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Los sistemas republicanos, democráticos por excelencia, suelen sobrevivir a los vaivenes de los cambios políticos gracias a la calidad de sus instituciones. Recordemos la crisis profunda del 2001 cuando la Argentina vio pasar a cinco presidentes en una semana. Obviamente poco ideal tener tal récord, pero el Congreso pudo resolver la crisis política mediante la Constitución, sus reglas y tradiciones; y esto no debería pasar de inadvertido.
En el tiempo más cercano, ante la pandemia del Covid-19, también las instituciones, con sus reglas y tradiciones, lograron guiar un proceso de caos a uno de orden. Por supuesto podemos analizar las formas y el impacto, pero las instituciones, sus reglas y tradiciones, estuvieron y lograron no caer en la ineptitud total.
Desde estos casos extremos al actual, el panorama político argentino parece querer cuestionar el valor de las instituciones, de sus reglas, de sus tradiciones y su valor en una república. Criticar al Estado es una cosa, pero desarmar la tradición constitucional que convierte a las instituciones como pilares de la República es otra, mucho más grave.
Al mejor estilo del defraudador, cuando se critica el valor de la Constitución, de la separación de poderes y las responsabilidades del Ejecutivo, lo que se está haciendo es denigrar el valor de lo que une a una sociedad para reemplazarla por versiones personalistas de lo correcto. No es correcto que el presidente insulte a miembros del Congreso, como tampoco los llame "héroes", cena de por medio, al votar una Ley en contra de la movilidad jubilatoria. Tampoco corresponde tildar a la protesta social – un derecho Constitucional – como golpista cuando el temario del Congreso no favorece al partido de turno. La democracia es negociación, persuasión y convencimiento. Pero no todo vale cuando se pone en riesgo a las mismas instituciones que deben velar por el bien común.
Tema en debate
El gobierno de Javier Milei ha generado un intenso debate sobre su impacto en la calidad democrática y la protección de las instituciones en Argentina.
Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei ha defendido una visión de gobierno basada en el liberalismo económico extremo y la reducción del Estado, argumentando que estas medidas fortalecerán a las instituciones y garantizarán una democracia más funcional. Sin embargo, sus métodos han sido controvertidos. Por un lado, el gobierno impulsó reformas estructurales a través de la "Ley Bases", que buscan desregular la economía y reducir el poder del Estado en áreas clave. Por otro, su estilo confrontativo, su rechazo al diálogo con sectores opositores y su constante descalificación de otros poderes del Estado son riesgos para la estabilidad democrática. La teoría de Milei sobre la protección institucional radica en su visión de un Estado mínimo y en la necesidad de eliminar lo que percibe como intervenciones estatales nocivas. No obstante, el debilitamiento de organismos reguladores, la concentración de poder en el Ejecutivo y su rechazo a la política dialogal erosionan el equilibrio de poderes.
Desde una perspectiva liberal clásica, las instituciones políticas son fundamentales para garantizar la estabilidad democrática, el estado de derecho y la protección de los derechos individuales. Sin embargo, Milei ha adoptado un enfoque que desafía los marcos tradicionales, promoviendo un modelo de gobernanza basado en la reducción del Estado y el poder de mercado como regulador social, con el factor trascendental de depender de partidos aliados sin poder sostener su propia gobernabilidad.
La calidad democrática de un gobierno no se mide solo por su origen en elecciones legítimas, sino también por su respeto a la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y la existencia de controles y balances efectivos. La visión de Milei, que considera al "Estado como el enemigo" y busca una reestructuración profunda de su papel, pone a prueba estos principios. Si bien el discurso oficial sostiene que la desregulación fortalecerá la libertad y la transparencia, la eliminación de organismos de control y la concentración de poder en el Ejecutivo pueden debilitar las instituciones. La experiencia comparada sugiere que un Estado fuerte no implica necesariamente mayor intervención, sino la existencia de marcos normativos sólidos. El desafío del gobierno de Milei radica en demostrar que la transformación económica no se traduce en una erosión institucional que afecte la calidad democrática Argentina.
