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El caso de la avioneta siniestrada el martes último en la zona de Horcones, Rosario de la Frontera, volvió a poner en evidencia el corredor aéreo del narcotráfico que atraviesa el norte argentino. Dentro de la aeronave, cuya matrícula boliviana fue intencionalmente raída, se hallaron 136 kilos de cocaína. Al día siguiente, con información aportada por los primeros dos detenidos de los cinco que están imputados desde el viernes, se recuperaron otros 228 kilos. Estaban enterrados en un campo de Antillas, a 70 kilómetros del potrero donde el Cessna impactó contra un VW Gol que marcaba la pista, tras un accidentado aterrizaje que terminó con el automóvil destruido y calcinado.
Fue el segundo siniestro de este tipo en dos años y uno más de una larga lista que se remonta hasta 2008. El incidente más reciente fue el de otra avioneta que apareció incendiada en la zona de Misión La Paz, cerca de la frontera de Rivadavia con Paraguay, sin tripulantes ni rastros del cargamento presumido en ese frustrado narcovuelo. Lo concreto es que la "lluvia blanca" o "bombardeo de droga" sigue siendo una constante en el vulnerable espacio aéreo de Salta.
Las aeronaves utilizadas en los narcovuelos tienen rasgos distintivos de los que El Tribuno dio cuenta en más de un informe publicado desde 2015. Las avionetas con las que se filtran grandes cargamentos de cocaína al país son, en su inmensa mayoría, aeronaves con más de 30 años de uso importadas desde La Florida (Estados Unidos) a Santa Cruz de la Sierra. En Bolivia reciclaron sus matrículas y las adaptaron para cargar hasta 500 kilos de droga. En los últimos 17 años el narcotráfico perdió decenas de aeronaves en el norte argentino, pero por cada una hay al menos otras diez alistadas para trasponer la frontera de Salta a baja altura y hacer llover cocaína en fincas situadas al sur de la ruta nacional 16, límite de su autonomía de combustible. De vez en cuando, alguna termina siniestrada o incautada en campos de Anta o Rosario de la Frontera por averías o aterrizajes fallidos en pistas clandestinas.
El accidente de Horcones no fue el primero ni el último. En noviembre de 2014 otra avioneta se estrelló en finca San Severo, Anta, luego de arrojar 250 kilos de cocaína. Aquel vuelo era piloteado por Erick Osman Méndez Donoso, un instructor boliviano con condena pendiente en su país. Como él, decenas de jóvenes pilotos formados en 15 academias de Santa Cruz de la Sierra y Trinidad perdieron la vida o su libertad.
Matrículas recicladas
De registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia se desprende que solo entre 2012 y 2014 el gobierno del vecino autorizó la importación de más de 200 aeronaves desde La Florida, muchas descartadas en Estados Unidos con más de 30 años de antigüedad. Más de la mitad de esas avionetas terminó desviada al narcotráfico y siguen volando con una absoluta falta de control operacional en aeródromos y pistas clandestinas.
Con herramientas satelitales, solo en los departamentos de Beni, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) geolocalizó entre 2018 y 2023 más de 440 pistas aéreas ilegales. A muchas se las mostró inutilizadas con detonaciones explosivas, pero aquellas intervenciones no pasaron de un golpe efectista que aplacó cuestionamientos internacionales. Hoy Bolivia tiene al menos 270 pistas clandestinas activas bajo un cielo "convertido en un corredor aéreo de cocaína", como definió el diario El Deber en un detallado informe periodístico.
Cruces de los registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia con elementos reunidos en legajos investigativos de la Unidad Fiscal Federal de Salta y expedientes de los juzgados federales de la jurisdicción relacionados con la "lluvia blanca", muestran que siete de cada diez narcoavionetas accidentadas o incautadas en el norte argentino en los últimos 15 años tenían matrículas recicladas en Santa Cruz de la Sierra o Beni. Otras ingresaron desde Paraguay y una decena fue robada en aeroclubes de distintas provincias argentinas.
La desmesurada cantidad de escuelas de pilotos civiles que tiene Santa Cruz de la Sierra y Trinidad son parte de la trama criminal. Solo en torno al aeropuerto El Trompillo funcionan actualmente 12 academias en las que se forman decenas de jóvenes oriundos de Bolivia, Colombia, Perú y Brasil. Los cursos cuestan entre 30 y 40 mil dólares, y los pilotos egresan con una licencia privada. Algunos la obtienen con apenas 17 años de edad y apenas después de graduados son incorporados por redes narcos.
El negocio del crimen organizado se nutre también del descontrol en la provisión del combustible aeronáutico. En aeropuertos bolivianos entre 500 y 600 mil litros de av-gas son despachados cada mes sin un adecuado sistema de trazabilidad. Ese combustible alimenta tanto a vuelos civiles como a las narcoavionetas que cruzan la frontera norte de Argentina, en un espacio aéreo con escasa vigilancia.
También en Paraguay
El 6 de julio de 2015, en un solo procedimiento fuerzas de seguridad de Paraguay, incautaron diez avionetas que se utilizaban para traficar drogas hacia el litoral argentino. Todas esas antiguas aeronaves -como ocurre en Bolivia- habían sido importadas desde La Florida (Estados Unidos) como material aéreo en desuso y habilitadas irregularmente en Asunción y otras ciudades paraguayas con documentación fraguada y la complicidad de funcionarios públicos.