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El caso de trata de alumnas que investiga la Justicia Federal de Salta expone una trama de captación, abuso y explotación de niñas y adolescentes a través de redes que operaban en al menos un colegio de la zona sur. En diálogo con El Tribuno, el defensor de víctimas, Nicolás Escandar, explicó cómo funcionaba el circuito, la magnitud de las pruebas recolectadas y el enfoque de contención hacia las jóvenes. "Hay que darles poder a las víctimas, afirmó, para que sepan que no hicieron nada malo. El proceso judicial no debe castigarlas, sino protegerlas y ayudarlas a reconstruir su vida".
Escandar detalló además que la investigación apunta a una organización estable con roles definidos y prácticas aberrantes de explotación sexual. Recalcó la importancia de sostener las prisiones preventivas de los imputados, avanzar en las pericias electrónicas y acompañar a las adolescentes con respeto y apoyo psicológico, para que más víctimas se animen a denunciar.
¿Cómo está el caso en estos días?
Estamos investigando una red de trata de niñas, alrededor de uno o más colegios. Había una serie de personas mayores de edad que detectaban ciertas necesidades económicas de niñas o adolescentes y les hacían propuestas a partir de sus necesidades para que se prostituyan. Una vez que eran captadas, entraban en un circuito de explotación que tenía por fin no solo explotarlas sexualmente con una persona, sino con múltiples personas. Incluso participaban de orgías o sexo grupal, y eran filmadas. A partir de ahí, la víctima quedaba inmersa en una red de explotación de la que se le hacía muy difícil salir.
Estamos en pleno proceso de investigación: analizando dispositivos electrónicos de las víctimas y de los imputados. Hay muchísima información, por lo tanto hay que ser prudentes, pero sí avanzamos en la idea de que había un circuito organizado, personas que de forma estable se dedicaban a la explotación de estas niñas, ya sea económica o sexual.
Una vez que eran captadas, entraban en un circuito de explotación que tenía por fin no solo explotarlas sexualmente con una persona, sino con múltiples personas.
Hay nueve implicados y ocho imputados, ¿no? Entre ellos un remisero, señalado como organizador jefe de la red de trata, calificado por asociación ilícita. ¿Por qué se elevó a ese rango?
El fiscal (Eduardo Villalba) consideró que, luego de las primeras investigaciones y de analizar los dispositivos electrónicos de los imputados, esto trascendía la mera explotación ocasional de las niñas. Se trataba de una organización estable en el tiempo, con roles y jerarquías definidas, dedicada de manera sistemática a la captación, acogimiento y explotación sexual de las víctimas.
El remisero lograba el primer contacto con las víctimas, hacía el ofrecimiento para captarlas y luego las explotaba junto con los demás imputados. La mayoría está con prisión preventiva; uno tiene prisión domiciliaria, y hay un imputado menor de edad, compañero de las adolescentes explotadas, cuya situación estamos analizando para ver si fue víctima-victimario. Hoy está en libertad, porque se le aplica el régimen penal de minoridad.
El remisero hacía el primer contacto y, a partir de ahí, entraba el engranaje que incluía a otras cinco personas, cuyo fin era explotar económicamente a las niñas: hacer pagos, prometerles la compra de celulares u otros bienes materiales, filmarlas o hacerlas participar en sexo grupal u otras prácticas aberrantes.
Un elemento clave de la trata es la coacción. ¿Extorsionaban a las víctimas? ¿Cómo funcionaba eso?
La ley de Trata deja de lado el consentimiento de la víctima. Más allá de las discusiones doctrinarias, no hace falta que haya violencia o engaño para que se configure el delito. De hecho, eso es un agravante. Si la persona es menor de edad, de ninguna manera puede consentir la explotación sexual. Incluso la pena se eleva considerablemente cuando se trata de niños, menores de 18 años.
Nuestra hipótesis es que, una vez dentro del circuito, las víctimas eran coaccionadas mediante el uso del material íntimo que los imputados filmaban o fotografiaban. Ese material quedaba en su poder y podía ser usado como amenaza si alguna víctima quería denunciar o salir de la red.
En la última audiencia se difundieron audios terribles. ¿Qué otros elementos aberrantes encontraron?
Detectamos una práctica sistemática de abuso sexual y cosificación de las niñas. No juzgamos la moral sexual de nadie, pero sí la comisión de delitos gravísimos. Lo más aberrante es la obsesión de los acusados por niñas muy pequeñas.
En un audio, uno de los imputados "vende" a las niñas: describe sus edades y "bondades" a otro hombre, diciendo que tiene de 17, 15 y hasta 14 años. Esa perversión y fijación por menores es lo más grave y debe castigarse con severidad.
La defensa sostiene que los imputados eran solo clientes. Esa es su hipótesis, y están en su derecho de plantearla. Pero nosotros creemos que eran algo más que clientes: compartían una red de explotación, aunque no siempre con beneficio económico. Algunos obtenían beneficios sexuales.
