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28 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
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Muerte de Federico Villagra: la defensa apeló la prisión preventiva y reclamó un cambio de carátula

El abogado de uno de los acusados cuestionó la investigación fiscal, sostuvo que no hubo una golpiza fatal y afirmó que los informes médicos indican que el músico murió por una sepsis. La causa fue elevada al Tribunal de Impugnación.
Miércoles, 28 de enero de 2026 09:14
Gonzalo Maidana, abogado defensor de Jesús Ortega, uno de los tres detenidos por la muerte del músico Federico Villagra.
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La defensa de uno de los imputados por la muerte del músico Federico Villagra, ocurrida el 4 de diciembre de 2025 en Aguaray, apeló la prisión preventiva dictada contra los detenidos y solicitó además un cambio de carátula en la causa.

El abogado Gonzalo Maidana, defensor de Jesús Ortega, uno de los tres acusados, sostuvo que la fiscalía que investiga el hecho construyó un proceso “más basado en el impacto mediático que en el rigor técnico”, y cuestionó que se hayan ignorado pruebas científicas que, según afirmó, podrían modificar sustancialmente el rumbo de la investigación.

Villagra, de 33 años, falleció luego de permanecer dos semanas internado en el hospital San Vicente de Paul de Orán. Para la defensa, los cuestionamientos no solo apuntan a la situación procesal de los imputados, sino también a lo que consideran una reconstrucción acelerada de los hechos, influida por la presión social.

La autopsia del CIF y el análisis de las historias clínicas

Uno de los principales argumentos de la defensa se apoya en los resultados de la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Mientras que la versión inicial -rápidamente difundida por distintos medios- hablaba de una supuesta “lluvia de golpes” propinada por varias personas, el informe forense arrojó conclusiones diferentes.

Según el CIF, el cuerpo de Villagra no presentaba signos de violencia externa. No se detectaron fracturas de cráneo ni hematomas en el rostro, lesiones habitualmente asociadas a ataques grupales de extrema violencia. Tampoco se hallaron signos de defensa, como marcas en manos o antebrazos.

Maidana explicó que su defendido reconoce haber dado un único golpe en la zona abdominal, en el marco de una riña, pero aclaró que esa conducta “dista mucho

de la golpiza brutal” que la fiscalía sostiene para encuadrar el hecho como homicidio simple. En ese sentido, solicitó el cambio de carátula a una figura como homicidio preterintencional -sin intención de causar la muerte- o culposo.

“Considerar este hecho como un homicidio simple es, a nuestro entender, un exabrupto jurídico”, afirmó.

“Un pedido de justicia que puede transformarse en una gran injusticia”

El defensor remarcó su solidaridad con la familia de la víctima, pero sostuvo que su rol profesional lo obliga a evitar que un reclamo legítimo derive en una injusticia procesal. “En el proceso penal se debe hablar desde las pruebas y el método, no desde los dichos, los comentarios o las percepciones. No se puede valorar un expediente bajo presión social”, señaló.

Maidana indicó que la causa fue apelada ante el Tribunal de Impugnación, al considerar que no existen riesgos procesales que justifiquen la prisión preventiva, como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. “La prisión preventiva no puede convertirse en un adelanto de condena”, sostuvo.

Asimismo, precisó que, ante los cuestionamientos a la autopsia del CIF, se solicitó el análisis de las historias clínicas de los hospitales de Aguaray, Tartagal y Orán, donde Villagra fue asistido. Según la defensa, todos los informes coincidieron en que la causa del fallecimiento fue una sepsis, es decir, una infección, y que las lesiones detectadas no fueron determinantes para su muerte.

“Federico no murió como consecuencia de una brutal golpiza, como se comenta públicamente”, insistió.

Testigos denunciaron presiones

El abogado también denunció que testigos citados por la defensa estarían sufriendo amenazas y presiones para no presentarse a declarar. Según explicó, estas personas ya brindaron testimonios ante la Brigada, cuyos dichos no coinciden con los rumores que circularon tras el hecho.

“Es lógico que tengan temor de decir lo que vieron o saben. Lejos de poner en riesgo la investigación, es mi defendido quien se encuentra en riesgo por decisiones judiciales adoptadas bajo presión social”, afirmó.

Finalmente, Maidana sostuvo que la fiscalía debe cumplir con el principio de objetividad, contemplado en el artículo 77 del Código Penal, y advirtió que ceder ante la presión mediática puede derivar en una “seudo venganza” que solo profundiza la injusticia.

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