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Un fallo judicial en la ciudad de Orán ordenó al municipio y a la Provincia la refacción y readecuación del Hogar de Tránsito San José y del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl que alojan cerca de 40 abuelos, todo ello tras la presentación de un amparo judicial.
La demanda de amparo fue presentada por el abogado Cristian Illesca contra el Gobierno provincial y el municipio de Orán por el trato indigno y abandono que sufren los abuelos en los hogares. La Justicia tomó una decisión compartiendo el criterio del Ministerio Público Fiscal. En los considerandos del fallo se detallan en primer lugar los pedidos de constatación ocular sobre la situación edilicia de estos hogares y sobre las condiciones de salud de los adultos mayores.
Es por ello que en diciembre se llevó a cabo la Inspección ocular en ambos hogares y se requirió la intervención del servicio médico del Poder Judicial, a los efectos de poder corroborar el estado de salud de los ancianos, condiciones de alojamiento y cuidados que reciben los internos.
La casa San José depende del Obispado de Orán y trabaja con un grupo de voluntarios de Cáritas diocesana, mientras que San Vicente de Paúl está a cargo de la Dirección de Gerontología, del Ministerio de Desarrollo del Gobierno de la Provincia de Salta.
Luego de la inspección, corroboraron que ninguno de ellos cuenta con instalaciones adecuadas, ni acordes a las necesidades de las personas allí alojadas.
"Es por ello que en función al poder de policía que compete al Poder Ejecutivo provincial, deberá en el uso de tales facultades realizar las gestiones pertinentes para coordinar con el Obispado de San Ramón de la Nueva Orán la adecuación de sus instalaciones con el objeto de continuar con las labores que desempeñan generosamente con los adultos mayores, teniendo igualmente especial atención en lo informado por el servicio médico del Poder Judicial."
Aun así, la Justicia consideró que el municipio de Orán también es responsable de la situación de la casa San José teniendo en cuenta que la propia carta orgánica de la Municipalidad local contempla dentro de los "deberes sociales - ancianidad y los discapacitados" la obligación del Estado municipal de contemplar la infraestructura necesaria.
En el caso del Hogar San Vicente de Paúl" deberá intimarse al Ministerio de Desarrollo arbitrar los mecanismos administrativos oportunos, ante la Secretaría de Obras Públicas, para agilizar la ejecución de las tareas de refacción y adecuación edilicia, que tramita todo ello en un plazo no mayor a 90 (noventa) días hábiles.
Ante lo expuesto es que mediante sentencia del día 27 de febrero 2023, el Juzgado de Personas y Familia Nro. 2 a cargo de la Dra. Ana María Carriquiry, en el marco de la causa "Illesca, Cristian D C/ Gobierno de la provincia de Salta, Municipalidad de Oran S/ Amparo" Exp. 18940/22,
Tareas de refacción y capacitación del personal
La jueza Carriquiry hizo lugar parcialmente a la acción de amparo individual, interpuesta por Cristian Illesca, ya que en primer lugar rechazó la acción de amparo contra el Hogar San José. De acuerdo a lo informado desde las fuentes judiciales, las inspecciones oculares en el lugar no pudieron determinar ni encontrar irregularidad alguna. El inmueble en cuestión se trata de una casa abierta, y respecto al estado de los ancianos en cuestión, cuyas fotografías se agregaron en los autos del caso, no se condijo con la inspección ocular llevada a cabo con la propia presencia del amparista.
En segundo lugar, ordenó a la provincia de Salta a hacer efectiva la ejecución de las tareas de refacción y adecuación edilicia en un plazo no mayor a 90 (noventa) días hábiles
Además, la magistrada requiere al Gobierno de la provincia de Salta presentar programa de capacitación del personal del hogar San Vicente de Paúl, en un plazo no mayor a 90 (noventa) días hábiles, el cual debe ser obligatorio para el personal.
Por ultimo Carriquiry reconoció a Caritas por la labor de voluntariado social que realiza en esta diócesis de Orán, en relación a los adultos mayores.
Dignidad
"El Estado provincial tiene que invertir y dignificar los últimos años de vida que les quedan a estos abuelos. Se trata de trabajar de manera preventiva. Si hay un daño, repararlo y si no están en condiciones hacer que el Estado las brinde. No podíamos permitir que estén tirados de esa manera", expresó en medios locales el abogado Illesca
"Si en los 90 días el Gobierno y el municipio no cumplen con la obligación de invertir en el cuidado y trato digno con los abuelos, no tengo ningún drama en denunciarlos penalmente, por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público" finalizó el letrado.
Sobre la situación de la salud mental
En junio pasado la jueza Carriquiry hizo lugar a un amparo colectivo contra el Ministerio de Salud de Salta y ordenó al Estado provincial presentar un plan des salud mental. Se debería cumplir con la ley nacional que ordena destinar un 10 por ciento del presupuesto de la cartera sanitaria a la atención psiquiátrica y psicológica. La magistrada había hecho especial énfasis en la situación irregular que se registraba en Orán al respecto. El plan se presentó a través de una propuesta que fue elaborada entre la Fiscalía y el Ministerio de Salud en agosto, el que luego fue aprobado en septiembre del año pasado.