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La detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores de su domicilio en Caracas, un edificio de máxima seguridad, fue una exhibición de la eficiencia militar de los Estados Unidos y de la determinación de Donald Trump para mantener bajo control lo que él considera como "hemisferio occidental"; es decir, su área de influencia. Y, tal como lo informó en el documento "Estrategia para la Seguridad Nacional", el 5 de diciembre, en esa área no admitirá intromisiones de otras potencias extracontinentales ni alteraciones del control territorial a manos del narcotráfico.
Trump calificó al gobierno venezolano como "narcodictadura". Luego de varios meses de operaciones navales contra decenas de lanchas supuestamente pertenecientes al narcotráfico y hasta el decomiso militar de un buque petrolero, la presión no alcanzó para convencer a Maduro para que renunciara y, arbitrariamente, Trump pasó a los hechos. El operativo fue quirúrgico y evidenció el nivel de inteligencia estratégica y de preparación profesional de los cuerpos especiales de la unidad de elite Delta Force.
Maduro será juzgado en Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico internacional, narcoterrorismo, introducción de droga en territorio estadounidense y asociación con organizaciones criminales.
Durante 27 años, Venezuela ha permitido el desarrollo de organizaciones ilegales que controlan y administran amplios territorios en lo que funcionan como estados paralelos. El fenómeno se extiende, con características similares, en gran parte de la región andina y entre las organizaciones criminales figura el Tren de Aragua, que Trump asocia directamente con el gobierno de Maduro y que ha desarrollado acciones criminales en distintos países, incluso en el Norte de Chile. Probablemente, la mayor preocupación de Trump consiste en que ese ambiente anárquico puede ser aprovechado por potencias como China o Rusia, o por organizaciones del terrorismo internacional.
Nadie duda de que Maduro y Diosdado Cabello encabezan una dictadura brutal, denunciada por violaciones de derechos humanos, proscripciones, persecuciones de opositores, desapariciones forzadas, torturas y organización de fuerzas parapoliciales, todo esto, en un país sumergido en la miseria a pesar de contar con las mayores reservas de hidrocarburos del continente. De ese modo, ocho millones de venezolanos debieron abandonar el país.
En las elecciones presidenciales de 2024, Nicolás Maduro sufrió una catastrófica derrota que nunca reconoció, lo cual, terminó de destruir la institucionalidad.
La autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir su propio destino político; equiparable en su trascendencia, con los derechos humanos. Y está a la base de la soberanía de un Estado. Todo esto fue erosionado por el gobierno chavista en Venezuela, pero nada legitima la intervención de facto del gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que, cuando la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana se muestran impotentes, prevalece el poder fáctico.
La decisión de Trump de gobernar la transición del gobierno venezolano, aparentemente avalada por la actual vicepresidenta Delcy Rodríguez, anticipa resistencias. A ningún pueblo le gusta que lo gobiernen desde afuera. El presidente electo Edmundo González y la referente opositora proscripta, María Corina Machado, difícilmente podrían encabezar desde mañana un país quebrado, donde viven muchos militantes del chavismo fieles al presidente depuesto y a su dirigencia, y muchos militares y civiles comprometidos con la corrupción. Es decir, la nueva etapa anunciada por el presidente norteamericano afrontará enormes dificultades, que no se resolverán con presencia militar extranjera sino con el esfuerzo de los propios venezolanos por democratizar nuevamente al país y superar la erosión de los poderes del Estado causada por el chavismo durante tres décadas.
Las experiencias en Irak y en Afganistán anticipan que una ocupación estadounidense terminaría en otro desastre. Los valores occidentales que Donald Trump invoca en sus intervenciones internacionales exigen coherencia en el respeto a la democracia y la soberanía, incluso en situaciones límites, como la que atraviesa Venezuela.