Esa demostración es urgente porque el presidente y su gobierno dan señales constantes de querer forzar un quiebre con las instituciones que velan por los derechos compartidos. Solo en el último mes tenemos cuatro ejemplos concretos que demuestran esta tendencia peligrosa en un auge de autoritarismo, que también se observa en otras partes del mundo y tiene a Musk/Trump como máxima expresión. El primer ejemplo tiene que ver con la decisión de nombrar en Comisión a dos jueces de la Corte Suprema cuando la Constitución y la tradición parlamentaria claramente demuestran que esta medida es, al menos, ilegitima.
La designación de Lijo y García-Mansilla ponen en riesgo absoluto el principio de legalidad, de separación de poderes, de estabilidad legal y de capacidad de reacción cuando, probablemente, el Congreso deniegue los pliegos. En su labor de corresponder la nominación del Ejecutivo o no, el Congreso no puede ser culpable de remendar el gravísimo error del Ejecutivo. Pero, no sorprenderá cuando el presidente, en caso de bajar los pliegos, use sus redes sociales para denigrar la Constitución.
El segundo ejemplo tiene que ver con la transgresión sistemática del significado de una Ley por medio del abusivo uso de Decretos de Necesidad y Urgencia. Me refiero a un sistema pensado por Néstor Kirchner y nunca refinado por ningún gobierno desde el 2006. No es normal, y hasta diría, legal, tomar una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional por medio de un decreto cuando existe el marco legal correspondiente para tramitar el pedido como corresponde: con la voluntad parlamentaria expresa. Lo peor es que el DNU por si no es lo que más erosiona a la calidad institucional. Lo peor es pretender aceptar una nueva deuda sin ni siquiera saber el monto.
Usando la máxima libertaria, ¿con qué excusa, entonces, podemos hablar de seguridad jurídica?
El tercer ejemplo es la impropiedad de gestionar el Estado sin presupuestos aprobados. Por primera vez en la historia se prorroga el mismo presupuesto por segunda vez consecutiva. Ante el recorte generalizado y sin estrategia integral de las capacidades del Estado – llámese 'motosierra' – el presupuesto es la Ley más importante para garantizar las funciones Constitucionales que debe llevar a cabo el Ejecutivo. Solo porque no hay recursos no basta como fundamento para no rendir cuentas del erario. Raro un liberalismo escondido en números del Estado.
La falta de seguridad jurídica, el abuso de los DNU, y la falta de la Ley de Leyes, causan el cuarto ejemplo: un Estado ausente. Los incendios de la Patagonia y Córdoba, la catástrofe de Bahía Blanca y el alud en Quijano demuestran que no fue tan inteligente la idea derogar la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, desregular la obra pública, sacar a la Argentina del Tratado de Paris e insultar a los que piden acción gubernamental ante la crisis climática.
Los fundamentalistas que ven la gestión pública como pretensiones personales no estarían leyendo la Constitución muy asiduamente. Debemos hablar de Constitución porque cuando el Ejecutivo empieza a transgredir a las instituciones, sus reglas y tradiciones, lo que hace es allanar el camino a un autoritarismo que no es fácil democratizar en el tiempo. Cuando las facultades extraordinarias sean ordinarias, no habrá necesidad de regulación, del Estado ni de las leyes.
No creo que la Argentina este actualmente cerca de una crisis institucional y constitucional, pero tampoco creo que la distancia a lo inevitable sea tan lejana. Si las instituciones mueren por el ataque de quien debe protegerlas, la democracia – la que elige, la que se debate, la que es potestad de todos – también puede desaparecer. Como en cada vuelta autoritaria de nuestra historia, la de la región y el mundo, probablemente nos daremos cuenta cuando ya sea tarde. Ejemplo: ¿cómo rindió cuentas el presidente y su entorno después de defraudar a ciudadanos argentinos con un proyecto de inversión en criptomonedas? ¿y el Consejo de Mayo?