La jueza María Virginia Toranzo de Lovaglio dictó un auto de sobreseimiento a la vicedirectora que hizo desnudar a alumnos discapacitados en Cafayate. La medida fue tomada por la magistrada debido a que los fiscales del caso no presentaron pruebas a seis meses de iniciado el expediente y, como marcan las recientes reformas al Código Procesal Penal, automáticamente la acusada quedó sin cargos. Seguramente, la misma decisión deberá recaer sobre los seis agentes de policía que también fueron implicados en estos hechos que en su momento tuvieron presencia en la opinión pública nacional por sus características injustificables.

A pocos meses de haberse impuesto la reforma del Código Procesal Penal, es la primera vez que se aplica el artículo 256/428, inciso “H”, que invocó el abogado defensor Martín Galván y que los fiscales pasaron por alto. Este artículo especifica que pasados seis meses sin que la parte acusadora presente pruebas, automáticamente el juez dictará los autos de sobreseimiento a los acusados.

Iniciada el 21 de agosto del año pasado, la causa atravesó los plazos temporales establecidos por el nuevo régimen penal, sin que se formalicen acusaciones, tal como señala el pedido de Galván. La decisión de la jueza incluye denegar la ampliación de nuevos plazos para tareas probatorias, como le solicitó la Fiscalía.

El tecnicismo revela la poca pericia de los mismos funcionarios judiciales para aplicar unas reformas que fueron establecidas justamente para acompañar y agilizar sus tareas.

Un caso confuso

Como “abuso de autoridad” se elevó esta causa, iniciada de oficio por el fiscal de Casos Policiales, Gustavo Vilar, ante la repercusión mediática de los hechos. Los mismos se iniciaron el 2 de agosto, en la Escuela Especial 5074 “Virgen del Rosario” de Cafayate, cuando una maestra de grado denunció ante la vicedirectora del establecimiento que le habían robado 1.500 pesos de su cartera. La funcionaria optó entonces por convocar a la policía. Seis efectivos se hicieron presentes y luego de algunas decisiones confusas les solicitaron a los alumnos que se desnudaran para comprobar que no habían ocultado el dinero entre sus ropas.

Los hechos tomaron pronto estado público; sin embargo, el dinero de marras nunca apareció y, como muestra la decisión que tuvo que tomar la jueza Toranzo de Lovaglio, finalmente el caso quedará cerrado.

 

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