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Hay un momento en toda democracia en el que la fe se transforma en obstáculo. Ese momento llegó para los votantes de La Libertad Avanza. El experimento libertario encabezado por Javier Milei atraviesa una policrisis, en palabras de Mario Riorda: un solapamiento de crisis de gestión, de corrupción y de deslegitimación política que se potencian unas a otras. En medio de esa tormenta, quienes depositaron su confianza en Milei ya no pueden seguir amparándose en la negación. El voto no es un cheque en blanco. La libertad, si realmente ha de avanzar, exige rendición de cuentas.
La negación no es simplemente un error cognitivo; es una estrategia emocional y política. Leon Festinger lo llamó disonancia cognitiva: cuando los hechos contradicen nuestras creencias, buscamos minimizar, relativizar o negar la evidencia para reducir el malestar. Los votantes libertarios enfrentan exactamente ese dilema. Apostaron a un líder que prometió ser distinto, destruir a una supuesta casta, devolver la libertad y domar la inflación. En lugar de eso, recibieron insultos como política de Estado, escándalos de corrupción que involucran a la hermana del presidente, un sistema de salud desfinanciado, provincias asfixiadas y un país atrapado en la incertidumbre. Ante tal abismo, la negación se convierte en refugio.
Pero la negación no inaugura la crisis: la agrava. Negar un hecho disfuncional solo instala encuadres adversos y priva al gobierno de la posibilidad de actuar. Del mismo modo, priva a los ciudadanos de ejercer su poder más importante: el control democrático. Negar esta evidencia se ha convertido en el último recurso para sostener la fe en un líder que se autoproclamó diferente. Pero la negación no es inocente, se convierte en el combustible que alimenta la impunidad. Al callar, los votantes legitiman. Al justificar, habilitan. Al insistir en que la política es esencialmente corrupta, refuerzan el círculo de cinismo que Milei decía venir a romper.
Los tiempos apremian. El gobierno libertario enfrenta no una, sino tres crisis superpuestas. La primera es la de la decepción, producto de expectativas desmesuradas frente a resultados magros. El mesías que iba a derrotar a la inflación y sanear el Estado solo logró profundizar la desconfianza y la precariedad. La segunda es la crisis de conductas desviadas, derivada de hechos flagrantes de corrupción. El escándalo en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad, con audios que involucran a la mismísima Karina Milei, hiere la línea de flotación del relato libertario: quienes prometieron honestidad se ven atrapados en la telaraña de coimas y favores. La tercera es la crisis de mala gestión, con episodios dramáticos como la ola de muertes por consumo de fentanilo adulterado, que, si bien tiene un correlato de desmanejo anterior a este gobierno, su manejo en crisis por parte del Ministerio de Salud fue y es nefasto. Allí el Estado mostró su peor rostro: la ausencia de protocolos, la falta de control, el desorden ministerial. Negar esta tríada de crisis es negar la realidad. Y hacerlo implica aceptar la degradación institucional como parte de lo cotidiano.
Los audios de Spagnoulo no son solo pruebas de corrupción, son también síntomas de un poder desbordado por su propia improvisación. Por primera vez en la historia democrática, se registran grabaciones dentro de la Casa Rosada que involucran a la secretaria general de la Presidencia. No son pinchaduras clásicas ni filtraciones judiciales: son audios amigos, grabaciones provenientes del propio entorno que exponen las internas libertarias. El problema no es solo lo que revelan, sino lo que simbolizan: un gobierno que confunde lealtades, que se espía a sí mismo y que, incapaz de controlar su propia intimidad, termina exponiendo al país entero a una crisis de gobernabilidad. El intento de censurar a periodistas por difundir estos audios confirma que la pulsión autoritaria late bajo el ropaje liberal.
"Apostaron a un líder que prometió ser distinto, y en lugar de eso, recibieron insultos como política de Estado".
La situación de Karina Milei, "El Jefe", es paradigmática. Su inamovilidad en medio del escándalo multiplica los costos políticos del gobierno. Cualquier otro funcionario habría sido desplazado; ella, en cambio, se mantiene intocable por ser la persona más importante en la vida del presidente más allá de su posición institucional. Esta centralidad personalista erosiona no solo al gobierno, sino también al sistema democrático. Cuando la lealtad familiar pesa más que la responsabilidad institucional, la rendición de cuentas se vuelve imposible. Los votantes que confiaron en Milei como solución contra la casta deben preguntarse: ¿no es esto la forma más pura de casta, donde el vínculo vale más que la ley?
La retórica de la "libertad" esconde un proyecto autoritario: cercenar derechos sociales y debilitar el control democrático para que las decisiones estratégicas se tomen fuera del alcance ciudadano. La censura a periodistas, la represión a manifestantes con discapacidad y el desprecio a los gobernadores son piezas de un mismo engranaje: blindar el experimento económico frente a cualquier oposición social. Si los votantes libertarios creen en la libertad, deben reconocer que la libertad que avanza es la de personas perseguidas por la justicia, no la de los ciudadanos. La democracia no se defiende con fe ciega, sino con exigencia. Los votantes que llevaron a Milei al poder tienen la responsabilidad histórica de exigirle lo que prometió: transparencia, eficiencia, respeto a la república. No se trata de traicionar un voto, sino de honrarlo. La historia argentina ofrece ejemplos repetidos de electorados atrapados en la negación. El menemismo prometió modernidad y terminó en desempleo masivo; el kirchnerismo se presentó como movimiento popular y terminó atrapado en la corrupción sistémica; el macrismo juró transparencia y dejó un endeudamiento récord. En cada ciclo, parte del electorado prefirió negar antes que exigir. La diferencia actual es la velocidad con que las crisis se acumulan. Nunca un gobierno había enfrentado, en menos de dos años, un escándalo de corrupción de tal magnitud, muertes masivas por desregulaciones desmedidas, censura a periodistas, desfinanciamiento integral de la salud y la educación y luces rojas en el plano económico y financiero. Si el presidente y su círculo íntimo no pueden explicar los audios, las coimas, la desregulación letal, la censura a la prensa o corregir las inconsistencias macroeconómicas, entonces la obligación ciudadana es clara: exigir respuestas, demandar cambios, reclamar justicia. Todo lo contrario, es complicidad.