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Con más de 35 años de trayectoria en la atención y acompañamiento a personas con discapacidad en Salta, la Fundación Anidar atraviesa una de sus crisis más profundas. Así lo expresó su titular, María Elena Arce, quien denunció el desfinanciamiento sistemático del sector, los atrasos en los pagos de prestaciones y el maltrato que reciben los usuarios y sus familias por parte del sistema.
"Siempre fue una lucha, pero este último tiempo ha sido más que intensa", afirmó Arce, al señalar que los retrasos en los pagos por parte de obras sociales y organismos estatales alcanzan entre tres y seis meses. Esta situación ha provocado la suspensión de terapias, acompañamientos escolares y servicios esenciales. “Se están vulnerando absolutamente todos los derechos que la Convención garantiza y que Argentina tiene”, remarcó.
Uno de los aspectos más críticos es el transporte especializado. “Los aranceles no se actualizan y es imposible sostener una unidad de traslado con las condiciones mínimas necesarias. No se trata solo de llevar a la persona de un punto a otro, muchas veces hay que asistirlas. Se necesita amor, dedicación y conocimiento”, sostuvo Arce.
La referente explicó que, si bien se presentaron petitorios ante la Superintendencia de Salud en Salta, no existe una autoridad local con capacidad de resolución. “Nos dicen que todo depende de Buenos Aires. Por eso pedimos a los diputados que nos representan que actúen. El IPS, por ejemplo, reconoce menos del 30% de los servicios que brindamos”, detalló.
Además, denunció que la provincia nunca adhirió al nomenclador nacional, lo que profundiza las desigualdades y la falta de cobertura. “Esto no solo afecta a los prestadores, sino a las familias. Muchos padres tienen que recurrir a recursos de amparo para que sus hijos reciban atención. No puede ser que tengan que judicializar un derecho garantizado por ley”, expresó con indignación.
Arce también cuestionó duramente la reciente Resolución 185, que reinstala términos médicos obsoletos y ofensivos como “imbécil” o “idiota” para calificar niveles de discapacidad. “Estamos en 2025 y siguen usando palabras que ya fueron eliminadas por la ciencia y los derechos humanos. Esto es maltrato”, señaló.
La dirigente instó a la comunidad a acompañar este reclamo por justicia y dignidad. “Antes de ser discapacitados, son personas. Y tienen derechos. Defender esos derechos no es un favor: es una obligación del Estado”, expresó Arce.
