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A instancia de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal Marcos Romero, el juez federal de revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas —de la Sala I de Revisión—, condenó a 4 años de prisión a pareja que en octubre pasado fue detenida en la localidad salteña de Aguas Blancas cuando intentaba cruzar a Bolivia por un paso clandestino, con más de 200 mil dólares ocultos en fajas adosadas a sus cuerpos.
Los condenados son Gonzalo Aruquipa Huanca y a su pareja Santusa Isabel Revollo Nogales, quienes fueron considerados coautores del delito de contrabando de exportación de divisas agravado por el monto, en grado de tentativa.
La sentencia fue dictada el 10 de marzo pasado, en el marco de un acuerdo pleno presentado en audiencia por el fiscal Romero. Además de la pena, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, el magistrado también ordenó el decomiso de los 214 mil dólares secuestrados a los acusados.
El magistrado dispuso que la pena sea de cumplimiento efectivo para Huanca, mientras que para Revollo Nogales ordenó arresto domiciliario, en atención a que tiene hijos menores de edad a su cargo.
En el caso, también intervinieron el auxiliar fiscal Luis Francisco Valencia y la investigadora Analía Cabral Castellanos.
Interceptados en un paso ilegal
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 8 de octubre del año pasado cuando personal del Móvil 3 de Gendarmería Nacional observó a la pareja caminar por el paso ilegal conocido como “Los Gomones” del río Bermejo, en la zona de Aguas Blancas, en el norte salteño, con intenciones de egresar del país y cruzar hacia el Estado Plurinacional de Bolivia.
En esas circunstancias, los gendarmes decidieron interceptarlos para un control y, durante la identificación, advirtieron bultos pronunciados a la altura del abdomen del hombre y la mujer. Al revisarlos descubrieron que llevaban fajas con bolsillos ocultos adosadas al estómago, en cuyo interior transportaban 214 mil dólares.
Investigación patrimonial
En el procedimiento, Huanca reconoció que el dinero era suyo y sostuvo que se dirigían a la ciudad boliviana de Bermejo para comprar prendas de vestir y venderlas en Argentina.
Sin embargo, sus declaraciones generaron dudas en los investigadores, ya que manifestó que era la primera vez que realizaban ese tipo de viaje pese a afirmar que trabajaban en ese rubro desde hacía más de 13 años. Luego, durante la audiencia de formalización de la investigación, explicó que poseía un taller textil y que los fondos provenían de sus “ahorros” de “más de diez años” y que no tenían “ninguna mala procedencia”.
A partir de ello se dispuso una investigación patrimonial, a cargo del Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico y de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, cuyos expertos analizaron información proveniente del Banco Central, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), empresas proveedoras de servicios virtuales y remesadoras de dinero como Correo Argentino y Western Union, entre otras.
Además, el análisis del contenido de los teléfonos celulares secuestrados fue concluyente porque permitió establecer que los imputados tenían pleno conocimiento de la actividad ilícita que realizaban e incluso surgieron indicios de que en agosto pasado habrían realizado otro contrabando con la misma modalidad.
Algunos de los mensajes incriminatorios recuperados y expuestos por la fiscalía, fueron los siguientes:
- “Contalo bien nomás, 110 te tiene que dar”.
- “Estaba bien costurado, me costó desatar, son dos fajas negras”.
- “Primo llamale a este número al Gonzalo”.
- “Tengo problemas. No me llames” (el día de la detención).
Acuerdo y decomiso
Sobre el delito, los representantes del Ministerio Público Fiscal resaltaron que “el contrabando se caracteriza por tratarse de operaciones de importación o de exportación ejecutadas a través de maniobras clandestinas o eludiendo el control aduanero”.
En el acuerdo presentado ante el tribunal, la fiscalía destacó que el contrabando consiste en operaciones de importación o exportación realizadas mediante maniobras clandestinas o mediante la elusión de controles aduaneros, lo que afecta el adecuado ejercicio de las funciones del servicio aduanero.
En función de ello, y dado que los acusados incurrieron en un accionar penado por el Código Aduanero es que la fiscalía optó por resolver el conflicto a través de un acuerdo pleno —sobre el hecho, la participación, la calificación legal y la pena—, tal como lo promueve el Código Procesal Penal Federal.
El juez interrogó durante la audiencia a Huanca y Revollo Nogales para verificar que hubieran sido debidamente informados sobre los alcances del acuerdo y que prestaran su consentimiento. Ambos manifestaron que conocían sus términos y confirmaron su conformidad con lo pactado.
En función de ello, el magistrado homologó el acuerdo, las penas acordadas y la modalidad de cumplimiento, así como el decomiso de los 214 mil dólares, que quedaron a disposición de la ARCA.