tres nuevas empleadas del dispositivo, quienes quedaron ahora imputadas por incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Pública Provincial.
La medida fue adoptada por el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, luego de analizar los testimonios, pruebas documentales y registros fílmicos que surgieron durante el debate oral. En base a esos elementos, sostuvo que las nuevas acusadas -entre ellas una psicóloga- habrían participado, consentido o al menos tolerado el violento mecanismo disciplinario aplicado a los niños y adolescentes: introducirlos vestidos bajo una ducha de agua fría como castigo por lo que las operadoras consideraban “mal comportamiento”.
Un juicio que abrió nuevas líneas de investigación
El proceso judicial celebrado ante la Sala I del Tribunal de Juicio había sentado en el banquillo a nueve mujeres, incluida la coordinadora del hogar. El 16 de abril, el juez Leonardo Feans dictó condena contra la responsable del dispositivo y cinco operadoras, mientras que absolvió a otras tres por el beneficio de la duda. Sin embargo, durante las audiencias se revelaron más indicios que derivaron en la actual ampliación de la investigación.
El fiscal Ramos Ossorio destacó que todas las trabajadoras conocían lo que ocurría dentro del hogar. Según sostuvo, esa práctica disciplinaria era un secreto a voces: el video estaba disponible, los chats eran de acceso libre y las denuncias coincidieron tanto en las entrevistas de los niños alojados como en los informes de psicólogos, asistentes sociales y personal del CIF que tomó declaración en circuito cerrado.
Violencia psicológica y quebranto del deber de protección
Aunque no se constataron lesiones físicas en los menores, la Fiscalía consideró probado que existió violencia psicológica y moral contra los chicos. “Las acusadas comprometieron la seguridad general del dispositivo, contrariando los mecanismos de cuidado y respeto hacia los niños y adolescentes”, sostiene el decreto de imputación.
El documento remarca que las operadoras tenían la obligación de garantizar la seguridad y bienestar bio-psico-social de los alojados, de escuchar sus necesidades, de promover la resolución pacífica de conflictos y de informar cualquier cambio en su estado emocional o físico. En cambio, optaron por avalar -con su acción u omisión- un sistema de castigos humillantes que vulneró los derechos de los menores.
Un caso que golpea al sistema de protección
La investigación en torno al hogar “Casita Feliz” se transformó en un símbolo de las falencias del sistema de cuidado estatal en Salta. La nueva imputación marca un paso más en el esclarecimiento de responsabilidades y deja en claro que la causa no concluyó con el juicio inicial: la lupa judicial seguirá puesta sobre quienes tuvieron a cargo el resguardo de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.