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La Justicia de Salta investiga un presunto caso de violencia familiar que tiene como víctima a una beba de apenas ocho meses. En el marco de la causa, ambos padres fueron detenidos y ya imputados provisionalmente por lesiones graves agravadas por el vínculo. Además, el padre enfrenta otra imputación por coacción vinculada a una denuncia de un familiar.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 10 de marzo por personal médico del Hospital Público Materno Infantil, luego de que la menor ingresara con un cuadro convulsivo y un grave compromiso de su estado general. Fue trasladada el 5 de marzo por el SAMEC y asistida de urgencia en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. Durante la atención, los médicos detectaron múltiples lesiones y otros indicadores clínicos compatibles con situaciones de violencia, lo que motivó la intervención inmediata de la Fiscalía.
En el marco de las primeras diligencias, un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal realizó visitas domiciliarias y entrevistas con familiares y vecinos. Con autorización del Juzgado de Garantías, se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Lavalle, donde se detuvo a los padres de la menor.
“No es un caso aislado”
En diálogo con El Tribuno, Claudia Bañagasta, presidenta de la Fundación Preparatoria del Pueblo, expresó su preocupación por el aumento de la violencia infantil en los hogares salteños.
“Es terrible. Me preocupa mucho porque no es un caso aislado. Estamos viendo un aumento de la violencia infantil dentro de los hogares en Salta”, afirmó. Señaló que podrían haber existido señales previas que no fueron detectadas o investigadas a tiempo: “Estas situaciones a veces se podrían haber evitado. Cuando aparecen lesiones o golpes en un niño y llega a un centro de salud, deberían encenderse todas las alarmas”.
Bañagasta también mencionó denuncias previas de familiares y la relevancia de la información de vecinos sobre episodios de maltrato: “Esto no sería algo reciente. Vecinos dicen que escuchaban gritos o situaciones de maltrato. Incluso habría familiares que denunciaron”.
Para la referente social, la responsabilidad no recae únicamente en los acusados: “Cuando hablamos de proteger a las infancias también tenemos que hablar de la responsabilidad del Estado y de la sociedad. Cada caso de violencia contra un niño es una herida abierta”.
Lucrecia Miller: fragilidad del sistema
Lucrecia Miller, presidenta de la Fundación PAPIS, también analizó el caso y advirtió sobre la vulnerabilidad del sistema de protección infantil. Según Miller, la situación refleja un patrón repetido de violencia y la falta de información previa que podría haber prevenido daños graves:
“La situación es que uno ve que tiene como el mismo formato. Estamos alarmados porque un bebito de 8 meses vuelve a estar en esta situación extrema. Se desconoce si hubo información previa que nos permitiera darnos cuenta de que esta bebita estaba en riesgo. Muchas veces, estas criaturas solo se vuelven identificables cuando ya están en el hospital”, afirmó.
Miller cuestionó la eficacia de las instituciones de protección y la falta de seguimiento de casos: “La protección del espacio es una deuda. A la luz de los acontecimientos actuales, veo cada vez menos fortaleza del sistema. Las estructuras estatales, policiales y comunitarias no siempre logran mantener a un niño con vida”.
La referente recordó casos históricos donde la intervención del Estado fue insuficiente, y señaló que muchos niños sobreviven a situaciones extremas, pero luego enfrentan carencias y riesgos adicionales: “Cuando nos sacamos de la cárcel, los chicos sobreviven estas condiciones adversas y estas situaciones de violencia que los exterminan. Si se salvan, siguen creciendo en condiciones vulnerables. El Estado llega tarde y la sociedad tampoco garantiza su protección”.
El futuro de la beba
Mientras la investigación judicial avanza, la pequeña continúa internada bajo atención médica especializada y su recuperación genera incertidumbre. Bañagasta y Miller coinciden en la necesidad de un seguimiento real y profundo de los menores retirados de sus hogares para evitar que vuelvan a sufrir violencia:
“Estamos rezando para que la bebé salga adelante. Lo peor es que muchas veces estos niños quedan solos y los casos se van amontonando”, lamentó Bañagasta.
Miller finalizó: “Ojalá que estas criaturas puedan sobrevivir y crecer con seguridad. El desafío es enorme y requiere voluntad política, social y jurídica real para que la protección infantil deje de ser solo una ley en el papel y se transforme en acción concreta”.
Investigación en curso
La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades adicionales. Se analizan informes médicos, testimonios de familiares y vecinos, y posibles antecedentes de intervenciones sanitarias o denuncias previas. Organizaciones sociales exigen que se investigue de fondo y que la justicia actúe de manera ejemplificadora para prevenir que estos casos se repitan.