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El bloque de La Libertad Avanza presentó esta mañana en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de declaración para expresar el respaldo del Congreso argentino a la captura y remoción del territorio venezolano de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un hecho que consideran clave para el restablecimiento del orden democrático, el respeto por los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho en Venezuela.
La iniciativa fue presentada por legisladores nacionales de La Libertad Avanza y cuenta con la adhesión de los cuatro diputados salteños del espacio. Así lo confirmó la diputada nacional por Salta Gabriela Flores, quien explicó el alcance del acompañamiento legislativo.
“Al proyecto lo pueden firmar 15 personas que son las que figuran. Después, como adherentes, adhirió todo el bloque de La Libertad Avanza, incluidos los cuatro diputados salteños: Eliana Bruno, Julio Moreno, Carlos Zapata y yo”, precisó.
“Los diputados nacionales por Salta de LLA apoyamos, somos adherentes a ese proyecto que presentó esta mañana el bloque de La Libertad Avanza en Diputados”, agregó.
Qué plantea el proyecto
En los fundamentos, el texto señala de manera expresa: “El presente proyecto tiene por objeto expresar el respaldo de esta Honorable Cámara a la captura del dictador y usurpador del poder, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores aprehendidos y trasladados fuera de Venezuela, el 3 de enero de 2026, en el marco de una operación de gran escala liderada por los organismos de combate al crimen organizado y narcotráfico de Estados Unidos.”
El proyecto detalla que, según comunicó oficialmente el presidente Donald Trump mediante sus redes sociales y conferencias previstas, la operación se realizó con la colaboración de fuerzas del orden estadounidenses y culminó con la salida del país del mandatario venezolano junto a su cónyuge, hechos que generaron repercusiones políticas e institucionales de alcance regional.
Los legisladores consideran que los acontecimientos ocurridos constituyen “un hito sin precedentes en la historia reciente de América Latina, con impacto directo sobre la situación de derechos humanos, la democracia y la gobernabilidad en Venezuela”.
Derechos humanos y denuncias internacionales
El texto recuerda que durante los últimos años múltiples organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales documentaron violaciones sistemáticas de derechos humanos, detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales y persecución política en Venezuela, afectando gravemente a la población civil.
“Desde la OEA, las Naciones Unidas, las distintas relatorías de derechos humanos, libertad de expresión y demás organismos se denuncia desde hace décadas la vulneración de los derechos civiles en Venezuela”, sostiene el proyecto.
En ese marco, se señala que muchos parlamentarios argentinos realizaron desde el año 2009 intervenciones puntuales dentro del territorio venezolano en defensa de la recuperación de la democracia y denunciando las condiciones de vida de los presos políticos capturados por el régimen chavista desde el inicio de su gobierno.
El caso del gendarme argentino desaparecido
Entre los casos mencionados se incluye al gendarme argentino Nahuel Gallo, retenido por el gobierno de Nicolás Maduro sin paradero conocido desde diciembre de 2024.
El texto también indica que en la Corte Penal Internacional se sigue un proceso penal contra Maduro y sus funcionarios por la violación sistemática de los derechos humanos de millones de venezolanos perseguidos dentro y fuera del país.
Narcotráfico y crimen organizado
Otro eje central del proyecto refiere a las investigaciones judiciales y al vínculo del régimen venezolano con el narcotráfico. En ese sentido, se menciona que familiares de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello estaban siendo juzgados en territorio norteamericano durante administraciones anteriores.
“Esas causas, y la proliferación de operaciones de narcotráfico provenientes de territorio venezolano, sumadas a la identificación de las organizaciones criminales del Tren de Aragua y el Cartel de los Soles como responsables del crecimiento de crímenes de origen transnacional en el área de influencia del mar Caribe, motivó la intervención de las fuerzas antidrogas y fuerzas armadas estadounidenses en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico”, señala el documento.
Según los autores, la intervención sobre el “máximo responsable de estas organizaciones y usurpador del poder” abre una oportunidad inédita para la recuperación democrática de Venezuela.
Una oportunidad para la transición democrática
El proyecto afirma que estos hechos permiten avanzar hacia la reposición del legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia, la liberación de todos los presos políticos y la posibilidad de que millones de venezolanos exiliados puedan regresar a su país.
Asimismo, se destaca que los acontecimientos fueron celebrados por el presidente Javier Milei y por gobiernos democráticos del mundo, y se los vincula con el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, suscripta en Lima el 11 de septiembre de 2001.
“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, cita el texto, al recordar el artículo primero de ese documento.
Finalmente, el proyecto insta a que se continúe promoviendo el respeto de los derechos humanos, las libertades individuales, el debido proceso legal y el restablecimiento de condiciones democráticas en Venezuela, y brega para que nunca más un régimen dictatorial como el de Chávez y Maduro tenga lugar en ningún país de Sudamérica.
El proyecto fue firmado por diputados nacionales de La Libertad Avanza, entre ellos la autora Silvana Giudici, Gabriel Bornoroni, Martín Menem, Santiago Pauli, Sabrina Ajmechet, Patricia Holzman y Bárbara Andreussi.