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En la séptima jornada del juicio contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, la Fiscalía anunció que solicitará investigar al vicedirector del penal, Marcelo Romero, luego de que fuera detenido y liberado en el marco de su declaración como testigo.
El Tribunal de Juicio —integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— ordenó la detención de Romero hasta el cierre de la audiencia, ante el pedido de la Unidad Fiscal de relevarlo de su juramento al considerar que sus respuestas podían implicar una autoincriminación y configurar un incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El testimonio de Marcelo Romero
Romero, que desde enero de 2023 ocupa el cargo de jefe del Departamento de Tratamiento y Vigilancia y preside el Consejo Correccional, aseguró que las puntas halladas en la oficina de Jefatura “no son puntas” sino “punzones chicos” que, según él, no están prohibidos y que los internos utilizan para sacar punta a lápices. La Fiscalía, sin embargo, exhibió fotografías de los elementos secuestrados, a lo que Romero insistió en que no reúnen las características de armas carcelarias prohibidas.
Durante su testimonio, describió que las requisas a internos se realizan sin previo aviso y que celulares y drogas secuestrados se trasladan con cadena de custodia, mientras que las puntas deben enviarse a Sumarios para su destrucción. Sin embargo, reconoció que no indagó por qué los objetos hallados estaban en el escritorio del jefe de pabellón.
Romero también habló del ingreso de droga al penal, señalando que el método más frecuente es el “voleo” o “paloma” sobre los muros, además de las visitas, y afirmó que semanas atrás se secuestraron más de 200 dosis de pasta base. Negó, además, las acusaciones de un interno que aseguró haber sido golpeado y aislado durante 60 días tras declarar contra personal penitenciario.
Familiares de internos declararon haber realizado transferencias
En la audiencia también declararon familiares de internos, quienes relataron el pago de transferencias a cuentas indicadas por sus hijos y la entrega de dinero y teléfonos a miembros del Servicio Penitenciario para su ingreso al penal.
Además, tres empleados del Consejo Correccional indicaron que, durante el período investigado, no se realizaron reuniones formales del organismo y que en algunos casos desconocían el reglamento interno.