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El democristiano Rodrigo Paz Pereira gobernará Bolivia y lo espera una crisis de proporciones, marcada por la inflación, el desabastecimiento, la devaluación de la moneda nacional y la implosión del Movimiento al Socialismo (MAS) y la izquierda aliada que gobernó dos décadas. Entre las preguntas pertinentes está la de qué hará el electo mandatario con la minería, una actividad invadida por la ilegalidad en la que precisamente ha hecho pie el modelo social del proscripto y prófugo Evo Morales.
En un debate reciente con el derrotado derechista Jorge Tuto Quiroga, contra reloj decía Paz:
* En cuanto a minería, nuestro propósito, es que en cinco años podamos pasar de US$ 5.000 millones de producción a US$ 15.000 millones.
* Impulsaremos la aprobación de una nueva Ley Minera porque a los operadores tenemos que facilitarles seguridad jurídica principalmente, pero explotación, tratamiento metalúrgico, comercialización, volver al modelo de concesiones, dar ese espacio.
* Va a desaparecer el impuesto complementario del 12,5%, lo cual va a aligerar para que las empresas reinvertir. Va a haber un plan nacional del Oro por la Patria.
* Hay que generar con el oro una riqueza para los bolivianos, con los amigos, hermanos y hermanas cooperativistas vamos a tener una relación directa. Vamos a modernizar la minería con digitalización y además trazabilidad de los procesos.
* Vamos a llevar un proyecto de mejores fundiciones en Bolivia y refinación para generar más valor agregado a nuestro producto que hoy es básico, eso es lo que exportamos. Industrializar la minería va a ser una necesidad urgente con las alianzas y acuerdos que sí tenemos con los sectores cooperativistas y privados del país.
Para el presidente electo, Uyuni no califica todavía, a pesar de los anuncios en los últimos 30 años muestran que sólo el gran salar ha sumado recursos y no reservas. En los análisis sobre el litio boliviano, los acentos se reparten entre la fuerte regulación estatal y el papel de la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL) y la dictadura de la alta concentración de magnesio que encarece y quita factibilidad ambiental a los proyectos que han imaginado rusos, chinos y franceses, entre otros.
No será fácil
Dionisio Garzón, ingeniero geólogo, ex ministro de Minería y Metalurgia y columnista asiduo en CLUBminero, ha dicho en su notable libro "Exploración y desarrollo minero Paradoja existencial de Bolivia en el siglo XXI" que el mal mayor de la economía nacional en los tiempos que corren es la informalidad que "en ciertos sectores tiene matices de ilegalidad".
"Un problema recurrente es que el manejo de la cadena de producción-comercialización de oro también está controlado por el subsector informal, donde confluyen el contrabando de oro de países vecinos que se exporta como producción nacional y eventualmente lavada de activos de dudosa procedencia en operaciones mineras ilegales", dice Garzón.
Ya en 2022, cuando la onza de oro valía US$ 1.800, poco menos de 1/3 del precio actual, las exportaciones legales de oro superaban los US$ 3000 millones (Según datos del INE) lo que equivalía al 46% del total de las exportaciones del país.
"Si se considera el oro de contrabando y el oro marginal que no se controla, estamos hablando de cifras realmente espeluznantes. De dos rubros de actividad ilegal/informal, que ya entonces equivalían al 70% del valor de las exportaciones del país", remarca Garzón.
Así, la minería es una de las tantas incógnitas. Paz pretende apoyarse en las cooperativas, un tejido en la cornisa de la informalidad, con apoyo de chinos y otras estructuras asiáticas.
Balanza comercial
A Bolivia le urge formalizar las cuentas de la balanza comercial y de pagos. La exportación de gas natural con núcleo en los bloques Margarita y otros, tuvo un cenit de exportaciones de US$ 6.000 millones en 2013 y desde entonces entró en un tobogán de reservas y decayó a poco más de US$ 1.000 millones en 2025.
El otro balón de oxígeno son las remesas de los bolivianos en el Exterior. En esta elección podían votar 379.000 emigrados en 22 países (60.000 en la zona metropolitana de Argentina) sobre los 7.500.000 del padrón general. Esos compatriotas enviaron divisas por US$ 1.200 millones el año pasado. Provincias como Salta y Jujuy conocen bien de la trashumancia permanente y su impacto sobre la sociedad y la economía del NOA.
Todo suma o resta en la dura crisis, con inflación de 50% en el año y el calvario ciudadano para conseguir combustibles cuya distribución monopoliza la estatal Yacimientos Petroleros de Bolivia (YPFB) hipotecado por la política de subsidios, herramienta para contener la carestía. Paz dice que saldrá con desarrollo endógeno, sin asistencia del FMI y un plan de crecimiento multisectorial que ha llamado "capitalismo para todos"….