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La muerte de Tiago Mendoza, un adolescente de Orán, dejó de ser solo un hecho doloroso ocurrido en una plaza del norte salteño para convertirse en un reclamo público que llegó hasta la Casa de Gobierno. Conmovidos, pero decididos a no callar, su madre, su abuela y otros familiares se trasladaron 300 kilómetros a Salta capital con una consigna clara: justicia efectiva y respuestas concretas frente a una cadena de hechos que, aseguran, no puede quedar reducida a una estadística más.
El encuentro se dio con el ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, Ignacio Jarsún, quien recibió a los familiares en representación del Ejecutivo provincial. Según se informó oficialmente, el funcionario expresó el acompañamiento integral del Estado y puso a disposición herramientas y recursos institucionales para asistir a la familia en este momento crítico.
Pero el reclamo va más allá del despacho ministerial. La familia de Tiago busca que el crimen tenga una pena real y proporcional, aun cuando el autor sea otro menor de edad. En ese punto, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre responsabilidad penal juvenil, un tema sensible que atraviesa a toda la sociedad salteña y que, cada vez que ocurre un hecho de estas características, reaparece con fuerza.
El cuestionamiento al sistema de salud
Uno de los ejes más duros del planteo familiar apunta al hospital San Vicente de Paul, de Orán. Según relataron, Tiago llegó agonizando por sus propios medios tras haber sido atacado con un arma blanca, y allí -afirman- se produjo una demora en la atención de guardia que podría haber sido determinante. Esa situación, sostienen, debe ser investigada con la misma seriedad que el hecho violento ocurrido en la plaza Santa Marta, escenario del ataque.
El señalamiento no es menor: para la familia, no se trata solo de cómo murió Tiago, sino de todo lo que ocurrió después, cuando aún había una posibilidad de salvarle la vida. Por eso, el reclamo incluye pedidos de informes médicos, revisión de protocolos de emergencia y eventuales responsabilidades administrativas.
La presencia de los familiares en Salta capital tuvo también un objetivo simbólico: sacar el caso del ámbito local y evitar que el paso del tiempo lo diluya. En ese sentido, el encuentro con el ministro Jarsún fue leído por la familia como un primer paso, aunque remarcan que esperan hechos concretos y no solo gestos institucionales.
Desde el Gobierno provincial indicaron que se mantendrá el seguimiento del caso y el contacto con la familia, en articulación con otras áreas del Estado.