inicia sesión o regístrate.
Las reformas estructurales no son, en sí mismas, un mal absoluto. La evidencia histórica muestra que, en contextos de estabilidad macroeconómica y planificación estratégica, pueden servir para dinamizar sectores productivos y aumentar la coordinación entre el Estado y el sector privado.
El problema surge cuando se implementan con la lógica de la motosierra: indiscriminadamente, sin inteligencia, equidad ni planificación. Ese es el camino que Javier Milei eligió, y los riesgos son tan visibles como peligrosos, por no decir letales.
En más de un año de gestión, el presidente redujo el gasto público en un 30% real, cerró 13 ministerios y despidió a más de 30.000 empleados estatales. Los recortes no fueron selectivos ni estratégicos: educación cayó un 52%, infraestructura un 74% y desarrollo social un 60%. El ajuste golpeó de lleno a los sectores más frágiles, mientras se priorizó el gasto en Defensa, Seguridad e inteligencia, que crecieron por encima del 200%. Este sesgo ideológico expone el verdadero trasfondo: no se trata de eficiencia, sino de un proyecto de desmantelamiento del Estado, al que el presidente describe como una asociación ilícita. Lo que ocurre, es que, contrariamente a lo que piensa el anarcocapitalista, el Estado no es una propiedad. El Estado es el aparato que debe dar respuesta a lo que dice la Constitución Nacional. Hoy, en varias áreas constitucionales, estamos retrocediendo con la excusa de un déficit fiscal que, aun cuando importante, desmiente un déficit moral.
La experiencia de los años noventa debería funcionar como advertencia. Durante el menemismo, que hoy retorna en su tercera generación, la apertura indiscriminada y la privatización masiva generaron desempleo estructural, precarización laboral y un aumento de la pobreza que en 2002 alcanzó al 54% de la población. No fue la falta de reformas lo que condenó al país, sino su aplicación sin equilibrio ni políticas progresistas de una modernidad que pide coordinación entre fuerzas no desagüe.
Desregular de manera abrupta y sin red social convierte a la economía en un campo minado, donde cada paso hacia adelante genera nuevas exclusiones. Es también, económicamente, contraproducente porque las contracciones en las capacidades del Estado repercuten en los insumos necesarios para el crecimiento sostenido, como por ejemplo una política industrial nacional o rutas transitables. Más todavía, en lo económico, la caída de la obra pública ya destruyó 200.000 empleos en la construcción.
En lo social, las jubilaciones licuadas dejaron a millones de adultos mayores con ingresos equivalentes a un tercio de la canasta básica.
En lo institucional, el vaciamiento de áreas como ciencia, salud y educación compromete el futuro del país, determinando una fuga de talentos y una segura fractura social cada vez más profunda. El retroceso en protección social, las privatizaciones de servicios esenciales y los recortes presupuestarios no son meros ajustes técnicos: son decisiones con consecuencias mortales.
La evidencia es contundente. Y evidente en la obra pública paralizada al 96%, dejando hospitales sin terminar y rutas inconclusas. Estas cifras no son tecnicismos presupuestarios: son camas que no existen, tratamientos que se suspenden, vidas que se pierden. En más detalle, la desregulación y ajuste a las áreas de salud, mitigación de la crisis climática y obras viales, por enfocarme en algunos ejemplos, son letales y están ocurriendo en un contexto de vaciamiento fanático sin horizonte ni planificación de capacidades estatales.
El futuro
Si hubiese una nueva pandemia o un terremoto en Salta, que es cuestión de tiempo, ¿estamos mejor o peor preparados? Repasemos.
En salud, la contracción se tradujo en desabastecimiento de medicamentos oncológicos en hospitales públicos y en la suspensión de programas de vacunación preventiva en varias provincias. La mortalidad infantil, que había bajado a 8,4 por mil nacidos vivos en 2022, mostró en 2024 un repunte en el norte argentino, donde la combinación de pobreza, desnutrición y colapso sanitario dejó estadísticas alarmantes.
