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Si no fuera dramático, resultaría curiosa la reacción del heterogéneo entramado oficialista ante el amparo que aprobó la Suprema Corte, con el que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán. En ambos casos, Sergio Uñac y Juan Manzur intentaban una reelección que según las constituciones de esas provincias no les corresponderían. Uñac intentaba un cuarto mandato, luego de haber sido vicegobernador con José Luis Gioja y dos veces gobernador. Manzur, más ambicioso todavía, quiere un quinto período consecutivo, después de haber sido dos veces vicegobernador con José Alperovich y dos veces gobernador. El máximo tribunal intervino porque las cortes provinciales aprobaron ambas candidaturas y los denunciantes (sanjuaninos y tucumanos) llevaron la impugnación a la última instancia.
Ni a Uñac ni a Manzur la suspensión de los comicios los tomó por sorpresa. Ellos sabían perfectamente que esto podía ocurrir. Y saben que es probable que no puedan sostener su candidatura. En marzo de 2019, el actual ministro de Justicia, Martín Soria, había impugnado con éxito el tercer mandato de Alberto Weretilneck en Río Negro. Ese mismo año, en La Rioja, Sergio Casas tampoco pudo competir por un tercer mandato. La Corte lo consideró inconstitucional.
En Santiago del Estero, en 2013, la Corte frenó un tercer mandato al que aspiraba Gerardo Zamora. Todo quedó en familia: la gobernadora por cuatro años fue Claudia Ledesma Abdala, que en 2019 lo trasladó a su marido.
Para la política argentina, y en particular, el peronismo, la Justicia, las leyes y las instituciones son "una máquina de impedir". Es decir, no se admiten los límites que imponen la República y la Democracia.
La conducta de Martín Soria demuestra que las leyes "se usan a medida".
Ocurre lo mismo con los argumentos de Cristina Kirchner y sus seguidores: la Justicia "la proscribe" porque la condenó por una causa de corrupción. En 1998, Carlos Menem denunciaba que era un "proscrito" y un "discriminado" porque la Constitución solo le habilitaba dos mandatos consecutivos. La coincidencia entre ambos es notable: Menem no pudo volver a la presidencia en 2003, porque no logró los votos que necesitaba, y renunció al balotaje. Y a Cristina no la proscribe nadie, sino que no le dan los números.
Ayer, el oficialismo unió filas para repetir los ya gastados argumentos para atacar a la Suprema Corte de Justicia. El mismo Alberto Fernández difundió por cadena nacional un extenso comunicado cuyo contenido y su desconocimiento de la independencia judicial muestran su impotencia, pero sobre todo obligan a preguntarse por qué la UBA le conserva el cargo de jefe de Trabajos Prácticos a quien ignora así la Constitución.
La Corte volvió a demostrar, con jurisprudencia, que el simulacro de juicio político contra sus cuatro miembros, encabezado por los disciplinados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, no le afecta en lo más mínimo.
Es visible el debilitamiento progresivo del oficialismo. Sin candidatos presidenciales competitivos, con una economía destartalada y la sociedad en estado de movilización, el futuro inmediato se presenta tormentoso.
Y, de repente, el papa Francisco, que tanto pedía que "cuiden a Cristina", anteayer describió, con lujo de detalles, que funcionarios de aquel gobierno presionaron a los jueces para que el entonces cardenal Bergoglio fuera condenado en una causa por crímenes de lesa humanidad. Como suelen decir en la Casa Rosada, "cuando te quedás sin poder, ni el ordenanza te trae café".