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El próximo miércoles comienza un período de sesiones ordinarias en el Congreso, con ambas cámaras renovadas y una nueva relación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición.
La posición del gobierno de Javier Milei se encuentra fortalecida dado que cuenta con la primera minoría en Diputados y casi un tercio de los senadores, sumado a la posibilidad de llegar a acuerdos que le permitan llevar adelante proyectos que son imprescindibles. Con el actual equilibrio parlamentario, la gobernabilidad puede estar garantizada, siempre y cuando los acuerdos se logren con la imprescindible prudencia política. Es decir, con clara conciencia de los límites que impone la democracia y sin reducir el consenso a promesas de compensaciones mezquinas.
La ceremonia de juramento de los nuevos diputados se convirtió en un espectáculo decepcionante. El hecho de jurar supone un compromiso formal del legislador de cumplir fielmente con las obligaciones que la ley y la Constitución imponen al cargo para el que ha sido elegido. Y lo único que le corresponde decir es: "sí, juro". En muchos casos, el tono beligerante de los discursos de los nuevos diputados, con aplausos e insultos de parte las facciones opuestas de militantes que participaban desde los palcos mostraron un clima reñido con la esencia misma de la democracia, que es la construcción del futuro para la Patria de todos.
Por lo pronto, el principal proyecto a debatir es el del Presupuesto 2026. El presupuesto contiene el cálculo de ingresos y la asignación de los gastos es vital, tanto por su impacto financiero como por su rol en la estrategia oficial de ordenamiento fiscal.
Desde que asumió, hace dos años, la restricción del gasto público generó roces con las provincias al retener parte de los fondos coparticipables para generar superávit y, sobre todo, por la paralización de las obras públicas. Para las provincias, el desarrollo de infraestructura es esencial. En primer lugar, sin modernización del transporte y agilización del sistema vial, no hay desarrollo posible. Las provincias tienen la necesidad de planificar un sistema de inversiones que les permitan industrializar la producción primaria, incrementar su aporte al Producto Bruto y al sistema tributario y, sobre todo, avanzar en la generación de empleo privado. Claro, se trata de una transformación que exigirá acuerdos y compromisos al Gobierno nacional y a los gobernadores provinciales, una tarea que va a chocar con tradiciones arraigadas en el país.
Pero es lo que hay que hacer. El federalismo es una deuda pendiente del país y de la dirigencia política con la Constitución Nacional. Y esta deuda se pone en juego en cada presupuesto, en la postergada sanción de una nueva ley de Coparticipación y en el anacrónico sistema tributario.
También está previsto tratar antes de fin de año la ley de "inocencia fiscal" para fomentar la formalización de los ahorros que una gran cantidad de argentinos mantiene fuera del sistema financiero y productivo, flexibilizando la persecución por parte de los organismos recaudatorios.
Todo va a ser difícil mientras no se dejen de lado las retóricas fundamentalistas.
Nuestros políticos deberían recordar a Aristóteles, para quien, la virtud se encuentra en el término medio, y ese término medio es inalcanzable para la generalizada práctica del fundamentalismo.
Ese mismo punto medio debería aplicarse en el debate de los otros proyectos para este verano, las reformas de los códigos laboral y penal. Con "certezas absolutas", lo más probable es que sean sancionadas normativas ajenas a la realidad social y, probablemente, incompatibles con compromisos internacionales del país en materia de derechos sociales, humanos y de violencia contra las mujeres.
El punto medio no es un axioma filosófico de la Antigua Grecia: es lo que espera la amplia "franja del centro" y que la política, dominada por los extremismos, no es capaz, hasta ahora, de ofrecerlo.