Después de un año de juicio oral –y otros 15 de proceso judicial-, el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín condenó a los exdirectivos de la multinacional Ford, Pedro Müller y Héctor Sibila, por el secuestro y las torturas de trabajadores de la planta que la automotriz tiene en General Pacheco durante la última dictadura cívico militar. Müller, que era jefe de manufactura al momento de los hechos, recibió la pena de 10 años de cárcel. Sibila, a cargo de la seguridad de la planta, 12 años. El tercer imputado, el represor Santiago Riveros, también fue condenado a 15 años de cárcel.
inicia sesión o regístrate.
Después de un año de juicio oral –y otros 15 de proceso judicial-, el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín condenó a los exdirectivos de la multinacional Ford, Pedro Müller y Héctor Sibila, por el secuestro y las torturas de trabajadores de la planta que la automotriz tiene en General Pacheco durante la última dictadura cívico militar. Müller, que era jefe de manufactura al momento de los hechos, recibió la pena de 10 años de cárcel. Sibila, a cargo de la seguridad de la planta, 12 años. El tercer imputado, el represor Santiago Riveros, también fue condenado a 15 años de cárcel.
Los delitos fueron cometidos contra contra 24 trabajadores, 17 de ellos secuestrados dentro de la planta que la empresa tiene en General Pacheco.
El TOF consideró que las penas deben cumplirse en cárceles comunes, pero por la edad que tienen los condenados fueron habilitados a cumplir las penas en sus casas.
Aunque son sensiblemente menores a las pedidas por las querellas y la Fiscalía --fueron de 25 años--, las condenas son históricas ya que es la primera vez que la Justicia argentina condena a jerarcas de una multinacional no solo por su complicidad con el plan sistemático de la última dictadura sino por su participación directa en los crímenes de ese genocidio.
Por unanimidad los jueces del TOF 1 de San Martín calificaron los hechos debatidos en el juicio como delitos de lesa humanidad.
“En el juicio quedó acreditado que directivos y empleados jerárquicos de Ford, que van más allá de Müller y de Sibila pero que los incluye, tomaron decisiones e hicieron aportes para que se pudiera secuestrar a los 24 trabajadores y para que les apliquen tormentos”, dijo antes del veredicto la abogada Elizabeth Gómez Alcorta.
Junto a su par Tomás Ojea Quintana llevaron adelante la querella en representación de los trabajadores secuestrados y torturados entre marzo y mayo de 1976, y pidieron 25 años de prisión para los tres acusados. Los fiscales Jorge Auat y Ángeles Ramos y las querellas de las secretarías de Derechos Humanos de provincia y Nación pidieron la misma pena.
El vínculo
El juicio comenzó en diciembre del año pasado y, para las querellas, a lo largo del debate oral quedó probado que Ford Motors contribuyó con el Ejército para que se lleven a cabo los secuestros y torturas de sus trabajadores. Entre otros, esos aportes fueron:
- La confección de las listas de los trabajadores que debían ser secuestrados;
- La entrega de los legajos personales y las fichas de la Ford que tenían la fotografía de los trabajadores, a las fuerzas militares;
- La habilitación y el acceso para que los militares ingresen, ocupen y se trasladen dentro de la fábrica;
- La cesión del quincho para la ocupación militar y para su utilización como un centro clandestino de detención y tortura;
- La provisión de comida para las fuerzas militares que estaban apostadas en el lugar;
- Cedieron camionetas de la propia empresa para que las fuerzas militares pudieran llevar adelante los secuestros de los trabajadores que estaban dentro de la planta.
“Hubo una decisión de los mandos jerárquicos más altos, de poner la estructura de la empresa al servicio para que coordinadamente con las fuerzas militares, llevaran a cabo las detenciones de estas 24 personas para ser torturadas”, resumió Gómez Alcorta a Tiempo Argentino.
Responsabilidad empresarial
El juicio, conocido como Causa Ford, es histórico. “Lo entendemos en el marco de lo que implica la responsabilidad empresarial, el disciplinamiento de los trabajadores, la implicancia que tenía vaciar y romper la organización de los delegados de base, y el impacto que eso tenía en la productividad”, opinó Gómez Alcorta.
La sentencia será la primera en evaluar la responsabilidad empresarial con la dictadura. Y llega, advierte la abogada, en un momento de retroceso en materia de Derechos Humanos.
Fuente: Página 12 y Tiempo Argentino