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Lo peor que le puede ocurrir a un grupo político es perder la legitimidad. Y es aún más grave cuando ese deterioro ocurre con mucha antelación a una elección, fruto de tal desencuentro con la pulsión social, que deja a sus dirigentes saludando paredones. La larga agonía de un fin de ciclo.
El problema no es el resultado cantado, sino lo que ocurre en el interregno. Porque el poder no deja de ser el poder, y es especialmente ante el fin inminente cuando la capacidad de acción que confiere es un dato de análisis de primera envergadura. La razón es simple: el arrinconamiento provoca tangentes inesperadas.
Guglielmo Ferrero, en su magnífica obra "El Poder", lo describió mejor que nadie: ante la pérdida de legitimidad, intentan destruirla, recurriendo al vacío jurídico, a través de la mentira. El propósito no es otro que crear una forma ilegítima de continuidad, o al menos las condiciones para deslegitimar al sucesor. Si no es ahora, sembrar las semillas.
Ese y no otro es el plan. Después del fallido intento de desacato, se inventó un conflicto de poderes: mensajes obtenidos del modo más sórdido, servirían de principal y única evidencia para un juicio político a los miembros de la Corte Suprema, promovido por el Presidente de la Nación. De poder a poder, para que no haya poder.
Este último paso de una larga trama de ataques institucionales no debe llamar la atención. Como no se pudo reformar la Constitución y menos aprobar leyes que asegurasen selectivos cambios en la justicia, pues se fue directo al grano: cambiar a quiénes son los encargados de interpretar y aplicarla. La urgencia impide andar con rodeos.
A no confundirse, no estamos tanto ante un hecho jurídico sino ante un hecho político. Lo que quieren no es la verdad del proceso, sino instalar lo que algún penalista llamó la "verdad verdadera", lo que se ve, que es lo que más importa en una lógica de imágenes puras y subitáneas. A lo que hay que prestar atención entonces es al sistema institucional y lo que este accionar representa: no es exagerado sostener que eso es lo que está en juego, la salud y vitalidad de todo el sistema.
Fuera de discusión está el estándar de ejemplaridad agravado de los funcionarios públicos. También la transparencia, como pilar del régimen republicano de gobierno (aunque no a cualquier costo). Pero acá se trata de otra cosa. Si el conflicto de poderes deriva en vacío jurídico, el jaque mate será un hecho: el vacío se traduce en la nada que conduce irremediablemente a los peores escenarios.
La respuesta y la obligación institucional la tiene la oposición. Y contra todo lo que se diga, hay razones de optimismo. Porque desde noviembre de 2017 viene reconstruyendo su legitimidad, y con todas las diferencias, hoy tiene candidatos competitivos y puntos de vista que se respetan y saldan como una coalición, en una sana tensión competitiva. Año Nuevo, desafíos mayores, pero esperanzas más grandes.