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Ediles del bloque UCR y Avancemos PRO de la ciudad de Orán aprobaron un proyecto por el que piden a comerciantes locales, datos de sus cuentas para conocer detalles de los movimientos económicos que se dieron en la anterior gestión municipal a través de esos comercios. La polémica iniciativa ya ha cosechado fuertes críticas desde el punto de vista constitucional por lo que podría significar un ataque a la libertad de comercio.
El abogado Domingo Sabag expresó en medios locales que "el contenido de la idea es totalmente ilegal porque el pedido debe ser elevado al Ejecutivo".
Asemás Sabag remarcó que las "sesiones extraordinarias son para asuntos de interés público urgente por ejemplo, un incendio, una inundación, cualquier catástrofe que necesite la acción inmediata del Concejo y evitar la espera hasta una sesión ordinaria, pero no para esto que se plantea esta noche en el recinto legislativo de nuestra ciudad".
El letrado agregó que "tampoco corresponde el hecho de dirigirse de manera directa a los comerciantes y empresarios, porque la administración de la cosa pública es del Ejecutivo. En este sentido el cuerpo legislativo debe dirigirse al mismo y pedir boletas o toda la documentación correspondiente. Tal como está planteado el proyecto, es totalmente ilegal" insistió.
Otra situación que subrayó "es que se menciona un listado determinados de comercios siendo algo totalmente discriminatorio. Encima de un proyecto ilegal, no muestran generalidad para elaborar el polémico pedido. No se entiende en el último tiempo al Concejo Deliberante queriendo infringir la ley" afirmó.
El proyecto
El proyecto de resolución, expediente 260/23, expresa lo siguiente:
Solicitar a las siguientes firmas comerciales de nuestra ciudad, Electroran, Elect-nort, Electricidad Tito, Casa El Gato, Hotel Argentino, Hotel Darcun, Hotel Alto Verde, Gerala Mayorista, La Norteñita Carnes, Chango Más, Super Vea, Supermercados Comodín, Super Limpito y Edesa, listado de bienes y/o servicios (según corresponda) provistos a la Municipalidad de Orán desde el 1 de enero hasta el 10 de diciembre de 2022, discriminando:
a) Bien o servicio y medio de pago o canje por tributos.
b) Monto y comparativo de precios a consumidor final y lugar de entrega.
c) Copia de orden de compra, remito y factura, destino y receptor firmante.
d) Deuda impaga y/o compromiso de pago con fecha posterior al 10 de diciembre de 2023.
El polémico proyecto se basa en el siguiente considerando: "Que la Municipalidad de Orán utiliza varias formas para la adquisición de bienes o servicios; que en nuestra ciudad la masa tributaria fruto del esfuerzo de los contribuyentes en todas sus categorías, adolece de transparencia y, que presuntamente con proveedores de los más diversos rubros, se ha utilizado un sistema de canje por tributos y que el estado actual de las finanzas y del patrimonio del Municipio requieren de acciones concretas para acceder a información esclarecedora".
"Información voluntaria"
Mientras la polémica va en aumento y los comerciantes mencionados en el proyecto del Concejo Deliberante oranense analizan los alcances de la resolución, desde los sectores políticos del órgano deliberativo salieron a poner paños fríos y llevar tranquilidad.
Griselda Choque, una de las autoras del instrumento, aclaró que la información que se pide a los comercios es "algo voluntario. No estamos obligando a nadie. No se está investigando al comerció en sí, sino a cómo se llevó adelante el manejo de los fondos municipales; no es una búsqueda de avasallar derechos ni nada de lo que se le parezca. Es una solicitud que nosotros como Concejo hacemos porque queremos esclarecer y entender el porqué de la situación actual del municipio", aseguró.