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Entre las múltiples derivaciones de la expansión del COVID-19, las agencias de inteligencia y las fuerzas de seguridad destacan los cambios operados en la actividad de las redes del narcotráfico, forzadas a adaptarse a un brutal cambio de escenario. Las severas restricciones impuestas en todo el mundo al movimiento de personas y mercaderías obligaron a un proceso de reconversión de enormes dimensiones, todavía en marcha, cuyas consecuencias resultan difíciles de prever pero que seguramente impactarán en el devenir global del crimen organizado.
Un informe difundido por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito consigna que "la producción y distribución de cocaína parece estar interrumpida en los países productores de América Latina, al mismo tiempo que la escasez de heroína en Europa y Norteamérica está causando que sus consumidores recurran a prácticas aún más peligrosas". Entre esas prácticas figura, por ejemplo, la difusión del consumo de fentanilo, una droga muchas veces más poderosa que la heroína.
Por el gigantesco volumen económico de la actividad, el centro neurálgico de esta recomposición está en la frontera entre Estados Unidos y México. En esa zona, la primera modificación significativa tiene que ver con las dificultades surgidas con la cadena de suministros originados en China. Algunos insumos fundamentales para la elaboración de drogas químicas de altísimo valor, que por sus elevados niveles de rentabilidad constituyen la "crema" del negocio, provenían precisamente de Wuhan y fueron naturalmente afectados por la emergencia.
El investigador Alejandro Hope, exfuncionario del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), la agencia de inteligencia mexicana, explica que los cárteles "enfrentan un problema de abastecimiento" pero también "un problema de demanda". Ambos obedecen al incremento registrado en los controles en las rutas terrestres, marítimas y aéreas y la brusca reducción operada en las vías de transporte de mercaderías.
No obstante, la DEA advierte que, si bien cabe apreciar una sensible disminución en el tráfico de narcóticos en la frontera con México, y también en la venta de drogas "online" y en las cifras estimadas de lavado de dinero, puede percibirse que, como contrapartida, algunos de los carteles más poderosos invierten grandes sumas en la compra de productos para acumular stocks a la espera de una normalización de la situación.
Impacto en América latina
Esta problemática se manifiesta virtualmente en todos países latinoamericanos.
Pedro Yaranga, un analista peruano, afirma que las medidas de emergencia sanitaria adoptadas por el Gobierno de Lima han interrumpido la actividad de los cárteles.
Puntualiza que "el tráfico aéreo, que era una constante con Colombia y Brasil, se ha paralizado".
Agrega que "el Vraem, que produce el 75% de las drogas que salen del país, es la zona más controlada, pero no ya por el Ejército sino por los Comités de Autodefensa. Han impuesto un control estricto, hasta el punto de que por ahora allí no hay un solo caso de COVID-19".
Ese abrupto freno del circuito de comercialización afecta a la producción. El resultado es un fenomenal descenso de precios: el kilo de pasta base, cuyo valor era de 1200 dólares, cayó a 300. Los cocaleros piden subsidios oficiales. Algunos especuladores compran para abastecerse para el futuro.
En Colombia, donde las plantaciones de coca cubren una superficie de 212.000 hectáreas, la parálisis comercial no impacta tan severamente sobre los campesinos como en Perú. Daniel Rico, un analista colombiano especializado en economías criminales, subraya que "la droga producida en Colombia puede tardar hasta dos años en distribuirse en Estados Unidos". Sostiene que "hay inventarios en Colombia. También en otros puntos intermedios de Centroamérica y en México".
Cada región presenta sus particularidades. Tiziano Breza, del International Crisis Group, señala que en Centroamérica "el cierre de fronteras, las restricciones a la movilidad y la prohibición prácticamente total de los vuelos comerciales han dificultado el transporte de drogas hacia el norte". En Bolivia, la cuestión presenta otras aristas políticas. El Ministro del Interior, Pedro Murillo, informó oficialmente que ante la emergencia generada por el COVID-19 el Gobierno ha suspendido provisoriamente la campaña de desmantelamiento de las plantaciones ilegales de coca.
Otra consecuencia de las trabas al tráfico de drogas hacia el Norte ha sido que algunos carteles del narcotráfico hayan vuelto a prestar atención a actividades que habían abandonado por poco lucrativos. Esto ocurre con el contrabando de cigarrillos, cuyo volumen no es desdeñable. La Asociación Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) informa que ese negocio ilegal abarca "el 54% del mercado de cigarrillos brasileño, el 24% del chileno y el 12% del argentino". Ironías de la historia: el colombiano Pablo Escobar Gaviria inició su carrera criminal como contrabandista de cigarrillos.
El reverso de la medalla
Un fenómeno que los servicios de inteligencia recomiendan seguir con atención por sus eventuales implicancias políticas hacia el futuro es el hecho de que en muchos países latinoamericanos los carteles del narcotráfico han asumido el reemplazo del Estado vacante en el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria o en la protección social de las poblaciones afectadas por la pandemia. Con modalidades distintas, y hasta opuestas, México y Brasil son dos modelos del avance de estas novedosas formas “narco-estatales”.
En México, los carteles más relevantes aprendieron de la experiencia de sus antecesores colombianos y practican un remedo del “Estado de Bienestar” en sus respectivas zonas de influencia. En Sinaloa, Alejandrina Guzmán, hija del “Chapo” Guzmán, distribuye alimentos a la población en bolsas que llevan estampadas la foto de su padre. Lo mismo sucede con el cartel Jalisco Nueva Generación en el estado de Cuautitlán y el cartel del Golfo en los estados de Tamaulipas y Michoacán.
En Brasil, los narcotraficantes asumieron la aplicación de la cuarentena en las favelas de Río de Janeiro. Ese protagonismo adquirió incluso ribetes institucionales. El recientemente renunciado ministro de Salud Pública, Luz Henrique Mandetta, admitió que esa práctica tenía reconocimiento gubernamental: “Entiéndase que son áreas donde el Estado está frecuentemente ausente, donde narcotraficantes y milicias están a cargo. ¿Cómo construimos ese puente en nombre de la vida? Diálogo por la salud, si, con los traficantes, con las milicias, porque son también seres humanos y también tienen que colaborar, ayudar, participar”.
El anverso de la medalla es que el narcotráfico ha tenido que reducir sus operaciones a un mínimo inimaginable, no conocido en los últimos cuarenta años. El reverso es que, por su poder económico y su eficaz despliegue organizativo, los carteles han ganado influencia en las poblaciones más vulnerables y que su capacidad financiera les permite aguantar el cimbronazo y avanzar así hacia un nuevo proceso de concentración del negocio, revirtiendo la tendencia a la horizontalización surgida en los últimos años a raíz de la proliferación de pequeños cárteles independientes que ahora corren el peligro de sucumbir ante la crisis.
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