Una realidad explosiva. Las numerosas fugas protagonizadas por unos sesenta reclusos en distintos penales del país en los últimos tres meses pusieron sobre el tapete las precarias condiciones de seguridad de las cárceles y reavivaron las sospechas sobre el accionar de los integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La preocupación por la reiteración de estos hechos llevó a que el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias recomendara que se establezcan reglas precisas para que se garantice el derecho de defensa de los presos que reciben sanciones disciplinarias.

Los datos de la realidad carcelaria recolectados por el Sistema de Coordinación, organismo encabezado por la Cámara Federal de Casación para trabajar sobre la situación de las cárceles, revelaron que, “en la mayoría de los casos, las personas privadas de libertad carecen de asistencia técnica durante el procedimiento disciplinario”.

Como ejemplo, el informe señala que “tanto la medida de aislamiento provisional como las sanciones que en definitiva se imponen no son notificadas oportunamente a los jueces y defensores”, por lo que “comienzan a ejecutarse antes de ser controladas judicialmente”.

El organismo recordó que las “reglas mínimas para el tratamiento de reclusos” que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dicen claramente que “ningún detenido será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad competente procederá a un examen completo del caso”, agrega.

Recomendaciones al SPF

En ese marco, el organismo de coordinación le recomendó al Servicio Penitenciario Federal que “de manera inmediata” comunique al juez de la causa y al abogado del preso cada vez que se inicie un proceso disciplinario.

La recomendación fue firmada por el presidente de Casación, Gustavo Hornos; la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la defensora general, Stella Maris Martínez, entre otros funcionarios del ámbito judicial.

 

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