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El Ministerio Público Fiscal de Salta llevó el caso de las maniobras fraudulentas en la Asociación Docente Provincial (ADP) hasta la Corte de Justicia, con el objetivo de que se revise el fallo que redujo las condenas impuestas a la exsecretaria general del gremio, Patricia del Valle Argañaraz, y al resto de los involucrados en el denominado caso del Fideicomiso Virgen de Urkupiña.
El 21 de enero de 2026, el fiscal de Impugnación interino en feria, Daniel Espilocín, presentó un Recurso de Queja para que el máximo tribunal provincial deje sin efecto la decisión de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, que había rechazado el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal de Impugnación Mónica Poma y, al mismo tiempo, había confirmado la reducción de las penas dictadas en primera instancia.
El origen del caso se remonta al juicio realizado en noviembre de 2024, cuando el Tribunal de Juicio Sala VI, a cargo del juez José Luis Riera, condenó a Patricia Argañaraz y a la entonces tesorera de la ADP, Ana María Cerezo, a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas, en concurso real.
En esa misma sentencia, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional, como partícipes necesarios de la administración fraudulenta y coautores de estafas reiteradas.
La causa
La investigación, impulsada por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), acreditó que a través del fideicomiso se utilizaron facturas y documentación presuntamente apócrifa para justificar gastos inexistentes y desviar fondos de la entidad gremial, además de promover contratos fraudulentos mediante los cuales se ofrecieron viviendas a afiliados que realizaron aportes económicos sin que las casas llegaran a ser entregadas. Durante el debate oral declararon docentes damnificados y se incorporaron pruebas documentales que permitieron reconstruir el circuito de captación de recursos y el perjuicio económico ocasionado.
Las defensas recurrieron aquella sentencia y, si bien la Sala IV del Tribunal de Impugnación rechazó los pedidos de absolución, introdujo una modificación sustancial al encuadre jurídico. Los jueces Guillermo Gustavo Akemeier y Federico Javier Armiñana Dohorman entendieron que los 26 hechos de estafa configuraban un único delito continuado, en concurso real con la administración fraudulenta, y sobre esa base redujeron las penas a tres años y seis meses de prisión efectiva para Argañaraz y Cerezo, y a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional para Raúl Argañaraz y Zissi, manteniendo para estos últimos las reglas de conducta impuestas, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad de control y abstenerse de consumir estupefacientes o alcohol.
Acción
Frente a esa decisión, el Ministerio Público Fiscal sostiene que hubo una aplicación errónea y arbitraria de la ley. En el recurso elevado a la Corte se remarca que no se trató de un único hecho, sino de 26 estafas que afectaron a igual número de familias, mediante distintas maniobras de captación de fondos, por lo que la calificación como delito continuado y la consecuente reducción de penas no reflejan la real magnitud del daño ocasionado.
La Fiscalía solicita que se declare mal denegado el Recurso de Inconstitucionalidad presentado por Mónica Poma y que se revoque la sentencia del Tribunal de Impugnación, restituyendo las condenas originales fijadas por el Tribunal de Juicio. De prosperar el planteo, la Corte de Justicia de Salta deberá pronunciarse sobre la validez de la interpretación realizada por la Sala IV y definir si corresponde mantener la reducción de las penas o volver al monto de seis años de prisión efectiva para las principales responsables del fraude.
Cronología del caso
2023: origen de la causa
Denuncias por irregularidades en el manejo de fondos del Fideicomiso "Virgen de Urkupiña" llevaron a la investigación penal por presunta administración fraudulenta y estafas reiteradas contra Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo.
Noviembre 2024: testimonios
Durante el juicio, afiliados afectados por las presuntas estafas relataron pérdidas económicas y desilusión por no recibir las viviendas prometidas por el fideicomiso.
Noviembre 2024: condenas
Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo, tesorera, fueron condenadas a seis años de prisión. En tanto, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi fueron condenados a tres años.