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La custodia fija estaba ordenada, pero no había policías disponibles para cumplirla. Horas después, Natalia Cruz fue asesinada a manos de su expareja Orlando Serapio, quien permanece prófugo. Su camioneta Ford EcoSport, fue hallada abandonada en la zona de Chorrillos en las últimas horas.
El femicidio de Natalia Cruz, ocurrido el 17 de febrero pasado, no fue un hecho inesperado, ni un episodio aislado, sino la consecuencia de advertencias ignoradas, decisiones judiciales insuficientes y un sistema que reaccionó demasiado tarde
Quienes conocían a Orlando Serapio coinciden en algo: no era un sujeto tranquilo. La denuncia radicada en noviembre de 2025 describía con precisión un patrón de acoso constante hacia su expareja, incluso en ámbitos impensados, como las clases de catequesis. Hubo una seguidilla de denuncias, ampliaciones y pedidos desesperados de protección. Las restricciones perimetrales comenzaron a acumularse, pero nunca lograron frenar la escalada de violencia.
Febrero pasado fue el mes más alarmante. Los indicios de que Serapio podía matar eran cada vez más evidentes. Sin embargo, el sistema judicial interpretó que una simple perimetral alcanzaba. El Juzgado de Violencia Familiar 2 entendió que esa medida era suficiente, aun cuando la víctima insistía, una y otra vez, en algo mucho más concreto: custodia policial fija.
El 3 de febrero se ratificó la restricción perimetral, pero no la protección efectiva que Natalia pedía. Se decidió sostener una orden en el papel, sin garantizar su cumplimiento en la realidad. El 9 de febrero ocurrió lo que debía haber cambiado todo: Serapio ingresó borracho por la ventana trasera de la vivienda del barrio Luz y Fuerza. La hostigó, intentó golpearla. Natalia logró escapar y acudir a la Policía. Ese episodio, según los protocolos de riesgo en violencia intrafamiliar, debía haber derivado en una detención inmediata por violación de la perimetral y reiteración de hechos violentos.
El 14 de febrero la víctima volvió a ampliar la denuncia. Pedía custodia fija. La respuesta volvió a ser insuficiente. El sistema siguió funcionando con tiempos burocráticos.
El 17 de febrero, horas antes del crimen, Natalia se presentó junto a una hermana en la comisaría de Campo Quijano. Allí le informaron que finalmente había salido la orden de custodia fija para su domicilio. Pero la frase que siguió resume una falla estructural: "No había policías disponibles".
La Justicia había ordenado protección sin verificar si existían recursos reales para cumplirla. Natalia regresó a su casa sin saber que esa decisión marcaría sus últimas horas. Sus hijos ya no estaban: alguien le informó que el padre se los había llevado, un dato que hoy también forma parte de la investigación. Poco después, alrededor de las 15 horas, una hermana de Natalia, llegó al lugar y encontró a Serapio saliendo de la vivienda, visiblemente alterado. Minutos más tarde, Natalia fue hallada brutalmente golpeada, con lesiones en el rostro y el cuerpo y un cable alrededor del cuello. La dejó agonizando. Murió poco después.
La brecha entre las resoluciones y los recursos
El femicidio de Natalia Cruz expone una problemática que trasciende el caso puntual y vuelve a poner bajo análisis la capacidad institucional para evaluar y gestionar situaciones de alto riesgo en contextos de violencia de género.
En este expediente se dictaron medidas de protección que no llegaron a concretarse plenamente. La orden de custodia fija fue emitida, pero no pudo cumplirse por falta de personal disponible. El hecho evidencia la distancia entre las resoluciones judiciales y los recursos operativos de las fuerzas de seguridad para ejecutarlas.
Fuentes vinculadas al sistema señalaron que en la jurisdicción se estima que existe una demanda de 20 custodias fijas para una comisaría que apenas cuenta con ocho efectivos por turno, lo que condiciona la implementación inmediata de cada disposición.
La normativa vigente establece que las medidas deben adecuarse al nivel de riesgo detectado y que su cumplimiento debe ser efectivo. Sin embargo, en la práctica, la disponibilidad de recursos humanos y logísticos se convierte en un factor determinante para su ejecución.
El caso refleja además una secuencia frecuente en expedientes de violencia intrafamiliar: denuncias reiteradas, restricciones perimetrales, incumplimientos y medidas que dependen de su viabilidad operativa para ser efectivas. Cuando esa cadena no logra interrumpir la escalada de violencia, las falencias del sistema quedan expuestas.
La investigación deberá determinar responsabilidades individuales y administrativas, mientras el hecho vuelve a abrir el debate sobre la articulación entre Justicia y fuerzas de seguridad.
Orlando Serapio no aparece
Hoy, Orlando Serapio, el presunto femicida permanece prófugo y su camioneta fue hallada abandonada en la zona de Chorrillos, lo que intensificó los operativos de búsqueda en áreas montañosas de Campo Quijano.
Lejos de representar una solución, terminaron siendo apenas un trámite administrativo frente a un agresor reincidente. Cada incumplimiento fue una alarma. Cada hostigamiento, un aviso más de lo que podía suceder. Y volvió a demostrar que las medidas judiciales no significaban nada para él