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El abanico de damnificados por los créditos Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) se extiende por todo el país y los hipotecados por ese sistema crearon una red nacional de autoconvocados bajo la consigna "vivienda sí, negocio no". Es que lo que para unas 160 mil familias comenzó como una oportunidad para acceder a la primera vivienda o mejorar sus casas se transformó para la mayoría de los adjudicatarios del programa bancario en una condena de interminable incertidumbre.
Ese colectivo se puso nuevamente en alerta luego de que la nueva gestión del Gobierno nacional decidió extender hasta febrero el congelamiento del valor de los créditos hipotecarios que se calculan con UVA y se ajustan por inflación. Las cuotas de los préstamos no se actualizan desde mediados de agosto pasado y fue uno de los manotazos que el entonces presidente Mauricio Macri lanzó para intentar revertir el resultado de las elecciones primarias.
Los hipotecados con UVA reclaman ser convocados a una mesa de diálogo con la Nación para formar parte de las decisiones que se puedan tomar para reestructurar el sistema crediticio que los tiene acorralados.
A ese pedido se sumaron unas mil familias salteñas que accedieron a sus viviendas con el plan Procrear o con otros planes de crédito UVA.
Cintia Ferreyra es una de las voceras de los autoconvocados de Salta y su caso sirve para ejemplificar el fondo del reclamo.
Hace dos años accedió a un dúplex de 75 metros cuadrados y dos habitaciones que se construyó en El Huaico bajo el plan Procrear. Empezó con una cuota mensual de $8.300 por esa vivienda del barrio capitalino de la zona norte y desde agosto pasado (cuando se congelaron los precios) paga cerca de $18.000, lo que representa un incremento del 116%.
"Sin el congelamiento ahora tendría que estar abonando alrededor de $21.000", explicó a El Tribuno Ferreyra.
"Que se haya extendido por un mes el congelamiento de las cuotas es solo una medida paliativa, lo que nosotros necesitamos son medidas de fondo, que se ponga fin a la indexación por UVA y que no siga aumentando el capital de nuestras viviendas", dijo la mujer.
El crédito inicial para su vivienda fue de $1.500.000 y ese capital (su deuda) ahora está actualizado a $3.200.000, según señaló.
Con Procrear, en la provincia hubo tres desarrollos urbanísticos en la capital (en los barrios Grand Bourg, El Huaico y Talavera) y uno en Tartagal, en los que se construyeron unas 450 viviendas. También hubo quienes sacaron créditos UVA para comprar su primera vivienda, para construir una o para ampliar sus casas. En total son unas mil familias en la provincia, según las estimaciones de los hipotecados locales.
Afuera del congelamiento
De acuerdo a la red nacional de hipotecados UVA, unas 70 mil familias se quedaron afuera del congelamiento de las cuotas del crédito hipotecario. Es que la medida, que es una continuidad de lo que otorgó Macri, alcanza los que obtuvieron un crédito de hasta 140.000 UVAS (en la actualidad representan $6.600.000).
"A esas familias no se les ha brindado ningún paliativo quedando afuera de todo tipo de auxilio. Lo mismo sucede con aquellos que han perdido su empleo y en la actualidad deben cuotas. Su situación es desesperante. El congelamiento debe alcanzar la cuota y el capital y extenderse en el tiempo hasta tanto se disponga una reestructuración de estos créditos que ponga fin a la indexación", afirmaron en un comunicado.
Ajustar por salarios entre las opciones
En el Banco Central analizan cómo reestructurar los créditos UVA.
Una de las opciones que se barajan en el Banco Central para reformar los créditos UVA es que las cuotas se actualicen por el coeficiente de variación salarial (CVS), que el Indec calcula entre los salarios del sector público y privado, y no por inflación como se realiza en la actualidad.
Bajo la fórmula UVA, el valor de los crédito tuvieron una suba de 220% desde su lanzamiento en 2016 (ver página 28).
De acuerdo a la polémica ley de “Solidaridad social y reactivación productiva”, sancionada a fines del año pasado, el Banco Central tiene la misión de evaluar mecanismos para “mitigar” los efectos negativos del sistema de préstamos UVA, “atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”.
Al respecto, desde el colectivo de los hipotecados UVA autoconvocados afirmaron en un reciente comunicado que “el esfuerzo compartido al cual alude la ley de solidaridad y emergencia debe partir de la base de la absoluta disparidad contractual existente entre las partes. Sólo así se arribará a una solución justa que brinde protección al sector más débil de la relación contractual. El sistema financiero no puede eludir su responsabilidad y debe asumir los costos de la salida de este sistema”.
Recordaron además que “el presidente Alberto Fernández sostuvo en campaña que, así como en 2003 resolvieron el problema de las hipotecas en dólares, en esta oportunidad también lograrán brindar una solución a las hipotecas indexadas. En función de esa promesa aguardamos una solución definitiva que lleve adelante una reestructuración de estos créditos”.