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Donald Trump le pidió públicamente a Vladimir Putin que difundiera la información que poseía sobre las actividades comerciales en Ucrania de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Algunas recientes novedades registradas en una investigación judicial sobre el tema ya habían llamado la atención del mundo de Washington y alimentaron la imaginación de los medios de comunicación. Esa investigación, encabezada por el fiscal federal de Wilmington, en el estado de Delaware, comenzó en 2018 y alude a manejos financieros en países extranjeros en la época en que el actual mandatario era vicepresidente de Barack Obama.
La pesquisa está orientada a determinar si Biden Jr. y algunos de sus asociados violaron las leyes de cabildeo extranjero ("lobby"), lavado de dinero y evasión de impuestos. Los fiscales recopilaron información de lobbistas conectados con Hunter, de sus socios y de otras personas que conocieron sus compromisos financieros. Hunter no está acusado de ningún delito. Sin embargo, la investigación planteó dudas persistentes sobre el comportamiento del hijo del actual presidente de los Estados Unidos e incentivó los ataques de la derecha republicana, en momentos en que las encuestas marcan un marcado descenso de la imagen del mandatario demócrata.
En 2019 el entonces presidente Trump presionó a Ucrania para que investigara a los Biden por la vinculación de Hunter con Burisma, una compañía de energía ucraniana, solicitud que provocó el primer pedido de juicio político a Trump por la oposición demócrata.
Trump trató que las acusaciones fueran parte de la campaña de 2020, instando al fiscal general William Barr a que realizara una pesquisa sobre Hunter y también sobre su padre. Barr aclaró que el candidato demócrata no estaba bajo investigación.
Entretanto, el abogado de Trump, Rudy Giuliani, impulsó la difusión de imputaciones basadas en información extraída de una computadora portátil robada que pertenecía a Hunter y guardaba sus documentos comerciales.
Barr, preocupado porque la pérdida de credibilidad de Giuliani podía enturbiar el procedimiento, ordenó que los documentos secuestrados fueran entregados a los fiscales de Pittsburgh para ser analizados con los servicios de inteligencia a fin de poder determinar su autenticidad.
El curso de las indagaciones experimentó muchas idas y venidas en estos años. Pero en los últimos tiempos el ritmo de la pesquisa se aceleró. La crisis de Ucrania y la cercanía de las elecciones legislativas de noviembre en los Estados Unidos reinstalaron la cuestión en la agenda pública.
Historias escabrosas
La investigación puso bajo la lupa una infinidad de aspectos escabrosos de la vida privada de Hunter, quien en muchas oportunidades reconoció públicamente su difícil lucha contra el abuso de narcóticos, hasta el punto de que algunos funcionarios judiciales discrepan sobre si ese consumo de drogas en el pasado debilitaría una hipotética acusación penal, ya que la defensa de Hunter podría argumentar que no era consciente de las irregularidades porque estaba drogado.
Los investigadores incursionaron en otras facetas de la vida de Hunter, centrándose en temas fiscales y transferencias de dinero relacionadas con actividades comerciales en China. Hunter declaró que había abonado las facturas de impuestos pendientes y los registros consignan que más de 450.000 dólares en gravámenes adeudados fueron levantados en 2010, lo que indicaría que esas obligaciones habrían sido saldadas. Pero esos pagos no disiparon los problemas legales porque los investigadores decidieron examinar el origen de los fondos usados para esos pagos.
Entre los testigos entrevistados figuró una mujer de Arkansas que tuvo un hijo con Hunter y lo había demandado por la pensión alimentaria. Clint Lancaster, el abogado de la mujer, había sido contratado por los republicanos en un intento fallido de denuncia de fraude en las elecciones presidenciales de 2020.
Los fiscales también examinaron un episodio de 2018, cuando un arma de fuego de propiedad de Hunter Biden fue arrojada por su entonces novia a un contenedor de basura en Wilmington. La legislación vigente prohíbe la compra de armas de fuego por cualquier persona adicta a las drogas, lo que planteó la hipótesis de que con la adquisición del arma Hunter podría haber violado esa norma federal.
Negocios son negocios
El involucramiento de Hunter en Ucrania es una fuente importante de sus problemas legales y políticos.
El hijo del presidente de los Estados Unidos integró el directorio de Burisma y cobró hasta 50.000 dólares mensuales entre 2014 y 2019, según un informe elaborado por el Senado liderado por los republicanos y publicado en 2020. Ese lapso coincide con el período durante el cual su padre se desempeñó como vicepresidente y fue comisionado por Obama para manejar los asuntos de Ucrania. Semejante superposición generó sospechas sobre un conflicto de intereses.
Los fiscales focalizaron su atención en la actividad de Blue Star Strategies, una firma de cabildeo contratada por Burisma que se acercó a funcionarios de Washington en un intento de mejorar la reputación de la empresa después de que voceros del Departamento de Estado criticaran a su fundador, Mykola Zlochevski, un empresario ucraniano vinculado con Viktor Yanukóvich, el mandatario prorruso derrocado en 2014. Todo indica que Zlochevski contrató a Hunter, así como a otros exfuncionarios extranjeros, como Cofer Black, exjefe de la sección de Contraterrorismo de la CIA, con el objetivo de lavar la imagen de la compañía.
Como la legislación estadounidense exige que los cabilderos y las empresas de relaciones públicas que trabajan para entidades extranjeras revelen los vínculos con sus mandantes y los funcionarios de seguridad nacional ampliaron la interpretación de esa normativa para enjuiciar a grupos y personas que oculten sus conexiones internacionales, los fiscales recopilaron datos sobre Blue Star Strategies, así como sobre Hunter. Las consultas incluyeron la proximidad de los lobbistas con Hunter y el resultado del trabajo de Blue Star sobre la reputación de Burisma en Estados Unidos.
La paradoja de este laberinto es que la política ucraniana está íntimamente vinculada con la historia de la familia Biden pero que también lo estuvo con el equipo de Donald Trump. Paul Manafort, exjefe de campaña del expresidente estadounidense, fue condenado a siete años de prisión, y luego indultado por Trump el último día de su mandato, por ocultar su relación con el depuesto Yanukóvich y la fracción empresaria prorrusa de Ucrania, a la que durante varios años brindó servicios por los que cobró doce millones de dólares. Manafort fue precisamente uno de los artífices de la “conexión rusa” que unió a Trump con Putin.
A diferencia de las clásicas acusaciones contra las corporaciones norteamericanas por sobornar a mandatarios de otros países para que favorezcan sus intereses, en este caso habría empresas ucranianas que para conseguir el apoyo de Washington habrían pagado importantes sumas de dinero a allegados a dos presidentes estadounidenses, que pueden llegar a disputar por segunda vez consecutiva la primera magistratura en las elecciones de 2024.