La defensa busca quitar el foco del delito de trata y llevarlo a figuras más leves como corrupción de menores o abuso sexual. Sin embargo, cuando se trata de niños, la trata arranca con una pena de 10 años, y la asociación ilícita agravada llega a 20. Para nosotros, esto es trata y vamos a sostenerlo.
Si la persona es menor de edad, de ninguna manera puede consentir la explotación sexual. Incluso la pena se eleva considerablemente cuando se trata de niños, menores de 18 años.
El caso tuvo una primera denuncia en la justicia provincial, ¿no?
Sí. Una madre denunció a mediados del año pasado un posible abuso sexual, al ver conversaciones inapropiadas entre su hija y el remisero. Luego la investigación avanzó y se detectó una red.
La ley establece que menores de 13 años no pueden consentir relaciones sexuales. Entre 13 y 16 pueden hacerlo, pero el consentimiento puede estar viciado por manipulación o vulnerabilidad. Y entre 16 y 18, si la práctica corrompe el desarrollo sexual, también es delito. Por eso investigamos posibles abusos cometidos con estupefacientes o coerción. Todo debe juzgarse en la Justicia Federal porque forma parte de un mismo sistema de explotación.
Se habla de al menos 16 víctimas y hasta de un cuadro tarifario. ¿Existía?
Sí. Reforzamos la hipótesis de una organización. No era un grupo de personas contratando sexo: había un sistema con roles definidos; uno filmaba, otro proveía drogas, otro captaba; y hasta un cuadro tarifario.
Cobraban distintas sumas según la práctica o si la víctima era virgen. Los precios iban de 60.000 a 200.000 pesos. ¿Cómo surge eso?
Todo surge del análisis de los celulares secuestrados.
¿Cómo accedieron a esos datos si algunos imputados no desbloquearon sus teléfonos?
Algunos colaboraron y otros no, pero existen métodos para recuperar información, como acceder a copias de seguridad en la nube. La mayoría dio su patrón y se está analizando.
El problema es la enorme cantidad de datos que almacenan los dispositivos. Hay que separar lo relevante de lo irrelevante, y eso lleva tiempo. El fiscal pidió plazo hasta marzo del año que viene, con posibilidad de prórroga. La meta es llegar pronto a una acusación firme para ir a juicio.
¿En qué situación está el imputado menor de edad?
Estamos evaluando si fue víctima o victimario. Tenemos algunas declaraciones previas en Cámara Gesell que podrían indicar que participó en alguna práctica sexual, pero no está probado. Queremos ser prudentes y analizar si también fue explotado antes de colaborar con los adultos.
El levantamiento del secreto bancario fue clave. ¿Por qué es importante?
En los casos de trata, las transferencias bancarias o en billeteras virtuales son pruebas centrales de la explotación. Queremos ver si hubo movimientos de dinero entre imputados y víctimas.
También creemos que puede haber habido explotación sin dinero, con fines sexuales y perversos. La satisfacción de esos deseos constituye igualmente un beneficio para los imputados.
Desde su rol, ¿cómo se aborda un tema tan sensible con menores?
Es muy difícil. Las víctimas sienten vergüenza, creen que hicieron algo malo o desobedecieron a sus padres. El trabajo es hacerles entender que no tienen culpa alguna.
Hoy hay un enfoque multidisciplinario: intervienen psicólogos, y las entrevistas se hacen una sola vez, grabadas, para evitar revictimización.
Antes de declarar, la víctima tiene una entrevista privada con un profesional que la orienta y contiene. Creo en respetar la voluntad de la víctima: si no quiere hablar de algo, no hay que forzarla. Puede perjudicar la investigación, sí, pero es un costo que debemos asumir para protegerla.
Incluso puede negarse a aportar su celular o a declarar, ¿no?
Exactamente. Si la víctima no quiere entregar su celular, está en su derecho. El análisis debe centrarse en los imputados y otras pruebas.
Lo fundamental es no revictimizar y empoderar a las víctimas: que sientan que el proceso no las castiga, sino que las protege y les devuelve poder para obtener justicia. La condena es una reparación simbólica, pero también debe haber reparación económica.
¿Van a solicitar reparación económica para las víctimas?
Sí. En los casos de trata existe un sistema especial que permite obtener reparación con bienes de los imputados o con fondos fiduciarios del Estado. La reparación simbólica de la pena es importante, pero muchas víctimas necesitan apoyo económico para rehacer su vida. Esa es la segunda pata de la justicia.
El próximo lunes hay una audiencia por la apelación de las prisiones preventivas. ¿Por qué deberían mantenerse?
Se apeló la preventiva de tres imputados: dos detenidos y uno con domiciliaria. Deben continuar detenidos por la gravedad de los delitos y las altas penas que enfrentan. Además, las víctimas aún no declararon. Si los agresores recuperan la libertad, el temor puede silenciarlas. Incluso después de las primeras detenciones, las víctimas siguieron recibiendo propuestas para seguir siendo explotadas, lo que demuestra el riesgo de entorpecimiento. Por sentido común y por protección, las prisiones deben mantenerse al menos hasta la finalización del juicio.