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Raúl Ricardo Rojas, alias El Coya, fue condenado en el 2020 a prisión perpetua por la justicia provincial que lo encontró culpable de liderar a sicarios para atacar a tiros a dos hombres en Orán, uno de ellos murió y el otro fue gravemente herido. Ese mismo año, el capo narco recibió una condena del fuero federal por narcotráfico. De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por este medio, desde fines del 2022 la primera causa está radicada en impugnación y hasta el momento no hay novedades.
Que la condena que recibió el líder de sicarios se encuentre en instancia de Impugnación, a pesar de los años que pasaron, significa que una de las partes, o ambas –defensa y parte acusadora-, presentó un recurso para que el tribunal de alzada revise el fallo que en julio de hace cinco años dictó la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán compuesto por María Laura Toledo Zamora, Héctor Fabián Fayos y Raúl Fernando López.
Por otra parte, en algunos casos el tiempo transcurrido a veces parece ser excesivo dado que en juego se encuentra nada menos que la posibilidad de modificar o no la situación del condenado. Mientras tanto El Coya Rojas purga sus condenas en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, una de las cárceles de máxima seguridad del país. ¿Por qué llegó hasta ese lugar? Porque mientras pernoctaba en el penal federal de Güemes los investigadores descubrieron que llevaba a cabo un procedimiento narco, además de planificar su fuga.
Las condenas
Ricardo Raúl Rojas fue condenado a la pena de prisión perpetua por ser coautor del delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Gerónimo; y por homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria y por el uso de arma de fuego en perjuicio de Martínez. Además deberá pagar la multa por el monto de 90 mil pesos.
En ese mismo fallo también recibió perpetua el sicario José Martín Castillo, alias "Pájaro", acusado de ser coautor del delito de homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria y por el uso de arma de fuego en perjuicio de Martínez.
En junio de 2020 El Coya fue condenado a nueve años de prisión por liderar desde adentro del penal federal de Güemes una organización narcocriminal, donde también cayeron su pareja y otros dos hombres. Secuestraron un lugar que era llamado "La Iglesia" y servía para acopiar la droga, secuestraron un auto y más de 300 kilos de marihuana y 90 de cocaína.
De ladrón de bicis a narco
Tiene 40 años, desde joven comenzó a delinquir hasta ser conocido en el ambiente delictivo de Orán. En pocos años Raúl Rojas tuvo un ascenso fugaz en el mundillo narcocriminal pasando de ser un conocido ladrón de bicicletas a un líder narco, capaz de contratar a sicarios para vengarse de los traidores.
Antes de llegar a mundo de las drogas, El Coya tuvo que curtirse en el terreno delictivo pasando de robar bicis a ser motochorro, asaltos a mano armada hasta llegar al complejo universo del narcotráfico.
El clamor del penado frente al régimen penitenciario
El martes pasado el juez federal Renato Rabbi-Baldi Cabanillas una resolución revocando parcialmente el fallo del juez Domingo José Batule del Tribunal en lo Criminal Federal 2 de Salta, quien algunas semanas atrás había declarado inconstitucional el régimen que tiene al Coya Rojas bajo una estricta seguridad en el penal de Ezeiza.
"No podemos hablar de una hipótesis de veinte horas de encierro. La diferencia son cuatro horas. Desde ese punto de vista, mantengo la constitucionalidad del régimen y revoco la sentencia del doctor Batule", expresó.
La decisión de Rabbi-Baldi marca un punto de inflexión en la causa: si bien ratificó la constitucionalidad del régimen, reconoció fallas en su aplicación y ordenó ajustes inmediatos para garantizar derechos básicos del detenido como poder tener contacto con su familia, derecho a una educación real y hacer actividades físicas tres horas semanales en vez de una, entre otras cuestiones.
En sus declaraciones frente al camarista federal El Coya sostuvo que "es un acto de crueldad, están soprepasando todos los límites". Además, dejó en claro que no reclama privilegios, sino la posibilidad de ejercer derechos reconocidos en la legislación penitenciaria. "Dios me hace pagar a mí lo que hice, pero también a ellos lo que están haciendo. Esto no es justo", finalizó.