No es casual: cuando se quita el piso de protección, los cuerpos más frágiles caen primero.
El DNU 70/2023 es el manifiesto normativo de esta visión. Modificó o derogó decenas de artículos de ley, lo cual provocó entre diciembre y marzo 2024 un incremento del 146% del precio de los medicamentos, 53% por encima de la inflación. Solo en marzo 2024, las ventas cayeron un 18,5% en unidades, lo que equivalió a 11,5 millones de tratamientos menos en un solo mes. Detrás de estos números hay pacientes con cáncer, enfermedades crónicas que quedaron sin medicación. Organizaciones civiles estiman que solo en 2024, al menos 60 pacientes oncológicos fallecieron por suspensión de programas estatales de provisión.
La desregulación dogmática sanitaria encontró su símbolo más brutal en el escándalo actual del fentanilo contaminado, con cerca de 100 muertes confirmadas. La ANMAT, históricamente reconocida en la región, sufrió un vaciamiento operativo que debilitó controles, habilitando la circulación de miles de ampollas adulteradas. La cadena de negligencias oficiales son el resultado de capacidades estatales perdidas a manos del auge de la motosierra. La misma tragedia aplica al tratamiento de las políticas de Estado para asistir a personas con discapacidad.
La emergencia climática no se detiene para escuchar teorías libertarias sobre exceso de Estado. Sin embargo, el gobierno decidió recortar un 65,4% en términos reales el presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente en 2024. La Administración de Parques Nacionales sufrió un recorte similar de 63,4% reales. El Fondo de Bosques Nativos, por ley dotado con el 0,3% del presupuesto nacional, recibió apenas el 10% de lo que le correspondía: $9.000 millones en vez de $164.200 millones, mientras Córdoba y la Patagonia se incendiaban.
Mientras tanto, inundaciones en Córdoba, Salta, Jujuy, Buenos Aires y Corrientes desplazaron a miles de familias.
El Estado nacional, atado a la motosierra fiscal, se desentendió de la asistencia inicial y de la inversión en infraestructura para mitigación, dejando la respuesta en manos de provincias desbordadas. Los familiares de las víctimas mortales de Bahía Blanca se acuerdan mientras se horrorizan sobre el veto presidencial para sanear la zona.
Seguridad vial
En este tablero de desguaces, la Agencia Nacional de Seguridad Vial también está en la mira. Con la excusa de reorganizar dependencias, el Decreto 461/2025 proyecta eliminarla junto con funciones claves de Vialidad Nacional. No es un mero cambio administrativo: hablamos de la institución que coordina controles de alcoholemia, otorga licencias nacionales, realiza patrullajes preventivos y suele ser la primera en llegar a un siniestro vial. El vaciamiento ya tiene correlato en las rutas: suspensión de mantenimientos básicos (bacheo, corte de pastos, señalización), accidentes fatales y un aumento de la siniestralidad en corredores estratégicos como la Circunvalación de Rosario. Con el 90% del transporte de cargas en camiones y una red ferroviaria diezmada desde hace décadas (otro invento menemista), abandonar el mantenimiento vial y la fiscalización equivale a multiplicar los riesgos de muertes evitables en cada kilómetro.
Hay daños que, si persisten, serán estructurales. Un sistema de salud fragmentado y mercantilizado es más difícil de reconstruir. Los bosques nativos arrasados, las especies extinguidas, no vuelven. Las muertes en rutas sin control son pérdidas definitivas. Y una generación de científicos expulsada es una oportunidad perdida de innovación por décadas. Argentina ya atravesó ciclos neoliberales con altos costos sociales, pero la velocidad y profundidad de este experimento libertario no tiene precedentes. Lo que está en juego no es solo un modelo económico: es la infraestructura mínima de un Estado capaz de proteger la vida, el ambiente, la integridad física y el conocimiento. En octubre, este modelo de país estará en las urnas.
.