inicia sesión o regístrate.
La fiebre del litio vuelve a poner sobre la mesa y bien a la vista la velocidad con que el poder central trata de acumular el control de los recursos, pensando en el financiamiento de la política y dejando de lado las necesidades de la población de cada provincia y los límites que le impone la Constitución Nacional en el manejo de los recursos naturales.
El proyecto de crear una "OPEP del litio" que el canciller Santiago Cafiero analiza con sus pares de Bolivia y Chile genera resistencias en las provincias productoras del "mineral estrella" de estos días porque el principio de federalismo indica que la iniciativa debió empezar por consultas a los gobernadores y no a los países vecinos.
Hace más de una década el resistido secretario kirchnerista Jorge Mayoral planteó para el litio un acuerdo similar a la histórica alianza celebrada en Bagdad en 1960 entre los mayores productores de petróleo: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela. El objetivo era la unificación de estrategias y precios para el abastecimiento de un insumo estratégico. Hoy, con la búsqueda de fuentes de energía no contaminantes, el litio ocupa ese lugar clave. La diferencia es que Argentina, Bolivia y Chile no han desarrollado la producción, aunque acumulen las mayores reservas comprobadas.
El otro problema, y así lo plantean los sectores mineros de Chile y Argentina, ni las normativas ni los objetivos de la actividad son los mismos en los tres países.
Chile es el segundo productor de litio a nivel mundial pero, según el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Andrés Santa Cruz, "nuestras ventajas respecto de otros países son inmejorables y cualquier asociación con esos países solo significa pérdida para el nuestro". En Chile piensan que "no parece muy prometedora la idea" y que "estas políticas nos condenarán permanentemente al subdesarrollo".
Mal comienzo para una alianza como la que imaginan los cancilleres.
Lo cierto es que el principal exportador mundial es Australia y en cuarto lugar ya se encuentra la Argentina. Bolivia, en cambio, tiene una producción insignificante, a pesar de tener en su territorio alrededor de 21 millones de toneladas métricas de litio certificadas. Aunque había sido planteado como un proyecto estratégico desde 2006 por el expresidente Evo Morales, el monopolio del Estado que le dio resultado con otros minerales y combustibles impidió que se avanzara en la producción. Según los estudios geológicos, la enorme cantidad de magnesio mezclado con el litio en el Salar de Uyuni exigen una inversión muy grande para el proceso de depuración. Y esa inversión la deben realizar empresas multinacionales que, además, necesitan garantías.
El precio internacional del litio y las exportaciones argentinas vienen creciendo exponencialmente. El escenario se presenta altamente positivo porque ese mineral es imprescindible para la reconversión y la "descarbonización" energética.
Según World Energy Trade, por la suba del precio del litio, las exportaciones mineras de la Argentina totalizaron US$ 2.209 millones en los primeros siete meses del año, un 31% más que en el mismo período de 2021. Y en octubre el precio del hidróxido de litio alcanzó un nuevo máximo histórico: de US$ 74.475 dólares la tonelada.
El atractivo es demasiado poderoso para un poder central que necesita caja suficiente para mantener su caudal electoral en el AMBA. La creación de una empresa estatal, o de un ente regulador, y también un intento de alianza con gobiernos extranjeros ideológicamente afines representan una avanzada sobre el litio, como lo es el proyecto de Ley de Humedales. Pero los recursos naturales son patrimonio de la provincia y son los gobernadores de Salta, Catamarca y Jujuy quienes deben hacerlos valer. Lo que está en juego es demasiado importante y cualquier estrategia, nacional o internacional, deberá responder a las necesidades y reflejar la voluntad de las provincias.