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El proyecto que proponía incorporar el artículo 31 bis al Estatuto del Educador y prohibir los traslados de docentes con menos de seis años para jubilarse no llegó el martes al recinto de Diputados. La iniciativa, impulsada por legisladores del bloque Gustavo Sáenz Conducción, buscaba frenar lo que consideran traslados sin justificación pedagógica y movimientos reiterados que afectan la estabilidad escolar.
La propuesta, firmada por los diputados Gerónimo Arjona, Moisés Balderrama, Enzo Chauque, Fabio López, Germán Rallé, Rogelio Segundo, Ernesto Tapia, Ricardo Vargas y Raúl Vargas, no cuenta aún con dictamen de las comisiones de Educación ni de Legislación General. Su tratamiento se postergó tras el reclamo de los gremios docentes, que denunciaron falta de consulta y acordaron una reunión para el próximo lunes a las 17 en la Legislatura.
Un sistema en revisión
El debate se produce en medio del análisis del cuadro provisorio de aspirantes a traslado 2026, elaborado por la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, que revela la magnitud del fenómeno: 1.208 docentes y personal educativo solicitaron cambio de destino, aunque 334 pedidos fueron rechazados por incumplir requisitos administrativos o falta de documentación.
Los 874 casos restantes están en evaluación. El informe muestra que el 60% de los traslados se piden por razones particulares, otro 25% por acercamiento al domicilio y un 10% por atención de hijos pequeños. En menor medida aparecen motivos como atención de un familiar enfermo o integración del núcleo familiar.
Entre los cargos jerárquicos, 37 directivos (entre vicedirectores y directores) también solicitaron traslado. La mayoría argumentó razones familiares o personales, y los casos se concentran en el interior provincial.
La mirada gremial
El secretario general de la ADP, Fernando Mazzone, había anunciado un paro en rechazo al proyecto, aunque la medida se suspendió tras la convocatoria al diálogo. "Querían sacar una ley sin consultar a ninguno de los actores. Nosotros pedimos una reforma integral del Estatuto del Educador, que tiene 30 años, pero con participación docente. No puede hacerse por parches", señaló Mazzone en diálogo con este diario.
El dirigente consideró que el régimen de traslados necesita revisión, pero rechazó hacerlo por vía de una restricción. "El docente tiene derecho al traslado. Si hay que modificar el ingreso, los criterios o el control de licencias, hagámoslo conversando. No se puede reformar algo de espaldas a los trabajadores", sostuvo.
Mazzone también reconoció que existen abusos en el uso de carpetas médicas y cambios de domicilio irregulares, pero insistió en que esos temas deben discutirse en el marco de una actualización general de la ley 6.830. "Al docente que pidió traslado y presenta carpeta médica, seis meses antes alguien le firmó el apto físico", advirtió.
"Perjudican al interior"
Por su parte, el diputado Gerónimo Arjona, autor del proyecto, defendió su propuesta como una respuesta a reclamos del interior provincial, en particular de San Antonio de los Cobres, donde se desempeñó durante 26 años y se retiró como vicedirector. "No podemos mandar ocho o 10 personas a una institución y cambiar todo el plantel educativo. Esos movimientos perjudican el aspecto pedagógico y desplazan a docentes lugareños, muchos de los cuales son interinos o suplentes", explicó.
Arjona aseguró que el proyecto surgió a partir de casos concretos. "Ahora me dijeron que hay un pedido de traslado de 24 docentes para San Antonio de los Cobres. El tema es que muchos de los que llegan lo hacen para jubilarse y luego piden licencia médica. No es justo para los chicos y los que viven y trabajan en la zona", señaló.
El legislador admitió que no consultó formalmente a los gremios antes de presentar la iniciativa, pero celebró la apertura de una instancia de diálogo. "Conversemos, pero cumplamos los requisitos de manera transparente y no perjudiquemos a los demás. Mi planteo apunta a cuidar la estabilidad pedagógica de las escuelas del interior", indicó.
Antecedentes
En marzo pasado, la ministra de Educación, Cristina Fiore, en el Senado reconoció que existen irregularidades en algunos traslados hacia zonas desfavorables. "Es cierto que hay docentes que llegan y luego presentan carpeta médica. Esa es una realidad y la vamos a trabajar", había afirmado entonces, al anunciar mayores controles sobre las licencias psiquiátricas y médicas.
Fiore recordó que el derecho al traslado está garantizado por la ley 6.830, pero remarcó que el problema no radica en la norma, sino en la falta de supervisión y control de los procedimientos. La funcionaria también destacó que en 2024 el Ministerio logró reducir el ausentismo docente en un 30 por ciento, aunque reconoció que el desafío persiste "en los parajes y lugares más inaccesibles".